Los planteos en la causa Urribarri: 11 años de investigación y USD 7 millones de enriquecimiento

Inició formalmente la etapa intermedia del proceso contra el exgobernador Sergio Urribarri por supuesto enriquecimiento ilícito y en el que también está imputado el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, a quien le endilgan haber actuado como testaferro. Este martes por la mañana, ante el juez de Garantías N° 7 Mariano Budasoff, se trataron cuestiones preliminares expuestas por la defensa y que tuvieron la oposición de los fiscales en la audiencia a la que asistió UNO.

El abogado Miguel Ángel Cullen, que defiende a Urribarri, planteó que se declare la extinción de la acción penal por la violación del plazo razonable para investigar. Señaló que la causa se inició en 2015 y que en diciembre de este año cumplirá 11 años de proceso, superando el tiempo que tiene el Ministerio Público Fiscal para investigar. A su postura adhirieron los abogados del empresario, a cargo de Ignacio Esteban Díaz y José Velázquez.

En tanto, los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano solicitaron se rechacen los planteos de los defensores. Remarcaron que la causa fue compleja, ya que demandó muchas horas de análisis de datos, de solicitud de informes a diferentes organismos provinciales y nacionales; como así también allanamientos en propiedades, exhortos internacionales y la confección de una pericia contable que demoró años. Detallaron que después de todo ese trabajo se llegó a la conclusión de que Urribarri no pudo justificar un crecimiento patrimonial calculado en 7 millones de dólares.

"Es irrazonable el tiempo que transcurrió"

En primer lugar, el abogado Cullen admitió que muchos de los planteos efectuados en esta instancia ya se formularon en otras anteriores. Explicó que hubo diferentes fallos en los que se les indicó que el momento para plantear la vulneración del plazo razonable para investigar y otras cuestiones era la etapa intermedia que establece el artículo 405 del Código Procesal Penal, es decir, la audiencia de remisión de la causa a juicio-. "Nos opusimos a que esta causa sea elevada a juicio. Hay un valladar que no puede ser dejado de lado, que es el plazo de la duración del proceso las facultades del Estado para perseguir", afirmó.

Enseguida, mencionó que la causa tramita en la Justicia hace casi 11 años, puesto que se abrió el 21 de diciembre de 2015 y que la citación a indagatoria recién se produjo el 16 de junio de 2023. Refirió que el artículo 77 del Código Penal establece la suspensión de los plazos para investigar respecto a funcionarios públicos, pero remarcó que esta disposición debe interpretarse en armonía con el artículo 18 de la Constitución nacional que, entre otras cosas, establece que "es inviolable la defensa en juicio de la persona". Para el defensor, en el proceso se violó también la garantía de defensa.

"Una causa que va a cumplir en diciembre 11 años viola el plazo razonable. No encontramos elementos razonables para que se haya alongado el plazo para investigar el patrimonio de un sujeto, en este caso Urribarri", dijo Cullen.

En esa línea, remarcó que actualmente la Justicia cuenta con un sistema más moderno y transparente para investigar, a través del avance de la tecnología y los procesos de registración de datos. Incluso mencionó que Urribarri ofreció el levantamiento de su información bancaria. Indicó también que una parte de la investigación se llevó a cabo durante la pandemia y que la Justicia continuó trabajando, a pesar del aislamiento. "No puede el Estado sostener que por una pandemia o circunstancias ajenas al imputado, la causa no haya tenido avances", dijo.

En otro tramo de su alocución, el abogado citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los que se tuvo en cuenta la duración de la investigación.

A su turno, el abogado Velázquez adhirió al planteo de Cullen. "Es irrazonable el tiempo que transcurrió en la investigación", sostuvo. A diferencia de su colega, pidió declarar inconstitucional una parte del artículo 77 del Código Penal que incluye a otras personas en investigaciones por delitos de funcionarios.

En ese punto, hizo una comparación respecto de la causa Contratos truchos de la Legislatura: explicó que en dicha causa se persiguió primero a los acusados como partícipes necesarios y que ahora, en otro expediente, se buscará establecer a los autores del delito de defraudación al Estado. "Cardona Herreros no era funcionario y se está agravando su situación personal", reclamó.

"Urribari se enriqueció en 7 millones de dólares"

A su tiempo, los fiscales pidieron rechazar los planteos de la defensa. El primero en tomar la palabra fue el fiscal Badano, quien dijo que "Cardona Herreros se dirigía a Urribarri como el N° 1 o el Jefe". "El sabía y participó voluntariamente del hecho cometido por un funcionario público", afirmó.

En tanto, Montrull sostuvo que "no hay circunstancias nuevas en los planteos defensivo". Y resaltó que en el proceso no se violó el plazo razonable que dispone el articulo 223 del Código Procesal Penal. "Se lo citó e indagó, y en cuatro meses la causa fue elevada a juicio", dijo. Detalló que el 14 de junio de 2023 fue la indagatoria y el pedido de elevación a juicio fue el 24 de octubre.

Luego argumentó que se está ante una causa compleja, que necesitó de muchas medidas para recolectar evidencias que determinaron que "Urribarri se enriqueció en 7 millones de dólares", dijo en un momento. "La reconstrucción se hizo con peritos de partes, que se reunían todas las semanas. Y demoró años la confección del informe", añadió.

Más adelante, refirió que en la investigación se encontraron con muchos bienes dispersos, personas usadas como presuntos testaferros y empresas. "Tenemos un millón de correos electrónicos y 3 millones de elementos informáticos que se tuvieron que evaluar. Hay exhortos internacionales a Paraguay, Uruguay y una a Grecia", expuso.

La audiencia ingresó en un breve cuarto intermedio y continuó con otros planteos defensivos que buscan evitar que la causa llegue a debate oral y público.