Frente a la crisis que atraviesa Granja Tres Arroyos, el Gobierno de Entre Ríos profundizó las medidas de asistencia destinadas a los trabajadores afectados por la paralización de la planta La China, en Concepción del Uruguay.
Entre Ríos suma alivio fiscal y asistencia para trabajadores de Granja Tres Arroyos
Entre Ríos amplió la asistencia alimentaria, subsidios y beneficios en servicios, y dispuso un régimen fiscal para despedidos de La China.
19 de agosto 2026 · 20:28hs
Foto: Arriba Noticias
Granja Tres Arroyos: trabajadores se movilizan por despidos, salarios adeudados y reclamos laborales.
El paquete contempla asistencia alimentaria, subsidios individuales, beneficios sobre la tarifa eléctrica, refinanciamiento de deudas, atención sanitaria y un régimen especial de alivio fiscal. Además, la Provincia impulsará una mesa de trabajo junto con Córdoba y Buenos Aires para coordinar respuestas frente al impacto de la crisis en las tres jurisdicciones.
Asistencia alimentaria y subsidios
Desde el comienzo del conflicto, el Gobierno entrerriano distribuyó 1.900 módulos alimentarios, entregados en dos tandas de 950 unidades. La asistencia continuará durante las próximas semanas.
También se gestionaron 825 subsidios individuales de $200.000, que se encuentran actualmente en proceso de pago. A esa ayuda se sumará un segundo desembolso que permitirá ampliar la cobertura hasta alcanzar a 1.075 trabajadores afectados por la situación de la empresa.
En materia energética, la Provincia otorgó una tarifa social diferenciada a 525 trabajadores durante dos bimestres y posteriormente prorrogó el beneficio por otros dos períodos.
Además, se gestionó ante Enersa un esquema de prórroga y refinanciamiento de las deudas correspondientes al consumo de energía eléctrica de los trabajadores alcanzados por la medida.
Alivio fiscal para los trabajadores despedidos
Una de las nuevas medidas es el régimen especial de alivio fiscal para los trabajadores despedidos de la planta La China, formalizado mediante un decreto del Poder Ejecutivo provincial.
El beneficio establece la condonación del 100% de los intereses y multas correspondientes a las deudas de los impuestos Inmobiliario y Automotor correspondientes a 2026. También dispone la prórroga de los vencimientos hasta el 31 de marzo de 2027.
La aplicación será automática, a partir del listado remitido por la Secretaría de Trabajo, por lo que los trabajadores no deberán realizar trámites para acceder al beneficio.
La deuda podrá cancelarse hasta el 31 de marzo de 2027 mediante un único pago o a través de un esquema de seis cuotas mensuales sin interés, cuyo vencimiento comenzará el 10 de mayo de 2027.
Durante la vigencia del régimen tampoco podrán iniciarse acciones de cobro por las obligaciones alcanzadas por la medida.
Atención sanitaria y medicamentos
El Gobierno provincial también implementó, junto con el Hospital J. J. Urquiza, un protocolo específico de atención y provisión de medicamentos para trabajadores con enfermedades crónicas afiliados al Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA).
La medida busca garantizar la continuidad de los tratamientos frente a las dificultades que atraviesa la obra social del sector, afectada por la falta de pagos de la empresa.
Una mesa de trabajo entre tres provincias
El conflicto también tendrá un abordaje conjunto con otras jurisdicciones. Entre Ríos avanzará junto con Córdoba y Buenos Aires en la conformación de una mesa de trabajo entre los gobernadores y sus equipos.
El objetivo será coordinar acciones frente a una crisis que afecta a trabajadores y establecimientos de Granja Tres Arroyos en las tres provincias.
En Entre Ríos, la planta La China permanece paralizada desde fines de mayo y se produjeron despidos. En Córdoba, la planta Avex, ubicada en Río Cuarto, atraviesa una paralización que afecta a unos 350 trabajadores.
En Buenos Aires, la situación alcanza a las plantas de Pinazo, Wade II/CEISA y Wade I, donde se registran suspensiones, atrasos salariales y una fuerte reducción de la actividad.
De esta manera, la Provincia busca sostener una respuesta integral frente al conflicto mediante asistencia directa, reducción de gastos familiares, atención sanitaria y gestiones institucionales, mientras avanza en una estrategia coordinada con los gobiernos de Córdoba y Buenos Aires.
