El presidente Yamandú Orsi firmó este miércoles el decreto reglamentario que habilita la entrada en vigencia de la Ley de Muerte Digna, normativa que legaliza la eutanasia en Uruguay.
Uruguay: entró en vigor la ley de eutanasia
El decreto firmado por el presidente del Uruguay fija condiciones, controles, pasos para solicitar el procedimiento con garantías médicas y supervisión estatal.
15 de abril 2026 · 19:47hs
Entró en vigor este miércoles en el Uruguay la ley de eutanasia.
El acto representa un hito a nivel regional, ya que el país se convierte en el tercero de América Latina en permitir el acceso a la muerte médicamente asistida, después de Colombia y Ecuador.
Nueva etapa en Uruguay
El texto legal había sido aprobado en octubre de 2025 por la Cámara de Senadores, tras un extenso debate político y social. La ley establece que podrán solicitar la eutanasia las personas mayores de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, que padezcan una enfermedad incurable e irreversible en etapa terminal, con sufrimientos considerados insoportables y un deterioro grave y progresivo de su calidad de vida.
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El procedimiento exige que la solicitud sea realizada de forma personal ante un médico y por escrito. En caso de que la condición física del paciente lo impida, podrá hacerlo a través de un tercero adulto. La reglamentación firmada por el Poder Ejecutivo también dispone la creación de una Comisión Honoraria de Revisión, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública y tendrá a su cargo el control de los procesos.
Este organismo será responsable de supervisar cada caso y garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley, actuando como una instancia independiente de evaluación. Su rol será clave para asegurar la transparencia y la correcta aplicación de la normativa en todo el territorio.
En un mensaje difundido en redes sociales, Orsi sostuvo que “la dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas” y remarcó que la firma del decreto es el resultado de “un proceso largo de debate, reflexión y escucha”. La declaración refuerza el enfoque del Gobierno en torno a la autonomía de las personas en el final de la vida.
La legislación contempla que podrán acceder tanto ciudadanos uruguayos, naturales o legales, como extranjeros con residencia habitual en el país. El médico interviniente deberá constatar que el paciente se encuentre en condiciones psíquicas adecuadas para tomar la decisión, además de informarle sobre todas las alternativas disponibles, incluidos los cuidados paliativos.
Más aspectos considerados
El proceso incluye la intervención de un segundo profesional de la salud, quien deberá evaluar tanto la situación clínica como la voluntad del paciente. Solo en caso de coincidencia entre ambos médicos se podrá avanzar hacia la instancia final del procedimiento.
En esa etapa, el solicitante deberá mantener una nueva entrevista con el primer médico para ratificar su decisión. La voluntad deberá quedar asentada por escrito en presencia de dos testigos, quienes no podrán tener ningún beneficio económico derivado del fallecimiento y deberán declarar bajo juramento.
El texto aprobado por el Senado, con 20 votos favorables, establece que el objetivo central es “regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir en las circunstancias que determinen”. De este modo, Uruguay incorpora un marco legal que busca dar respuesta a una demanda social creciente vinculada a los derechos individuales en situaciones de sufrimiento extremo.
La implementación de la norma abre ahora una nueva etapa en el sistema de salud, que deberá adecuar protocolos, capacitar profesionales y garantizar el acceso equitativo a este derecho en todo el país.
En paralelo, especialistas advierten que el desafío no solo será operativo, sino también ético y cultural, en un tema que continúa generando debate en distintos sectores de la sociedad.
La reglamentación también prevé mecanismos de registro y seguimiento de los casos, lo que permitirá contar con información sistematizada para evaluar el impacto de la ley en el mediano y largo plazo.
De esta manera, el país da un paso significativo en materia de derechos sanitarios, incorporando una herramienta legal que pone en el centro la decisión individual en contextos de enfermedad terminal y sufrimiento irreversible.