Si se bucea en la historia argentina contemporánea será difícil hallar un debate que haya involucrado a la sociedad argentina con tanta masividad. La posibilidad de discutir la legalización del aborto rompió con un mito que atravesó a varias generaciones, y a su vez generó que el tema se discutiera abiertamente desde la vuelta de la democracia. Como contrapartida, en las calles se gestó un proceso de militancia social a favor y en contra de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que muchas veces superó los límites de la tolerancia. En 2018, el gobierno de Mauricio Macri habilitó el debate parlamentario, y de esa forma el proyecto de IVE obtuvo una media sanción histórica en la Cámara de Diputados. Pero esa expectativa se diluyó en la Cámara de Senadores, donde finalmente se impuso una postura contraria al aborto legal.
El proyecto oficial de legalización del aborto parece que no conformará a todos
El presidente, Alberto Fernández, luego de su gira por Europa y de su encuentro con el papa Francisco, anunció que iba a enviar un proyecto de legalización del aborto. Todo parece indicar que esa promesa se va a concretar el domingo, cuando el Presidente deje inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación.
Entre sus puntos centrales, la iniciativa incluirá la objeción de conciencia para médicos y clínicas, y establecerá la obligatoriedad de atender la interrupción del embarazo en los hospitales públicos. Concretamente la idea fundamental del Ejecutivo es que deje de ser un delito, aunque saben que el proyecto no conformará a todos los sectores.
No resignar la soberanía
La Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó por octava vez el año pasado un proyecto que contiene el aporte de cientos de organizaciones. Como se hizo saber el 19 de febrero, con un pañuelazo federal y mundial, el colectivo volverá a la carga para que se tome en cuenta que el Estado “tiene una deuda con las mujeres y con las personas con capacidad de gestar”.
Consultada sobre el proyecto de IVE que promueve la Casa Rosada, la militante y excandidata a legisladora nacional por la Izquierda Nadia Burgos respondió: “Queremos alertar de una situación. El Gobierno ha dicho que va a presentar un proyecto propio, y tenemos que esperar con suerte hasta el 1 de marzo para saber qué dice ese proyecto. Pero les adelanto que quieren teñir nuestros pañuelos de celeste. Y eso no lo vamos a permitir. La reunión que Fernández tuvo en el Vaticano hizo que haya una pluma de la Iglesia metiéndose en nuestro proyecto”.
En esta misma línea se planteó su discurso durante el pañuelazo federal y por eso insistió en su resistencia a posibles cambios al proyecto elaborado desde la Campaña. Al respecto señaló: “Nos quieren modificar cosas elementales, como la semana para permitirnos hacernos el aborto, pasar de la semana 14 a la 12. Quieren meternos la objeción de conciencia institucional. Algo que rechazamos desde siempre todas las compañeras que estamos dentro de la Campaña por el Derecho al Aborto”.
Burgos abordó además otro aspecto que seguramente generará controversia. Dijo que la razón para incluir la objeción de conciencia institucional obedece a “que no puede estar en el Programa Médico Obligatorio (PMO), algo que eximiría a las obras sociales y a las prepagas de garantizar este derecho elemental para las mujeres y las personas con capacidad, que es tener soberanía sobre su cuerpo y decidir si ser madres o no. Esto responde a un Estado machista y patriarcal”.
Se niegan al proyecto
La Red de Familias Entrerrianas es una organización que incluye a sectores de la Iglesia Católica, renovaron su rechazo a cualquier tipo de proyecto para legalizar el aborto. Una de las referentes del movimiento, Paola Guía, dijo a UNO que “hay que defender la vida, no importa en qué condiciones sea concebida la vida. Siempre es un don y es una cosa que hay que proteger, que hay que preservar. Nosotros estamos totalmente en contra de cualquier proyecto; sostenemos que en todo aborto muere un niño, y siempre sostenemos que no puede haber en ningún país una categoría de persona que sean deseadas y otra categoría de personas que sean no deseadas”.
Por otro lado sostuvo que “por más que se aprobara una ley de aborto, sería inconstitucional, porque la Constitución defiende el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Los médicos se van a ver obligados a realizar una práctica que va en contra de su juramento hipocrático, porque el Estado se va a constituir en un proveedor de servicios de salud. Esto es muy grave”.
Congreso: la tendencia por el “no” persistiría en el Senado
Los defensores de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) llevan ventaja en la Cámara de Diputados. ¿Pero qué podría pasar en el Senado? Allí, en agosto de 2018, la iniciativa resultó rechazada por 38 votos negativos, 31 positivos y dos abstenciones. De acuerdo a un relevamiento del sitio Parlamentario, dentro de la composición que debutó el 10 de diciembre de 2019 hay 34 senadores en contra y 32 a favor. Es decir que el margen de diferencia se achicó. En tanto, hay dos que aún no se pronunciaron y otros dos que no adoptaron posición alguna. Un caso es el de la senadora entrerriana Stella Maris Olalla. Desde el entorno de la legisladora confirmaron a este medio que la dirigente esperará a saber cuál es la letra chica del proyecto para tomar una decisión.
Así las cosas, el debate volverá al centro de la escena.