La evaluación de pensiones no contributivas para personas con discapacidad, llevada a cabo por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), quedó bajo la lupa tras graves denuncias sobre irregularidades en su ejecución. El operativo, que tuvo lugar entre el 1 y el 8 de agosto en un hotel céntrico de la ciudad de Paraná, es ahora epicentro de una investigación en la Justicia Federal.
Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia
Martín Cabrera dio detalles de la denuncia por irregularidades en una auditoría de Andis que se realizó en Paraná. Sellos truchos y una consultora en la mira.
12 de septiembre 2025 · 12:11hs
El operativo de Andis fue en agosto en un hotel céntrico de Paraná y denuncian que las firmas de los médicos son falsas.
Cabe recordar que la Andis dispuso una auditoría masiva de las pensiones no contributivas para personas con discapacidad, con el objetivo de revisar su validez y verificar la documentación respaldatoria. La asistencia a estas evaluaciones presenciales, enmarcadas también en el programa Incluir Salud, era condición indispensable para conservar el beneficio.
En la capital entrerriana, el operativo generó preocupación desde el primer momento. El punto de cita fue un hotel ubicado en calle Urquiza, frente a la plaza central, donde cientos de beneficiarios del departamento Paraná fueron convocados. Pero lo que parecía ser un procedimiento técnico más, pronto reveló ser un escándalo en ciernes.
Las primeras señales de alerta surgieron cuando representantes de organismos de derechos humanos y salud mental, presentes en el lugar, notaron algo extraño: las personas con discapacidad eran atendidas por jóvenes que afirmaban trabajar para una consultora contratada por Andis. Lo preocupante es que ninguno de ellos era profesional médico, y su tarea se limitaba a tomar datos personales y diagnósticos, sin realizar evaluaciones clínicas.
Además, las constancias de asistencia entregadas a los beneficiarios presentaban firmas escaneadas y sellos de supuestos médicos, con matrículas borrosas o ilegibles. Entre los nombres figuraban “Leandro Peñaloza, cardiólogo” y “Dr. Claudio Lapentina”, ambos sin presencia física en el lugar.
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Peñaloza, oriundo de Pergamino, y ya había denunciado públicamente en medios nacionales que su sello fue falsificado en operativos similares en la provincia de Misiones. Afirmó no tener ninguna relación contractual con Andis, lo que reforzó la sospecha de un patrón de conducta irregular replicado en distintas provincias.
En diálogo con La Mañana de La Red 88.1, Martín Cabrera, secretario ejecutivo del Órgano de Revisión de Salud Mental, dependiente del Ministerio Público de la Defensa, expresó que “este trámite ha estado plagado de irregularidades y de mucha desinformación para con las personas que tienen una discapacidad”. El funcionario explicó que muchas de las personas citadas presentaban discapacidades intelectuales o visuales, y no contaron con los apoyos necesarios para comprender ni cumplir con el procedimiento.
Según explicó, las citaciones llegaban en formatos inaccesibles, o directamente no llegaban. Esto derivó en que muchos beneficiarios comenzaran a deambular por distintos organismos provinciales en busca de respuestas. “Esto generó que nos juntemos los distintos organismos para lograr la comunicación con Andis”, relató Cabrera.
Sobre la mecánica del procedimiento en el hotel, Cabrera relató: “Nos enteramos que fue a través de la contratación de una consultora. Se alquilaron los salones del Hotel Paraná y las personas recibían citaciones entre el 1° y el 8 de agosto para hacerse evaluaciones. Esas evaluaciones deberían ser realizadas por médicos. Nosotros acompañamos para garantizar la accesibilidad, aunque no era responsabilidad nuestra”.
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La falta de comunicación oficial también fue denunciada. "Andis no se comunicó y hubo muchos intentos de distintos organismos solicitando información. Solicitamos el listado de personas con su domicilio y los días que eran citados para poder acompañar y ayudar. Eso no fue informado. Incluso el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) solicitó a la Andis el listado de personas que fueron citadas en Entre Ríos y los lugares a donde estaban citadas y no le otorgaron la información", indicó Cabrera.
Al detallar el procedimiento, Cabrera remarcó las irregularidades: “Las personas que te atendían eran jóvenes. Consultamos si eran médicos y nos dijeron que no. Registraban datos y te daban una constancia con la firma escaneada de un médico, en este caso, el cardiólogo Leandro Peñaloza. Su matrícula no era legible”.
Con el correr de los días, la magnitud del problema se fue haciendo evidente: “Nos enteramos por medios nacionales, como Infobae y Perfil, que esta misma consultora había hecho auditorías en Concordia, Gualeguaychú y también en Misiones. Allí se contactaron con el médico Peñaloza, quien dijo: 'Yo no presté mi nombre, me están utilizando mi identidad'”.
La denuncia ahora apunta a una posible estafa estructurada. “Lo que se sospecha es que hay una defraudación en la contratación de esta consultora. En definitiva, deberían ser profesionales médicos, pero no lo son o no están”, sostuvo Cabrera, y agregó: “Eso es algo que tiene que investigar la Justicia Federal”.
Los efectos del operativo aún se sienten. Más allá del proceso judicial que se abrió, muchos beneficiarios continúan en la incertidumbre sobre el futuro de sus pensiones. La pregunta que queda flotando es inquietante: ¿cuántas personas en situación de vulnerabilidad fueron sometidas a auditorías sin garantías mínimas ni participación médica real? El silencio de Andis y la opacidad en la ejecución solo profundizan las sospechas.
Denunciantes
Este jueves, el Ministerio Público de la Defensa emitió un comunicado en la que dio a conocer la denuncia. Se especificó que la denuncia la efectuaron el mencionado Cabrera; Marcia López, defensora del Pueblo de Paraná; Sandra Salina, representante ante el Consejo Federal de Discapacidad por Entre Ríos; Cristina Ripari, directora de Integración y Discapacidad de la Municipalidad de Paraná; Delfina Recalde, Sol Boeykens y Yasna Hamann, profesionales de la División Trabajo Social del Hospital Escuela de Salud Mental; Luisina Franco Mangioni, integrante del equipo técnico del Órgano de Revisión, y Diego Vélez, director del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi).
