Identificaron los restos de 12 personas tras las excavaciones cerca de La Perla

El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, informó que fueron identificados los restos de 12 personas enterradas clandestinamente en los predios del Ejército cercanos al Centro Clandestino de Detención La Perla.

Según la escueta información brindada por la Justicia, tras los análisis forenses de restos humanos hallados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se logró identificar genéticamente a 12 personas cuyos restos fueron hallados en la zona conocida como Loma del Torito. Este sitio pertenece a la Guarnición Militar de La Calera, donde durante la última dictadura militar hubo centenares de detenidos-desaparecidos.

En los trabajos de identificación de los restos también participó el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Las identidades no serán dadas a conocer hasta que la Justicia haya completado la comunicación a los familiares directos de las víctimas.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos, Trata y Género, a cargo de Juan Miguel Ceballos, se precisó que el grado de certeza sobre las personas identificadas es del 100%. Se continúan realizando pruebas genéticas en otros restos hallados en la misma zona. Esa es la razón por la que el comunicado habla de resultados parciales: se esperan nuevas identificaciones de ese proceso.

Según información que ya trascendió entre querellantes de la causa, también se habría hallado en la zona de las excavaciones una cadenita que pertenecía a un desaparecido. La Justicia por estas horas avanza en la notificación a los familiares de las personas identificadas.

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50 años después

En noviembre pasado, la Justicia federal informó que se había completado el proceso de búsqueda a gran escala desarrollado en la campaña 2025 del EAAF. Las excavaciones se desarrollaron en una zona de 10 hectáreas donde, por testimonios, fotografías y relevamientos aéreos, se había determinado alta probabilidad de que hubieran existido fosas comunes donde se arrojaban los restos de las víctimas de La Perla.

Durante 68 días, en esa zona serrana que rodea al ex-centro clandestino de detención, desaparición y tortura de La Perla, maquinarias pesadas y manos especializadas movieron toneladas de tierra en busca de restos humanos. Los hallaron: numerosos fragmentos que luego pasaron por un proceso de datación, clasificación y análisis genético, en procura de establecer las identidades de personas que hace casi cinco décadas habrían sido enterradas clandestinamente en ese sitio. Ahora se corroboraron esas hipótesis.

La Perla operó como centro de tortura y muerte desde el golpe de Estado de marzo de 1976 hasta fines de 1978, y aunque las estimaciones son muy variables, la Justicia federal considera que como mínimo pasaron por ahí 600 personas, y como máximo, unas 2.500. Fue altísima la letalidad de ese centro, uno de los más grandes y más brutales del país.

El expediente judicial de la causa que ahora da con los restos de desaparecidos se inició en 1998, por una presentación del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, de la abogada María Elba Martínez y del periodista Horacio Verbitsky, quienes denunciaron enterramientos clandestinos en La Perla y pidieron la búsqueda de los restos. En abril pasado, 26 familias de desaparecidos se constituyeron como querellantes en la causa que ahora tiene un avance sustancial, publica La Voz.

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Una larga búsqueda

Hubo 12 campañas del EAAF en las 14 mil hectáreas que el Tercer Cuerpo tiene entre Córdoba y La Calera. En 2003 hubo excavaciones muy cercanas al punto donde ahora se encontraron restos óseos. Hace 10 años, se encontraron en la zona de hornos Ochoa los restos que permitieron identificar a un grupo de estudiantes de Medicina asesinados en 1975. La campaña que terminó en diciembre fue la más importante, por la magnitud de la intervención y por los indicios firmes que la investigación había acumulado.

Uno de los datos que había guiado las campañas previas surgió en 2004 del testimonio del teniente coronel Guillermo Enrique Bruno Laborda, quien presentó un reclamo porque no había sido ascendido a coronel. En ese escrito, reconoció haber actuado en La Perla y haber intervenido en tres fusilamientos. En su descargo, detalló que después de las ejecuciones arrojaban el cuerpo en un pozo y le prendían fuego. También afirmó que había participado “activamente” en la remoción de los cadáveres en 1979, meses antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitara el país para documentar las denuncias contra la dictadura. Detalló que se usaron máquinas del Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 para sacar los restos, que luego eran “compactados” y arrojados en las proximidades de una salina de La Rioja.

Luego, en uno de los juicios de La Perla, el peón rural José Solanille habló de los camiones que iban hacia la Loma del Torito, las explosiones que se escuchaban después, y de enterramientos en el lugar.

Esos testimonios cobraron relevancia en los últimos años, con el cotejo de dos fotografías: una de junio de 1979 y otra de agosto del mismo año, aportadas por Catastro de la Municipalidad de Córdoba, que permitió ver que en Loma del Torito hubo alteraciones del terreno en ese lapso. La Justicia sospecha que en ese momento se intento remover los cuerpos que ya estaban enterrados clandestinamente en la zona.

Por último, se sumó el uso de tecnología Lidar, que desde aviones permite detectar movimientos de tierra y señaló que en Loma del Torito habían existido procedimientos de ese tipo. Sobre todos esos datos trabajó Guillermo Sagripanti, del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Fue quien delimitó el área de búsqueda y asistió al EAAF, liderado por Anahí Ginarte y por Silvana Tarner.