A Amado Boudou le dieron prisión domiciliaria

El Tribunal Oral Federal 4 de Capital Federal, que dictó la condena por lo que se conoció como el Caso Ciccone, le otorgó la prisión domiciliaria al ex presidente Amado Boudou. El Servicio Penitenciario Federal lo trasladará a su departamento para que siga cumpliendo la condena.

El 27 de marzo el mismo tribunal había rechazado el pedido de excarcelación que había hecho su defensa, justificada en el riesgo de contraer coronavirus durante su detención en el Penal de Ezeiza.

El Servicio Penitenciario Federal no había incluido al ex funcionario kirchnerista entre los presos considerados en riesgo. Para el tribunal, la Covid-19 no implicaba una libertad automática para los detenidos.

Pero al parecer, un del Papa Francisco habría sido determinante para el ex vice de Cristina Fernández de Kirchner. “En la cárceles donde hay superpoblación, se corre el peligro de que esta pandemia termine en una grave calamidad -escribió dijo el Papa en su cuenta de Twitter- #OremosJuntos por los responsables, por quienes deben tomar decisiones, para que encuentren un modo justo y creativo de resolver este problema”, tuiteó hace poco el Papa. Ese mensaje habría sido tomado en cuenta por el juez para la decisión que tomó ahora.

La medida fue del juez Daniel Obligado, tras analizar la situación de la situación penal del ex vicepresidente. “El actual contexto mundial de emergencia sanitaria a causa del Covid 19, ciertamente trastoca prácticamente todas las pautas de las relaciones interpersonales, afectando entonces la implementación de los objetivos conductuales asumidos por el plexo normativo de la ejecución de las penas (ley 24.660), que en definitiva logren con éxito la inserción social de quien resulte condenado, una vez recuperada su plena libertad”, escribió.

Boudou cumplirá este arresto en el departamento del barrio de Barracas en el que viven su mujer y sus hijos. Quedará sujeto -advierte el fallo- al "Programa de Asistencia a Personas bajo Vigilancia Electrónica".

El caso Ciccone investigó la maniobra a través de la cual, según el juez Ariel Lijo, el ex vice -a través de terceros- "buscó quedarse con la imprenta privada más grande de la Argentina y la única con capacidad para imprimir billetes".