Javier Milei promueve privatizaciones, reforma electoral y asumir facultades legislativas

El proyecto de Ley Ómnibus enviado este miércoles por la tarde por el presidente Javier Milei al Congreso de la Nación, denominado "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", propone una serie de reformas entre las que se encuentran la delegación de facultades legislativas en el titular del Poder Ejecutivo, la privatización de empresas públicas y cambios profundos en el sistema electoral con la eliminación de las PASO, entre otras modificaciones propuestas.

Además, entre las disposiciones finales, la iniciativa prevé la ratificación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/23, mediante el cual el Presidente dispuso la desregulación de la economía.

Según el mensaje al Congreso remitido junto con el paquete de reformas legislativas, Milei asegura que "Argentina está inmersa en una grave y profunda crisis económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social sin precedentes, que afecta a todos los órdenes de la sociedad y al funcionamiento mismo del Estado". Para solucionar esto, afirma que el país debe dejar de lado la "democracia social" y la "economía planificada", que considera la causa del problema, para adoptar la "democracia liberal" y la "economía de mercado".

"Sin una respuesta inmediata, integral y contundente por parte del Poder Ejecutivo Nacional y del Congreso de la Nación el país corre un serio riesgo de colapso económico y desintegración total del tejido social, por lo que se impone la necesidad de actuar con urgencia y eliminar, mediante una norma de sanción única y aplicación simultánea, las regulaciones que restringen la libertad de los argentinos, impiden la libre circulación de bienes y servicios y distorsionan el normal funcionamiento de los mercados", sostiene el texto de los fundamentos.

Las reformas

El proyecto propone que el Congreso haga efectiva la delegación legislativa prevista en el artículo 76 de la Constitución Nacional, declarando la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir de ello se delegan facultades legislativas al Poder Ejecutivo en esas materias, para que "dicte y aplique la normativa que la emergencia requiere".

Asimismo, invocando la necesidad de "concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales", se dispone que podrán ser privatizadas determinadas empresas públicas con el fin de "generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas".

Entre las empresas que se declaran "sujetas a expropiación" se encuentran: Aerolíneas Argentinas, YPF, servicios ferroviarios, los medios públicos de comunicación y el Banco Nación, entre otras.

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Por otro lado, se derogan varias regulaciones en materia económica, entre ellas la Ley de Defensa de la Competencia, que se reemplaza por una nueva norma.

El fin de las PASO

El paquete de Milei también promueve una "reforma profunda del sistema político para fortalecer la democracia y las instituciones de la República, estableciendo un sistema de elección de diputados nacionales en base a circunscripciones uninominales, eliminando las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), transparentando el financiamiento y fortaleciendo las instituciones democráticas de los partidos políticos y mejorando el funcionamiento del sistema electoral".

El sistema de circunscripciones uninominales pretende resolver la "disociación entre el interés del político y el interés del ciudadano", dice el texto. Y agrega: "La eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias le devuelve la autonomía a los partidos políticos para que decidan sus candidatos a cargos nacionales de la manera que consideren más apropiada, a la vez que le quita el peso al contribuyente de tener que estar financiando de manera compulsiva la actividad política que es, en esencia, un interés particular de un sector de la sociedad".

La reforma propuesta prevé que cada distrito se dividirá en un número de circunscripciones igual al número de diputados que se eligen y cada elector votará solamente por una lista integrada por un candidato titular y un candidato suplente que deben ser de diferente género.

Seguridad y otros temas

Por otro lado, en materia de seguridad, se establece un régimen para la organización de manifestaciones con el fin alegado de garantizar la libre circulación y normal desarrollo de las actividades económicas y laborales de todos los habitantes de la Nación, en respeto de los derechos fundamentales de libertad de expresión y asociación.

Asimismo, se agravan las penas para los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y se regula el derecho a la legítima defensa, brindando "mayor certidumbre jurídica a los ciudadanos y a las fuerzas de seguridad", dice el texto.

En el área de ambiente, se sugieren cambios en la ley de quema, permitiendo a los productores agropecuarios a realizar cortafuegos y acciones preventivas hoy vedadas por la legislación. El Fondo de bosques nativos pasará a financiarse directamente del Presupuesto, y se simplifican los procedimientos para la explotación de bosques en zonas habilitadas comercialmente a tal fin.

Se realiza una modificación a la Ley de Glaciares a fin de habilitar (con los informes ambientales exigidos por la normativa) la actividad económica en la zona periglacial, revirtiendo un "avasallamiento del poder federal sobre las provincias".

Derogaciones culturales

A su vez, la propuesta legislativa avanza con la derogación de leyes de fomento a actividades culturales, como es el caso de las que crean el Instituto Nacional de Teatro y el Fondo Nacional de las Artes. También modifica la Ley del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).

El proyecto completo