Entre Ríos: una causa por una encomienda con 130 kilos de marihuana fue trasladada a CABA

Una investigación iniciada en Entre Ríos, a partir de un procedimiento de la Gendarmería Nacional Argentina sobre la Ruta Nacional N° 14, terminó escalando hasta la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, presidida por el juez Mateo José Busaniche, y concluyó con la definición de un conflicto de competencia que derivó el expediente a la Justicia Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) .

Según supo UNO, el caso tuvo su origen el 27 de febrero de este año, cuando personal de Gendarmería realizó un control vehicular en el kilómetro 240 de la RN N° 14, sobre un camión de una empresa de transporte. El vehículo, un Iveco con semirremolque, trasladaba encomiendas desde Candelaria, provincia de Misiones, con destino final en Pablo Nogués, provincia de Buenos Aires.

Durante el procedimiento, un can detector de narcóticos reaccionó de manera positiva ante varios bultos, lo que motivó la apertura controlada de una encomienda. En su interior, los efectivos hallaron un cargamento de 130,205 kilogramos de marihuana, una de las incautaciones más relevantes del año en la región, lo que activó inmediatamente la intervención judicial.

A partir del hallazgo, el juez federal de Concordia dispuso la realización de una entrega vigilada, sustituyendo parcialmente el material estupefaciente con el objetivo de continuar la investigación y desarticular la organización detrás del envío. La maniobra permitió avanzar en la identificación de los responsables y derivó en detenciones posteriores en la Ciudad de Buenos Aires.

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Procesamiento

Los bultos figuraban como remitente Ramón Antonio Oviedo, y como destinataria Betty Liliana Chávez Burgos. El 28 de febrero, la mujer fue detenida cuando se presentó en la sede de “Vía Cargo” en Constitución, CABA, a los fines de retirar la encomienda. En esa oportunidad también fue aprehendido su acompañante, Lucas Arnaldo Apodaca.

El 20 de marzo, la Justicia Federal procesó con prisión preventiva a Betty Chávez Burgos por considerarla autora del delito de comercialización de estupefacientes, agravado por la intervención organizada de tres o más personas; y a Ramón Oviedo y Luís Apodaca, por considerarlos autores mediatos del delito de transporte de estupefaciente, también agravado por la intervención organizada de tres o más personas. Asimismo, dispuso el embargo sobre sus bienes por la suma de $6.000.000.

Cambio de jurisdicción

Sin embargo, la causa no solo avanzó en el plano penal, sino también en el jurisdiccional. En paralelo al desarrollo de la investigación, se planteó un conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Federal de Concordia y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 de la Capital Federal.

El expediente fue elevado a la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, donde se analizó la controversia. La discusión central giró en torno a la determinación del lugar donde debía considerarse consumado el delito de transporte de estupefacientes, así como la relevancia de la intervención inicial de la fuerza de seguridad en territorio entrerriano frente al destino final del cargamento.

El tribunal, al analizar los antecedentes del caso, destacó que el operativo inicial en Entre Ríos había sido clave para la detección del cargamento, pero también ponderó que el transporte de la droga tenía como destino final la Ciudad de Buenos Aires, donde se concretaban actos esenciales de la maniobra investigada. Asimismo, se valoró la existencia de antecedentes jurisprudenciales en causas similares originadas en controles sobre la Ruta Nacional N° 14, en las que se había discutido la extensión territorial de la competencia.

Otro punto relevante del análisis judicial fue la naturaleza del delito investigado. La Cámara sostuvo la discusión en torno al carácter del transporte de estupefacientes como delito de ejecución prolongada o permanente, y cómo ello impacta en la determinación del fuero competente, especialmente cuando la sustancia es detectada en tránsito y parte de la operatoria continúa bajo control judicial en otra jurisdicción.

En ese contexto, la Fiscalía General Interina, a cargo de José Ignacio Candioti, ante el Tribunal sostuvo que debía continuar interviniendo la Justicia Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, criterio que fue finalmente receptado.

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná resolvió entonces el conflicto negativo de competencia y declaró competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, Secretaría N° 5 de la Capital Federal, ordenando la remisión de la totalidad de las actuaciones a dicho tribunal.

De esta manera, una causa que comenzó con el hallazgo de más de 130 kilos de marihuana en territorio entrerriano, y que puso en marcha un importante operativo de inteligencia y entrega vigilada, terminó desplazando su centro de gravedad hacia la jurisdicción federal porteña, donde continuará el proceso judicial contra los imputados.