Entre Ríos intimará a los propietarios de un terraplén que bloquea el arroyo Viraguay

El Gobierno de Entre Ríos avanzará con intimaciones para exigir el cumplimiento de la Ley de Aguas Nº 9172 ante las irregularidades detectadas en un terraplén que interrumpe el curso del arroyo Viraguay, en el departamento Gualeguay. La obra, construida para proteger de inundaciones a un establecimiento agropecuario, genera perjuicios ambientales y productivos sobre campos vecinos, según la evaluación de las autoridades provinciales.

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, constató la situación durante un sobrevuelo por la zona ubicada frente a Puerto Ruiz, en las proximidades de la confluencia de los ríos Gualeguay y Paraná Ibicuy.

De acuerdo con la información oficial, el terraplén rodea una superficie superior a las 40.000 hectáreas pertenecientes a Estancias del Ibicuy, firma vinculada al empresario Pedro Pou. Si bien la estructura permite resguardar esas tierras frente al avance del agua, las autoridades sostienen que altera el escurrimiento natural y afecta a otros establecimientos rurales.

La situación adquiere especial relevancia ante el riesgo de inundaciones en la cuenca del río Gualeguay, donde la interrupción de los cursos naturales puede agravar los problemas de anegamiento.

Observaciones por el bloqueo del arroyo Viraguay

Uno de los principales cuestionamientos formulados por el Estado provincial está relacionado con la interrupción del flujo del arroyo Viraguay, un curso de agua que atraviesa la zona y cumple una función importante en el drenaje de los campos.

Según la Fiscalía de Estado, las modificaciones provocadas por el terraplén generan consecuencias ambientales y económicas sobre una superficie que supera las 100.000 hectáreas del departamento Gualeguay.

El Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa) ya había realizado observaciones formales sobre la obra y dispuesto medidas destinadas a restablecer la circulación del agua.

Entre esas disposiciones figura la realización de cortes en determinados sectores del terraplén para permitir que el arroyo recupere su flujo natural y evitar que la estructura perjudique a los establecimientos vecinos.

Sin embargo, de acuerdo con lo informado por las autoridades, los propietarios no cumplieron con las medidas indicadas por el organismo provincial.

Qué establece la Ley de Aguas de Entre Ríos

La Ley Nº 9172 regula el uso, aprovechamiento y conservación de las aguas superficiales y subterráneas en el territorio entrerriano, además de establecer condiciones para la ejecución de obras hidráulicas destinadas a actividades económicas y productivas.

La normativa contempla principios de equidad en el aprovechamiento del recurso y de racionalidad ambiental, con el objetivo de evitar que las intervenciones realizadas en una propiedad provoquen daños sobre otros terrenos o alteren el funcionamiento de los sistemas hídricos.

El Corufa es la autoridad de aplicación encargada de regular, planificar y proteger los recursos hídricos provinciales, además de ejercer las funciones de fiscalización correspondientes.

En ese marco, el organismo puede establecer condiciones técnicas para las obras que modifican el escurrimiento del agua y exigir adecuaciones cuando se detectan irregularidades.

Intimaciones ante el riesgo de inundaciones

La Fiscalía de Estado impulsará las actuaciones necesarias para exigir el cumplimiento de las disposiciones vigentes y de las medidas previamente ordenadas por el Corufa.

La preocupación oficial se incrementó ante la posibilidad de nuevas inundaciones en la cuenca del Gualeguay, una situación que podría agravar los efectos de la obstrucción del arroyo Viraguay.

El conflicto pone nuevamente en discusión el impacto de las obras privadas de defensa contra inundaciones sobre el sistema hídrico regional y la necesidad de compatibilizar la protección de las explotaciones agropecuarias con los derechos de los propietarios vecinos.

La intervención provincial buscará restablecer las condiciones de escurrimiento y garantizar que las obras hidráulicas se ajusten a las exigencias ambientales y productivas establecidas por la legislación entrerriana.