En la tarde de este miércoles las calles volvieron a llenarse de docentes, estudiantes, graduados e integrantes de toda la comunidad que salieron a defender la universidad pública, en un contexto donde la Ley de Financiamiento aprobada a nivel nacional sería vetada por el presidente, Javier Milei.
Las calles se llenaron en defensa de la universidad pública
Este miércoles se realizó la segunda marcha federal en defensa del financiamiento de la universidad pública, que el Presidente anunció que vetará.
2 de octubre 2024 · 17:19hs
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En Paraná, la concentración tuvo lugar en la Plaza 1° de Mayo, después se trasladó hacia plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, bajo el lema Sin universidad pública no hay futuro. Se trató de la segunda movilización nacional en la gestión de Javier Milei y del gobernador Rogelio Frigerio. Cabe recordar que la primera se realizó el 23 de abril.
La convocatoria fue realizada por las federaciones docentes, no docentes, centros de estudiantes, organizaciones sociales y el Consejo Interuniversitario Nacional, además cientos de personas se autoconvocaron en la plaza principal.
En la capital entrerriana participaron AGMER, ATE, AMET, SADOP, FATUP, las comunidades de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).
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Educación para el presente y el futuro
Andrés Sabella dijo a UNO: "Esto no es una marcha sectorial, esta es una marcha que intenta reivindicar y poner nuevamente en valor lo que la sociedad argentina quiere como educación pública superior, que tiene que ver con un sistema autónomo, autárquico, no arancelado, que permita el acceso irrestricto de nuestros jóvenes. Tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo de los docentes y no docentes, con fortalecer la ciencia y la técnica para que no se paren las obras públicas, para que no se retroceda con los sistemas de becas, entre otras cosas. Estamos ante un gobierno que no da respuestas".
Sobre el veto del financiamiento, expresó: "Tenemos que seguir trabajando, hemos construido un diálogo con los legisladores nacionales, en el caso de la provincia, ocho de los nueve diputados votaron a favor de la Ley de Financiamiento Universitario y dos de los tres senadores nacionales también".
Se manifestó preocupado por el presupuesto 2025: "Lo que hace es repetir lo que estamos ejecutando desde agosto, con un país con una inflación cercana al 100%, es imposible que podamos funcionar".
Por su parte, Eloy, graduado universitario, expresó: "La universidad me dio un montón de posibilidades, amigos, trabajo, experiencias y no quisiera que otros la pierdan".
Al llegar a la explanada de la Casa Gris, representantes de sindicatos docentes, centros de estudiantes y trabajadores leyeron un documento elaborado en conjunto. Allí expresaron: "A cinco meses de aquella histórica marcha, salimos de nuevo a defender nuestra educación pública, que continúa en estado de emergencia presupuestaria y salarial, que sigue siendo golpeada por el Gobierno Nacional que solo apunta a su privatización sin ofrecer ninguna mejora al sistema educativo público y gratuito, derecho que nuestro pueblo supo construir y que la política de la crueldad nos quiere arrebatar. Pero no nos van a arrebatar nunca la lucha, ni la historia, esta marcha se está replicando en Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Concordia, Villaguay, también a lo largo y ancho del país, para decirle al gobierno nacional que este pueblo se organiza, resiste y lucha en unidad por todos los derechos que hemos conquistado y que son nuestros".
"Según los datos del INDEC, 25 millones de personas son pobres, es decir, un 52,9%. En un año tenemos más de 5 millones de nuevos pobres, con un acumulado de un 94% de inflación. La situación es crítica en cada área de trabajo, el salario mínimo no llega ni a los $300.000 pesos, los despidos masivos continúan y las jubilaciones son de miseria. La comunidad universitaria está siendo fuertemente golpeada, los docentes, el personal administrativo y de servicio de nuestras casas de estudio no reciben un real aumento de sus salarios, estando así por debajo de la línea de indigencia. Hoy un docente universitario que se inicia cobra $158.000 pesos y un trabajador no docente $485.000", detallan.
Y agregan: "La ley de financiamiento universitario supone una recomposición para el funcionamiento y aumento de salarios, y la conseguimos gracias a la lucha de los movimientos estudiantiles, docentes, no docentes y de los diversos sectores demostrada en la masiva movilización del 23 de abril."
En el texto también hacen alusión a la falta de becas provinciales y nacionales, cuyos montos van desde $6.000 hasta $40.000 en UNER y UADER, en un contexto donde "toda beca es insuficiente, entendiendo que, entre gastos de luz, internet, alquiler y comida une estudiante debe contar en su bolsillo con $450.000 como mínimo para poder vivir".
