Gemelo Digital Social: la oposición exige explicaciones sobre el plan del Gobierno

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció la puesta en marcha del programa Gemelo Digital Social, una iniciativa basada en Inteligencia Artificial destinada a mejorar la gestión estatal y anticipar escenarios sociales. Sin embargo, el proyecto despertó críticas de sectores opositores y especialistas, que advirtieron sobre posibles riesgos vinculados a la privacidad de los datos, el perfilamiento ciudadano y la soberanía digital. Frente a los cuestionamientos, el Gobierno aclaró que el sistema será desarrollado bajo conducción estatal, con equipos técnicos propios y sin delegar su implementación integral en empresas privadas.

La adopción de sistemas nacionales y soberanos que utilicen IA para "describir la realidad social actual, explicar las causas de las problemáticas detectadas, predecir escenarios futuros ante posibles cambios y, finalmente, prescribir las acciones necesarias para optimizar los resultados de la gestión", según precisa el comunicado, es un objetivo deseable consensuado por los especialistas del sector. Sin embargo, el cronograma de reuniones previas de Javier Milei con CEOs de compañías extranjeras que comercializan esquemas de gestión de IA, que para su funcionamiento alojan los datos de la ciudadanía en sus países de origen, despertó el escepticismo y la reacción opositora.

Pedidos de informes

Así fue que cinco diputados del bloque Provincias Unidas (Juliano, Scaglia, Paulón, Basualdo y Torres) avanzaron con un pedido de información ante el Ministerio de Capital Humano para que determine cómo será el acceso a los datos de los ciudadanos, qué partida presupuestaria tiene asignada, si el sistema prevé mecanismos de perfilamiento automatizado de la ciudadanía y qué medidas se adoptarán para prevenir discriminación algorítmica. El diputado Agustín Rossi (Unión por la Patria) recurrió a la órbita judicial: solicitó un hábeas data colectivo, litigio que quedó radicado en el Juzgado Federal Nº 2 de Rosario, para que el mismo organismo ofrezca información sobre qué organismos públicos y empresas participan del desarrollo del sistema.

Según consignó Ámbito Financiero, en el Congreso existe un antecedente de marzo de este año, cuando la diputada Marcela Pagano (del unibloque Coherencia) presentó una propuesta para crear un "Régimen Nacional de Gemelos Digitales para Infraestructura Pública", con el objetivo de "establecer el régimen jurídico para la creación, implementación, mantenimiento y gobernanza" de estos sistemas de automatización. "Ellos vienen copiando todas mis iniciativas", dijo la diputada, y aseguró que "ya copiaron mi desregulación del mercado inmobiliario". Sobre la propuesta, apuntó haberla "charlado con otros diputados pero parecía que no era el momento, dadas las emergencias que deberíamos priorizar en el Congreso. Yo voy a sostener mi iniciativa".

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Antecedentes en el Congreso

En lo que va del año, se presentaron 23 proyectos de ley vinculados a la reforma de la legislación de Protección de los Datos Personales, que fue sancionada en el 2000 y por lo tanto no contiene herramientas para alcanzar a las nuevas plataformas digitales ni a los sistemas de IA. De forma previa, miembros del Congreso volvieron a expresar la urgencia del debate luego de que se publique el DNU 941/2025, que reformó la Ley de Inteligencia y permitió a la SIDE concentrar información del RENAPER, Migraciones y Aduana.

Por otro lado, un informe de Amnistía Internacional evaluó el alcance de programas similares en países de Europa. En el caso de Países Bajos, "las autoridades fiscales adoptaron un sistema de toma de decisiones algorítmica para anticiparse a solicitudes potencialmente fraudulentas. Su aplicación, en cambio, derivó en xenofobia contra niños y niñas que dependían de ayuda social".

Lo ocurrido en Serbia fue similar, dado que a la hora de implementar un sistema de automatización para el registro de la "tarjeta social" de ese país. "En lugar de hacer que los pagos de prestaciones fueran más justos, discriminó y afectó desproporcionadamente a personas con discapacidad y a comunidades que viven en la extrema pobreza", plantea el estudio.

En la Argentina, se conoció un ejemplo reciente de filtración de datos que no derivó en mecanismos sancionatorios. La semana pasada, el PAMI compartió información de sus afiliados (entre los que se incluía historia clínica, diagnósticos, prácticas realizadas e intervenciones de insumos médicos) de forma abierta y sin restricciones. Aunque resultó una anomalía y el organismo inició sumarios internos, aún no avanzó un proceso judicial en el marco de la vulneración de la actual ley de protección de datos.