Paraná: Nación no envió los fondos de julio, sigue el paro y se tensa el conflicto laboral

Se suceden las reuniones y audiencias en distintos ámbitos, y mientras en otras jurisdicciones del país los conflictos se van templando con diálogos y acuerdos para mantener la paz social, en Paraná el clima se va haciendo cada vez más espeso.

La capital entrerriana es hoy la única jurisdicción que se mantiene sin el esencial servicio público, luego de que todo el interior se levantara con un reclamo uniforme en aquel 2 de julio, cuando comenzó un cese y retención de actividades ya histórico en la ciudad, por la cantidad de días consecutivos.

Aquella demanda sindical se había iniciado porque para esa fecha, los trabajadores no habían percibido el medio aguinaldo. A eso se sumaron luego deudas de meses anteriores, como el bono dispuesto por el gobierno nacional de 4.000 pesos mensuales, y diferencias salariales. Las negociaciones nunca pudieron prosperar en Paraná debido a la imposibildad de avanzar entre las facciones internas sindicales, algunas más conciliadoras, otras más duras para no aceptar las distintas propuestas de pago.

Internas gremiales y protestas nublan más el panorama del transporte público de Paraná, que cumple un mes consecutivo sin servicios.

Foto: UNO/Diego Arias

En ese contexto, el inusual retraso de envío de los fondos mensuales que aporta la Nación hizo naufragar cualquier posibilidad para cancelar al menos el 30% pendiente del haber de junio. Las empresas aducen, además, que no cuentan con recursos, por la parálisis de un mes sin recaudación por corte de boletos.

Conforme pasan los días, el margen de negociación parece ser cada vez más acotado frente a la escasez de recursos.

El gobierno nacional retrasó la remesa de fondos a todo el interior por razones presupuestarias que serán saldadas en 10 o 15 días, con la aprobación de los fondos por parte del Congreso nacional.

El martes se votará en Diputados el presupuesto de la administración nacional, con la continuidad de los actuales montos para los servicios del interior del país. Luego pasará al Senado. Hasta tanto esto no salga, solo puede prosperar algún adelanto de los poderes concedentes, provincias o municipalidades, para mantener el sistema hasta tanto se renueve el envío de los subsidios.

Esta situación puso en alerta y en riesgo todos los acuerdos que cada ciudad pudo lograr en este tiempo, con promesas y propuestas de pago con sus choferes.

Ayer se realizó una nueva audiencia virtual entre empresarios, Unión Tranviarios Automotor (UTA) y funcionarios de Transporte y Trabajo de la Nación. Sin avances, pasó para el 6.

En ese ámbito, las empresas ratificaron la imposibilidad de hacer frente a deudas, sin los aportes aún no enviados por Nación, UTA exige el cumplimiento de los salarios, aunque no anunció nuevas protestas, y Transporte de la Nación se comprometió a gestionar para que se destraben los fondos.

Sin pagos, el paro de los colectiveros sigue, la interna gremial se agudiza y recrudece, con movilizaciones como ayer de sectores disidentes a la actual conducción gremial de UTA, hasta el frente de la sede sindical e incluso a domicilios particulares.

Auditoría

El mes cierra con ingresos a las empresas por solo 14 millones de pesos correspondientes al subsidio mensual de la Provincia. Pendientes los 22 millones de pesos de la Nación, y sin recaudación por boletos debido al paro, las empresas hicieron frente al 70% del pago de los choferes.

Frente a esta situación, en la sesión de ayer el Concejo Deliberante de Paraná aprobó por unanimidad una resolución que propone conformar una comisión auditora para analizar los registros contables de la concesionaria Buses Paraná, que agrupa a las empresas Mariano Moreno y ERSA.

La resolución fue impulsada a través de un proyecto presentado por el concejal Sergio David Cáceres (Frente Creer Entre Ríos), mediante el cual se insta al Poder Ejecutivo municipal a conformar ese ámbito, con la presencial del contador general municipal, la Dirección de Auditoría Municipal, Escribanía Municipal, y se convoque también al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, al Colegio de Escribanos de Entre Ríos y a representantes de los distintos bloques que conforman el Concejo Deliberante, y sus especialistas en costos.