Bogotá (Colombia).— El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, afirmó ayer que Colombia atraviesa una catástrofe en materia de derechos humanos por las masacres y la expansión del narcotráfico.
Denuncias cruzadas entre los cancilleres de Colombia y Venezuela
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, afirmó ayer que Colombia atraviesa una catástrofe en materia de derechos humanos por las masacres y la expansión del narcotráfico.
13 de octubre 2020 · 21:43hs
“Suponemos que el fracasado Grupo de Lima discutió con mucha dedicación las masacres, violencia, represión y expansión del narcotráfico en Colombia. Están viviendo una verdadera catástrofe en materia de derechos humanos”, señaló Arreaza en su cuenta de Twitter.
En respuesta a las afirmaciones de Arreaza, la canciller colombiana, Claudia Blum, hizo un llamado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que agilice su examen sobre la situación en Venezuela, luego de que en días pasados la Organización de Naciones Unidas (ONU) reportara graves violaciones de derechos humanos en ese país.
Por su parte, en septiembre, el canciller venezolano llamó a la comunidad internacional a mirar hacia lo que sucede en Colombia.
Un informe realizado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reveló que en lo que va de 2020 ya ocurrieron 46 masacres en Colombia, cuatro de ellas en norte de Santander con 25 personas asesinadas a manos de grupos armados ilegales.
En estudios publicados recientemente, Indepaz destacó que hay un incremento en los grupos armados y reveló que 205 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados este año, a los que se suman 42 excombatientes.
En agosto de 2017, un colectivo de países conformó el Grupo de Lima para hacer seguimiento permanente a Venezuela y contribuir a una salida negociada ante la “profunda crisis que padece” ese país. En un comienzo 14 países integraban el bloque, pero México se retiró, mientras otros caribeños se sumaron a la lista.
Colombia desconoce al gobierno de Nicolás Maduro desde su reelección en mayo de 2018, por lo que sostiene, junto a Estados Unidos y unos 50 países más, que se trata de una dictadura.