En la previa a la marcha universitaria por la falta de cumplimiento de la Ley de financiamiento aprobada en el Congreso, el Gobierno decidió un recorte de 78.768 millones de pesos en programas de la Secretaría de Educación y dejó sin efecto las transferencias destinadas a obras de infraestructura en universidades nacionales. Los recortes fueron oficializados a través de la Decisión Administrativa 20/2026. La mayor reducción recayó sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, que perdió 35.288.051.713 de pesos, con impacto directo en las transferencias a las provincias para su ejecución.
Plan de Alfabetización, universidades, becas y salarios docentes: cuáles son los recortes del Gobierno
El Ejecutivo oficializó una quita de 78.000 millones de pesos sobre programas de la Secretaría de Educación. Cuáles son los más afectados por los recortes
12 de mayo 2026 · 13:00hs
El Ejecutivo también suprimió el “Fondo de Compensación Salarial Docente”, destinado a equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales, con una quita de $8.929.835.294.
En materia de infraestructura escolar y equipamiento, el ajuste sumó $21.686.636.818. El programa de “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas” tuvo una baja de $6.649.536.538, dentro de la cual las becas estudiantiles perdieron más de $559 millones.
El recorte también alcanzó a las universidades nacionales: el anexo de la medida registró una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento, con obras suspendidas en trece casas de estudio.
La Universidad Nacional de La Plata fue la más perjudicada, con $1.043.000.000 menos. Le siguieron la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, con recortes de $700.000.000 cada una; Río Cuarto, con $680.500.000; y Entre Ríos, con $540.000.000.
Vale mencionar, en el marco del reclamo universitario que, según estimó el CEPA; el presupuesto del Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior”, que agrupa a las universidades nacionales, acumula una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025 bajo la gestión de Javier Milei.
Proyectado en pesos constantes a diciembre de 2026 (según la mediana del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central), el crédito vigente asciende a $4,87 billones, lo que profundiza esa brecha hasta una retracción acumulada del 41,6% frente a 2023.
La comparación con la Ley de Financiamiento Universitario, vetada por el Poder Ejecutivo y luego reimpulsada por el Congreso, amplía la dimensión del recorte. De haberse aplicado esa norma, el presupuesto de las universidades nacionales habría llegado a $8,49 billones a valores de 2026, con un crecimiento real del 33,8% respecto del nivel vigente en 2025 y apenas 1,9% por encima del de 2023, lo que equivalía a una recuperación casi plena del terreno perdido.
El proyecto del Gobierno apunta en otra dirección
El incremento propuesto del 13,1% elevaría el crédito a $5,51 billones a valores de 2026, pero en términos reales eso representa una caída del 2,1% frente a 2025 y del 33,9% respecto de 2023.
“Por lo tanto, mientras la Ley insistida permitía prácticamente recuperar el nivel presupuestario previo al ajuste realizado por el Gobierno, el proyecto del Ejecutivo consolida ese recorte en términos reales, lo que implica un presupuesto de universidades nacionales 35,1% inferior al que hubiera correspondido bajo la ley aprobada en el Congreso”, señaló el CEPA.
Mientras tanto, el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, dijo: “La consigna de ellos es ‘cumplan la ley’. No se puede cumplir porque es abstracta, quedó derogada al aprobarse el Presupuesto. Cuando vos aprobás una ley presupuestaria previa a la aprobación del Presupuesto, este la deroga de manera implícita, porque no puede haber asignaciones por fuera de eso”.
“Es el 50% de aumento de salario, lo que implicaría un gasto que el Estado no está en capacidad hoy económica de afrontar. Por eso nosotros decimos que incluso antes de que se votara el Presupuesto, también la norma estaba mal, porque incumplía la Ley de Administración Financiera, la cual dice que vos, para aprobar cualquier gasto, tenés que decir de dónde sale”, subrayó.
La planilla que detalla el megarecorte, está encabezada por la leyenda: 2026, año de la Grandeza Argentina:
En detalle:
Secretaría de Educación
Plan Nacional de Alfabetización: es el rubro con la quita nominal más alta, perdiendo $35.288 millones (-5,9%).
Infraestructura y Equipamiento: registró una de las caídas porcentuales más drásticas del sector, con un recorte de $21.687 millones, lo que equivale a una reducción del 46,6% de sus fondos.
Fondo de Compensación Salarial Docente: sufrió una baja de $8.930 millones, representando una quita del 33,8%.
Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas: se recortaron $6.650 millones (-2,2%).
Actividades Centrales: el gasto administrativo y de conducción de la Secretaría bajó $4.768 millones (-12,3%).
Información y Evaluación de la Calidad Educativa: tuvo una merma de $735 millones (-2,2%).
Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica: perdió $483 millones (-2,6%)..
Formación Docente: se redujeron fondos por $161 millones (-1,6%).
Becas a Estudiantes: el programa de Gestión y Asignación de Becas tuvo un recorte marginal de $2 millones.
Sector Universitario
El impacto directo en el sistema de educación superior se identifica en los siguientes puntos:
CONEAU: la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria sufrió un recorte de $32 millones, lo que significa una baja del 0,6% en su presupuesto de evaluación y acreditación.
Asistencia Financiera vía Tesoro: dentro de las Obligaciones a Cargo del Tesoro, se aplicó una quita masiva de $48.000 millones a la partida de Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes dependientes de la Secretaría de Educación. Esto representa una caída del 47,9% en el financiamiento indirecto que llega a diversos organismos del sector. Otros rubros
Cooperación e Integración Educativa Internacional: registró una disminución de $9 millones.
Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales: este programa, que suele articular acciones con el sector educativo, perdió $55 millones.
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