Diputados: Frente de Todos y Juntos acordaron sesionar

La Cámara de Diputados tendrá su primera sesión ordinaria del año el próximo martes para tratar un temario que cuenta con el consenso del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que revirtió su política de trabar la actividad parlamentaria, donde figuran el proyecto de fortalecimiento de la justicia de Santa Fe, con el fin de contar con mejores herramientas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, y la creación del monotributo para pequeños contribuyentes tecnológicos y un régimen cambiario específico.

Será la primera sesión que tendrá un amplio consenso tras la controversia desatada en octubre con la designación de los miembros del Consejo de la Magistratura, que luego se profundizó cuando la coalición opositora intentó trabar la actividad parlamentaria en rechazo a la presentación del oficialismo del juicio político a los miembros de la Corte Suprema.

Si bien el proceso de enjuiciamiento sigue adelante en la comisión con la declaración de testigos y se estima que se prolongará por los menos unos tres meses, la principal bancada opositora revisó su estrategia de buscar boicotear la tarea legislativa con el inicio de las sesiones ordinarias, cuando los legisladores retomaron la iniciativa parlamentaria.

De todos modos, el Frente de Todos -que conduce Germán Martínez- logró realizar una sesión el pasado 28 de febrero gracias a un acuerdo que selló con Provincias Unidas y el Interbloque Federal, con lo cual pudo convertir en ley la moratoria previsional, que beneficiará a unos 800 mil ciudadanos y ciudadanas.

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La sesión acordada entre el oficialismo y la principal bancada opositora -prevista para las 11- fue el resultado de las conversaciones que han emprendido la presidenta de la cámara, Cecilia Moreau (FDT), Martínez y la secretaria parlamentaria, Paula Penacca, con los principales líderes de Juntos por el Cambio, Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Juan Manuel López (CC), según informaron fuentes parlamentarias.

Eso quedó plasmado en el pedido de sesión impulsado por Martínez y que firmaron por el interbloque de JXC Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo de Loredo, de Evolución Radical; Juan Manuel López, de la Coalición Cívica y Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal.

También lo firmaron los denominados bloques del medio, los diputados del Interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giacómo, y del Interbloque Federal Alejandro "Topo" Rodríguez y Carlos Gutierrez, y los legisladores de Santa Fe de JXC, Mario Barletta, Federico Angelini, Gabriel Chumpitaz y del FDT Marcos Cleri.

El temario tiene como punto central el proyecto de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe para instituir el sistema acusatorio y así acelerar las causas contra el narcotráfico, en medio la ola de violencia, que se votará con un contundente respaldo ya que el dictamen en las tres comisiones obtuvo el apoyo del FDT, JXC, Provincias Unidas e Interbloque Federal.

Se trata de un proyecto presentado por el legislador del Frente de Todos (FdT) Roberto Mirabella y que es respaldado por los diputados santafesinos del oficialismo y de la oposición.

La iniciativa busca crear 27 fiscalías federales, 15 de ellas en Rosario; nueve defensorías y seis juzgados federales, así como seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión, 50 cargos en total, con el fin de poder avanzar con mayor rapidez con las causas penales.

De acuerdo con la Oficina de Presupuesto, "el impacto fiscal de la propuesta legislativa es de $1.106 millones anuales, aproximadamente".

"El proyecto propone la creación de 50 cargos, 36 en el Ministerio Público y 14 en el Poder Judicial, sin prever el detalle de las estructuras que los contienen", señala.

Según el organismo, las erogaciones en personal se estiman en "$1.564 millones, parcialmente compensadas por el ingreso de aportes y contribuciones a la Seguridad Social y el pago de Impuesto a las Ganancias que quedan en la Administración Nacional".

Posteriormente, la Cámara de Diputados debatirá el Régimen Simplificado y Régimen Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos, también conocido como Mono-Tech, para los profesionales que facturan sus servicios basados en el conocimiento y para quienes "participen en competencias de e-sports (nivel profesional)".

De esa manera, se busca evitar la informalidad de los trabajadores que desarrollan tareas para el exterior, así como aumentar la recaudación de divisas por servicios de exportación no registrados.

La medida incluye el beneficio cambiario de no liquidar las divisas y favorece a los pequeños exportadores de servicios basados en el conocimiento/e-gamers (sean autónomos o pequeños grupos), indicaron desde la Secretaría de Economía del Conocimiento.

El proyecto del nuevo esquema tributario propone 3 categorías de ingresos anuales: hasta US$ 10.000, hasta U$S 20.000 y hasta U$S 30.000.

Cada categoría se establece de acuerdo con el tope de ingresos y el monto integrado correspondiente a cada una de ellas que se abonará, incluye impuesto a las ganancias, obra social y aportes jubilatorios- y el monto a abonar se corresponde con las categorías establecidas en el Régimen D, F y H, precisaron.

Durante el plenario legislativo también se tratará el proyecto de reforma de la Ley de Sangre para incluir la obligación de informar a los donantes respecto del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), creado por la Ley 25.392.

De acuerdo al proyecto se consultará a los donantes sobre su voluntad de incorporarse al registro.

El proyecto fija que el Banco de Sangre es el ente técnico-administrativo integrado a establecimientos asistenciales oficiales o a entidades oficiales o privadas sin fines de lucro que tendrán como funciones el estudio, examen clínico, selección, clasificación de donantes y extracción de sangre; clasificación y control de sangre y sus componentes; y fraccionamiento de sangre para la obtención de componentes; y la conservación de sangre y sus componentes para la provisión según las necesidades.

Además se buscará convertir en ley el proyecto de ley por el cual se acepta la cesión de jurisdicción efectuada por la provincia del Chaco al Estado nacional para la creación del Parque Nacional y Reserva Nacional Laguna El Palmar.