Paraguay: el Congreso frena la renuncia de Santiago Peña para someterlo a juicio político

En un giro inédito en la crisis política de Paraguay, el Congreso decidió no aceptar la renuncia presentada este jueves por el presidente Santiago Peña tras el escándalo por la intervención de Ueno Bank.

La bancada opositora y senadores del oficialista Partido Colorado buscan evitar que el mandatario obtenga fuero constitucional como senador vitalicio y promovieron un juicio político para su destitución. En paralelo, el fiscal general del Estado dispuso la apertura de tres causas penales para investigar la colocación de fondos públicos en el banco intervenido.

La crisis institucional en Paraguay alcanzó un punto de máxima tensión tras el anuncio de renuncia del presidente Santiago Peña. No obstante, la jornada parlamentaria derivó en un desenlace inesperado cuando el Poder Legislativo optó por rechazar la dimisión del jefe de Estado.

El rechazo a la renuncia y el impulso del juicio político

Pese a mantener una histórica rivalidad con el mandatario, legisladores de la oposición votaron en contra de aceptar la renuncia de Peña. La estrategia de los congresistas opositores buscó impedir que el gobernante saliente accediera de forma inmediata a la inmunidad parlamentaria y al fuero constitucional que la legislación del país otorga a los expresidentes mediante la figura de senadores vitalicios.

En lugar de validar el cese del mandato presidencial por la vía de la dimisión voluntaria, un bloque compuesto por senadores opositores y miembros del propio partido de Peña, el Partido Colorado, impulsó un procedimiento de juicio político con el objetivo explícito de destituirlo. La votación final sobre la renuncia quedó congelada temporalmente por falta de cuórum, luego de que varios legisladores abandonaran la sesión parlamentaria antes de sufragar.

En el marco de la sesión, el congresista Walter García exhibió en el recinto un cartel con la leyenda "¡Juicio político ya!". La jornada estuvo acompañada por enfrentamientos en los exteriores de la sede legislativa y versiones sobre una eventual salida del presidente del país.

Tras conocerse las acciones en el Congreso, Santiago Peña publicó un mensaje en la red social X en el que confirmó su decisión de someterse al juzgamiento parlamentario y ejercer su defensa: "Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia", afirmó Peña.

Poco después, el vocero de la Presidencia, Guillermo Grance, desmintió las versiones de fuga y ratificó que el mandatario permanece en su residencia oficial.

Apertura de tres causas penales por el Ministerio Público

En el plano judicial, el fiscal general del Estado de Paraguay, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura formal de tres causas penales contra Santiago Peña. La resolución fue adoptada a partir de las presentaciones realizadas ante el Ministerio Público por senadores y diputados de la nación, así como por una denuncia interpuesta por el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera Chávez.

Para encabezar las investigaciones, la Fiscalía General conformó un equipo especial integrado por agentes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, bajo la dirección operacional de la agente fiscal Silvia Margarita González Vóster y la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.

Las investigaciones del Ministerio Público buscan esclarecer los hechos denunciados entorno a la supervisión y resolución de Ueno Bank S. A., la colocación de fondos del erario público en dicha firma bancaria y el rol desempeñado por autoridades de diversas dependencias del Estado.

Antecedentes del caso

El trasfondo inmediato del colapso político se remonta a la intervención de Ueno Bank S. A. —uno de los principales bancos del sistema financiero paraguayo— efectuada el pasado martes por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Entre los antecedentes incorporados a las causas figura una ampliación de denuncia presentada el 22 de octubre de 2025. En dicho documento se formularon cuestionamientos sobre las deficiencias en la supervisión y resolución de la entidad intervenida, los mecanismos de colocación de recursos públicos y la actuación de las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), así como de las instituciones públicas depositantes.

Asimismo, los antecedentes judiciales integran denuncias promovidas por miembros del Senado contra funcionarios del Poder Ejecutivo, al igual que contra autoridades y exautoridades del BCP, del Instituto de Previsión Social (IPS) y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), a quienes se investiga por eventuales responsabilidades en la custodia y administración de los fondos estatales.