El gobierno nacional dio marcha atrás con la venta de un gran predio en Paraná

El gobierno nacional dio marcha atrás con la venta de uno de los terrenos públicos más importantes de la ciudad de Paraná. A través de una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la Secretaría de Obras Públicas anuló la subasta del denominado “Predio Paraná”, cuya privatización había sido autorizada apenas un mes atrás, sin detallar de manera concreta los motivos de la decisión. Los terrenos en cuestión eran del disuelto programa Procrear y se encuentran ubicados en Av. Ejército 2751, entre Pablo H. Crausaz y Gral. José María Sarobe.

En los considerandos, se hace referencia a la resolución 500 del 17 de diciembre de 2025 “mediante la cual por su artículo 1° se autorizó la convocatoria mediante el procedimiento de Subasta Pública para la venta del inmueble denominado Predio “Paraná”, identificado catastralmente como Distrito UR9, Sección 12, Grupo 29, Manzana 1, Lote A1 y Lote 24, con una superficie según mensura de cuarenta y nueve mil novecientos noventa metros cuadrados y cincuenta y seis decímetros cuadrados (49.990,56 m2). En aquella primera publicación en el Boletín Oficial se informó que el precio base de la subasta sería de US$966.187,72.

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Los terrenos en Paraná que no serán subastados

El gobierno nacional no dio a conocer si hubo gestiones desde la Provincia para evitar la venta. En el decreto, publicado este miércoles, Nación sólo indicó que deja sin efecto la subasta “en ejercicio de la potestad discrecional de la Administración y en atención a razones de oportunidad, mérito y conveniencia administrativa, evaluadas a la luz del interés público comprometido y de las circunstancias actuales y sobrevinientes relacionadas con el predio” en cuestión. También alude a una “redefinición de prioridades en la gestión y administración de los inmuebles por el proceso de liquidación del Fondo Fiduciario”.

Cabe recordar que este tipo de ventas de terrenos públicos forma parte de la estrategia oficial para ordenar activos del Estado y permitir que el sector privado continúe los desarrollos interrumpidos por el cierre del programa.