El Juzgado Federal Nº1 de Concepción del Uruguay procesó a cuatro exintegrantes del del Ejército argentino por distintos delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentran privaciones ilegales de la libertad, vejaciones y torturas, ocurridos en Concordia, en julio 1977, durante la última dictadura cívico militar.
Procesaron a cuatro exintegrantes del Regimiento Concordia por delitos de lesa humanidad
El Juzgado Federal Nº1 de Concepción del Uruguay procesó a cuatro exintegrantes del Ejército en Concordia por distintos delitos de lesa humanidad.
4 de septiembre 2026 · 18:35hs
Gentileza Sebastián Pittavino
El Regimiento de Caballería 6 "Blandengues" del Ejército en Concordia donde cumplían funciones los imputados.
Fiscalía General Concepción del Uruguay
Tres de los exmilitares imputados: el capitán Horacio Alberto Goris, el teniente primero Juan Ignacio Aleman y el sargento ayudante Miguel Ángel Galeano.
Los procesados del Regimiento en Concordia
La medida fue dictada por la jueza Analía Ramponi, en línea con el pedido realizado por la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, y alcanzó al teniente primero Jorge Enrique Echeverría (77 años), señalado como oficial de inteligencia; el capitán Horacio Alberto Goris (81); el teniente primero Juan Ignacio Aleman (78), oficial de inteligencia del Regimiento de Caballería de Tanques 6 Concordia, durante 1977; y el sargento ayudante de caballería Miguel Ángel Galeano (75), en su carácter de auxiliar del oficial anteriormente mencionado. Además, a cada uno de ellos se les trabó un embargo de 30 millones de pesos.
La jueza les atribuyó a los imputados haber conformado una asociación ilícita constituida por un aparato estatal perfectamente organizado y ensamblado, destinado a borrar cualquier tipo de vestigio de lo que consideraban peligroso para la Seguridad Nacional y que terminó siendo responsable de un genocidio”.
Además, a Galeano, Aleman y Echeverría les endilgó los delitos de privación ilegal de la libertad, apremios físicos, vejaciones y torturas contra los ciudadanos uruguayos María Julia Suarez, Jesús Silverio Suárez Méndez, Eduardo Robatto Guerreiro y Luis Urrutia, ocurrida el 3 de julio de 1977. Asimismo, se les imputó el abuso sexual de la mencionada María Julia Suárez, y la privación ilegal de la libertad de los también uruguayos Brenda Levith, Luis Suárez y al hijo de ambos, Joaquín Suárez Levith, en julio de 1977.
A los cuatro acusados también los procesó por la privación ilegal de la libertad, torturas y encubrimiento del homicidio del conscripto Jorge Emilio Papetti, que continúa desaparecido. Todas las imputaciones fueron en calidad de coautores.
"Organización estructural"
La jueza consideró que los cuatro acusados estaban dotados de una “organización estructural”, en relación al esquema militar que funcionaba en aquel momento y que dividía al país en zonas, subzonas y áreas. A su vez, determinó que contaban con la colaboración de agentes de otras jurisdicciones para traslados o detenciones y, desde su misma conformación, habrían aceptado la comisión de diferentes delitos como necesaria para el logro de sus objetivos finales.
Ramponi explicó que “el aparato represivo de la jurisdicción Concordia” era dirigido por Naldo Miguel Dasso, entonces jefe del Regimiento de Tiradores Blindados 6 "Blandengues", correspondiente al Área 225, dependiente de la Subzona 22 de la Zona de Defensa 2 del Segundo Cuerpo del Ejército, entre 1975 y fines de 1977, indicó Fiscales.gob.ar.
En esa línea, indicó que las personas detenidas por personal del Ejército y las fuerzas de seguridad en Concordia y otras ciudades cercanas, “eran alojadas en centros clandestinos de detención, en la sede de la Jefatura Departamental de Concordia de Policía de Entre Ríos y en la Unidad Penal N°3 de la misma localidad, donde eran interrogadas y sometidas a diversos tormentos físicos y psicológicos y a abusos sexuales, en algunos casos”.
La magistrada destacó que los hechos investigados se dieron en el marco del denominado "Plan Cóndor" –la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur durante la década del ‘70–, llevado adelante en este caso por los gobiernos uruguayo y argentino durante la última dictadura militar y que, según sostuvo, “tenía como objetivo atacar movimientos guerrilleros, partidos y grupos de izquierda, sindicalistas, religiosos, políticos liberales, entre otros supuestos enemigos de dichos gobiernos autoritarios, a través de grupos de tareas conformados por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad de los Estados mencionados".
