Procedimiento Preventivo de Crisis: más de 200 empresas lo pidieron

Durante la gestión del actual gobierno nacional, unas 238 empresas de distintos sectores solicitaron a la Secretaría de Trabajo el Procedimiento Preventivo de Crisis. Se trata de un recurso para negociar despidos, suspensiones, reducción de salarios o achicar costos de indemnizaciones. Como causas se señala al freno de la actividad económica y la demanda de productos y la apertura indiscriminada de las importaciones.

De acuerdo con un pedido de acceso a la información pública que realizó TN, desde fines de 2023 hasta agosto de este año, 238 empresas pidieron a la Secretaría de Trabajo la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis.

La lista de empresas que pidieron acudir a esa herramienta es muy extensa. De esas 238 solicitudes, 139 se realizaron en el primer año de gestión de Javier Milei, mientras que las 99 restantes se hicieron entre enero y mediados de agosto de 2025.

Las cifras son relevantes si se tiene en cuenta que son las más elevadas desde 2020, cuando por la pandemia se solicitaron 498 procedimientos. En ese sentido, entre 2021 y 2023, se tramitaron menos de 60 por año.

El Procedimiento Preventivo de Crisis debe tramitarse antes de comunicar despidos, suspensiones o reducciones de la jornada laboral y debe ser justificado por “razones de fuerza mayor”.

Es decir, se debe demostrar -a través de balances y otros documentos- fuertes pérdidas de rentabilidad que demuestren la necesidad de tomar esas medidas. Además, prevé una negociación entre la empresa, el sindicato y el Gobierno para acordar los detalles de las decisiones a aplicar.

De todos modos, casi la mitad de los pedidos quedaron en condición de “guarda temporal”, o sea que fueron archivados por parte de la Secretaría de Trabajo, que sí homologó 38 de ellos y otros tantos figuran en trámite.

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“Al asumir en diciembre de 2023, detectamos que el procedimiento vigente era engorroso, poco claro y con requisitos que muchas veces resultaban de difícil cumplimiento para las empresas. Si analizamos 2024, de los 139 pedidos iniciados, solo siete prosperaron efectivamente. El resto se resolvió con acuerdos homologados, pasaron a guarda o directamente no continuaron su curso”, argumentaron.

En cuando a los de 2025, expresaron: “El corte de análisis llega hasta agosto y en muchos casos se encuentran aún en trámite, por lo que no puede afirmarse que deriven en una crisis efectiva”.

Empresas en problemas

Entre las empresas que solicitaron el PPC ante la cartera laboral hay desde grandes marcas hasta firmas menos conocidas, e incluyen diversos sectores que van desde consumo masivo hasta la industria, el transporte y la energía, solo por mencionar algunos.

En 2024, entre los casos más conocidos están los fabricantes de neumáticos Fate y Bridgestone. En ese momento, las firmas alegaron que sufrieron una caída considerable de sus exportaciones y problemas por falta de competitividad. Se sumó el conflicto que se desarrolló en 2022 y que, según un comunicado de Bridgstone en ese entonces, provocó “una pérdida de confianza corporativa, que generó la transferencia del volumen de exportación de la Argentina a otras plantas de la región".

Este año también se presentaron la principal productora de pollos del país, Granja Tres Arroyos; la cerealera Vicentín; las empresas lácteas Sancor y Verónica; y uno de los principales productores de trigo y soja: Los Grobo.

En varias de esas compañías coincidieron en que sus dificultades se explican por un contexto de caída de ventas, falta de competitividad y aumento de costos. Algunas incluso mostraron problemas financieros más sensibles, como cadenas de pagos interrumpidas y cheques rebotados acumulados.

Pampa Energía, la firma de Marcelo Mindlin, también hizo un pedido de PPC. Según pudo saber TN, se acudió a ese instrumento para una planta y se decidió desestimar internamente esa alternativa, aunque en los papeles de la Secretaría de Trabajo todavía figura “en trámite”.

Además, en el listado aparecen dos empresas públicas. La primera es la Casa de Moneda, que solicitó el procedimiento y se encuentra en estado de “tramitación con dictamen observado”. La fábrica de billetes inició el pedido como parte del proceso de intervención que se dispuso en octubre de 2024 y que, a fines de agosto, se prorrogó por otros 120 días.

Para justificar esa decisión, el Ejecutivo expresó que la Casa de Moneda presenta un “deterioro en su estructura” y que atraviesa una “crisis financiera”. A través de las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, aclaró que se realizará un traspaso del personal y de los bienes muebles.

La segunda empresa que funciona bajo la órbita del Estado y que pidió el procedimiento preventivo de crisis es Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, que tiene a su cargo la administración y operación de los medios públicos.

En febrero de 2024 se dispuso su intervención. Oficialmente, se argumentó que, “a los fines de una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público, resulta necesario efectuar una profunda reorganización de las empresas públicas”. En 2025, esa disposición se prorrogó por un año.