Adhesiones a la marcha por la universidad pública
“La Universidad pública y gratuita es una fortaleza de la sociedad argentina que ha permitido durante décadas que la movilidad social no fuera solo un “slogan” en nuestro país. Son millones las familias argentinas que lo saben, que lo han vivido, y por eso la defienden, como la defiende incluso personas que se esperanzaron y votaron al gobierno que encabeza Javier Milei, incluso quienes todavía mantienen algo de esperanza, a pesar de los dolorosos resultados que exhibe con los peores datos de pobreza e indigencia de la historia de nuestra patria”, afirmaron los senadores del bloque justicialista en un comunicado.
Al respaldar la marcha universitaria prevista para este miércoles, los legisladores afirmaron: “El mega ajuste del que se enorgullece el Gobierno sigue afectando a los sectores más débiles de la Argentina, como la niñez o los jubilados. El ataque presupuestario (que se suma a un constante ataque “cultural”) a la Universidad pública, ya tuvo una severa y serena respuesta social multitudinaria en todo el país. La insistencia del Gobierno en dinamitar las bases del futuro del país debe recibir una nueva respuesta, con tanta templanza y firmeza como en aquel momento, pero debe ser todavía más masiva y contundente. Y seguramente lo será”.
“Sin duda, si bien la Argentina ha tenido en las últimas décadas avances importantes en cuanto a expansión y masificación de su sistema universitario –por lo cual está entre los países de la región con mayor cantidad de población con estudios superiores, con 24%, por sobre Colombia (22%), Brasil y México (ambos con el 21%), y con el plus de integrar a jóvenes de contextos desfavorables– no son menores los desafíos que persisten, en torno a la calidad y a las disparidades en el acceso (tanto por nivel socioeconómico como entre jurisdicciones)”, resaltaron.
En ese marco, pusieron de relieve que “precisamente por eso, la respuesta a esos desafíos nunca puede ser la reducción de presupuesto. Insistimos en que la educación es un bien público, un derecho humano fundamental y la base para garantizar la realización de otros derechos. La educación superior es parte de ese derecho, y es esencial para la paz, la tolerancia, la realización humana y el desarrollo sostenible”.
“Se requiere mayor inversión y una fuerte apuesta a la innovación y la investigación. Todo lo contrario de lo que impulsa un gobierno desaprensivo, insensato y cada día más divorciado de la realidad y de las necesidades de su pueblo”, añadieron.
“Ante la movilización de la comunidad hemos de estar en la primera línea del reclamo que no nos dinamiten el futuro, que solo será posible con universidades plenas de vida, con recursos, con educadores dignificados en su labor y en sus remuneraciones, con becas que aseguren a nuestros gurises oportunidades de aprendizaje y de educación de calidad, sin que los afecten factores azarosos como el lugar donde hayan nacido o los ingresos familiares”, manifestaron.
Finalmente, expresaron que “sólo así seremos también dignos herederos de los fundadores de nuestra identidad, Artigas, Ramírez y Urquiza, quienes desde aquellos tiempos heroicos tuvieron certeza absoluta respecto de la trascendencia de la educación en el camino deseado para la provincia de Entre Ríos”.
"Es muy preocupante este desfinanciamiento, principalmente la falta de prioridad que se le da a la educación en el presupuesto y en el discurso público. Y en lo personal hasta angustiante: fui a la primaria y secundaria a una escuela pública. Hice carrera de grado y actualmente un posgrado en universidad pública, y soy la primera en mi familia con título universitario", dijo a UNO la economista Micaela Bevilacqua.
El presidente del Partido Socialista y Diputado Provincial de Entre Ríos, Juan Rossi, expresó: "La universidad pública es una garantía del acceso al conocimiento para miles de jóvenes. Son lugares donde se enseña a vivir en sociedades más igualitarias. Sin educación pública no hay libertad, no hay proyecto nacional. Defenderla es asegurar un país con futuro, con desarrollo social y productivo basado en la ciencia, la tecnología y la innovación".
Desde el Partido Socialista reiteramos nuestra postura firme en defensa de una universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad, pilares fundamentales para el desarrollo del país. Manifestamos con preocupación el grave desfinanciamiento que afecta a nuestras instituciones educativas y científicas, evidenciado en el deterioro de la infraestructura, la parálisis de las investigaciones y la precarización de los trabajadores del sector. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el presupuesto elevado por el presidente Javier Milei al Congreso Nacional contempla solo el 50% de los fondos que las universidades necesitan para funcionar, y un recorte del 65% en el presupuesto de la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.
El 60% de los profesores universitarios se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Un docente que recién se inicia cobra actualmente $158.000, mientras que un trabajador PAYS percibe $485.000. A su vez, las becas estudiantiles no alcanzan para cubrir gastos esenciales como alquiler, transporte y comida.
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