Entre Ríos: la oposición no avaló el proyecto del Ejecutivo para auditar la deuda provincial

El bloque Más Para Entre Ríos no acompañó el dictamen favorable que emitió este martes la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados respecto del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propone crear una Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública.

La presidenta de la bancada justicialista, Laura Stratta, señaló como principal objeción ante esa iniciativa la existencia de un organismo específico como es la Contaduría General de Entre Ríos, que se encarga de auditar la deuda pública, y tiene cargada información referida a ese tema en su página web oficial. Igualmente el Tribunal de Cuentas realiza el control posterior en la materia.

En ese sentido, Stratta remarcó que se trata de un proyecto “que genera más dudas que certezas y que superpone funciones, en el marco de una comisión en la que el oficialismo va a tener siete de sus nueve integrantes”, dado que el proyecto contempla que la integren tres legisladores por cada Cámara, indicando que al menos uno de ellos sea de la oposición; además de tres funcionarios designados por el Ejecutivo provincial.

Aspectos contradictorios

Igualmente, desde el justicialismo se señalaron otros aspectos del proyecto que resultan contradictorios. Por ejemplo, el recorte temporal propuesto inicialmente por el Ejecutivo, que marca el inicio de la investigación en 1995 cuando se sabe que antes de esa fecha se iniciaron muchas de las situaciones que dieron origen al endeudamiento de las provincias (transferencia de servicios educativos, pactos fiscales, merma de la coparticipación), por lo que se entiende que el análisis propuesto debería comprender al menos lo ocurrido desde 1991.

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También desde el justicialismo las diputadas Stratta, Andrea Zoff y Lorena Arrozogaray remarcaron que existen en la sociedad civil organismos capacitados para realizar este trabajo a los cuales no se convoca, ya que el proyecto no incluye especialistas independientes (economistas, universidades, organismos de control externo y representantes de la sociedad civil).