Caso Maradona: Dalma y Gianinna avanzan en mediación por el documental que retrató el juicio

El próximo miércoles, a las 14, se celebrará una audiencia de mediación en Viamonte 524, en el marco de la causa que iniciaron Dalma y Gianinna Maradona contra la productora Ladoblea SA y sus responsables. La acción civil reclama daños y perjuicios por el uso indebido de imagen en el proyecto audiovisual "Justicia Divina", que intentaba retratar el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry, representantes de las hijas de Claudia Villafañe y también de Verónica Ojeda, presentaron la denuncia tras descubrir que el documental incluía filmaciones dentro de los tribunales de San Isidro, dos días antes de la apertura del debate oral. "Se utilizaron imágenes sin autorización y con fines comerciales, lo que constituye una grave violación de derechos", remarcaron los letrados.

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Dalma y Gianinna avanzan con la mediación por el documental que mostró el juicio por la muerte de Maradona

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El presidente de la productora, José María Arnal Ponti, defendió la iniciativa señalando que el proyecto (valuado en unos 800 mil dólares) contaba con guión, teaser y un work in progress grabado en la sede judicial. Sostuvo que la jueza Julieta Makintach estaba al tanto de las grabaciones y había autorizado el ingreso de los responsables. Sin embargo, la magistrada, luego de quedar expuesta, negó haber prestado consentimiento y presentó su renuncia, aún pendiente de aceptación.

La controversia creció cuando una testigo inesperada complicó aún más a la jueza. Su médica esteticista declaró bajo juramento que Makintach le envió un tráiler del documental un día después de iniciado el juicio, lo que contradice sus declaraciones públicas en las que negó conocer el material. La revelación refuerza las sospechas sobre su rol y derivó en su apartamiento preventivo.

El expediente penal sobre el caso está a cargo de los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo. En mayo, ordenaron el allanamiento de la sede de Ladoblea SA, donde secuestraron material audiovisual que formaba parte del proyecto. Los investigadores evalúan si la jueza y los responsables de la productora incurrieron en delitos vinculados a abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

Según Arnal Ponti, las imágenes grabadas tenían como objetivo atraer financiamiento internacional y fueron enviadas bajo reserva a potenciales inversores de Turquía, Los Ángeles y una plataforma de streaming. Aclaró que nunca existió acuerdo de participación económica con Makintach. "Jamás se me mencionó que la jueza pudiera tener beneficios de las ganancias", aseguró en su descargo.

La audiencia de mediación será el primer paso formal en el proceso civil. De no lograrse un acuerdo, el caso podría avanzar hacia un juicio por daños y perjuicios, en paralelo a la investigación penal que ya tiene en la mira a productores y funcionarios judiciales.