Monjas excomulgadas se niegan a dejar el convento

El arzobispo de la ciudad española de Burgos pidió el lunes a diez monjas clarisas excomulgadas, y en abierta rebelión contra el Vaticano, que abandonen su convento y anunció que recurrirá a “acciones legales” en caso de que no se retiren en un “plazo prudencial”.

”Ante la excomunión y expulsión de la vida consagrada, las diez religiosas carecen de título legal para permanecer en los monasterios y dependencias anejas, por lo tanto deberán abandonarlos”, declaró monseñor Mario Iceta en una conferencia de prensa en la ciudad del norte de España, dos días después de la excomunión oficial de las religiosas.

El plazo venció para que las monjas de Belorado entregasen las llaves del convento pero las religiosas no cumplirán con este requerimiento que les hacía el pasado jueves 6 de junio una delegación de la Iglesia, formada por Sor Carmen Ruiz, secretaria de la Federación de Clarisas, Nuestra Señora de Aránzazu, Don Rodrigo Sáiz, apoderado del Comisario Pontificio, y Don Carlos Azcona, notario del Tribunal Eclesiástico, cuando acudían al monasterio de Santa Clara en compañía de una notaria para instar a las religiosas cismáticas a que cedan la administración del complejo.

”De no producirse una salida voluntaria en fechas próximas, los servicios jurídicos no tendrán más remedio que iniciar las acciones legales a las que haya lugar”, avisó el arzobispo, sin dar un plazo a las monjas.

“No hemos establecido un plazo, un plazo prudencial, no queremos actuar de modo precipitado, queremos ser muy respetuosos y esperemos que ellas se den cuenta de que, al no ser ya religiosas, no pertenecen a los monasterios y no deben estar en ese lugar”, añadió. “No son monjas, son exmonjas. ¿Y qué hacen unas exmonjas en un convento de clausura?”.

Estas diez hermanas viven en el convento de Santa Clara en el pueblo de Belorado, un recinto del siglo XV en el corazón de un pueblo de 1800 vecinos a 50 kilómetros de Burgos.

En tanto, las religiosas ya contrataron un equipo jurídico para negociar con el Arzobispado “una solución pacífica y extrajudicial al conflicto que permita el reconocimiento de sus derechos personales y patrimoniales que están siendo expoliados”, según detalló El País.

El caso

Las religiosas decidieron a mediados de mayo abandonar la Iglesia y ponerse bajo la autoridad de un sacerdote excomulgado, Pablo de Rojas Sánchez-Franco. El asunto estalló en un contexto de disputas por la propiedad y acusaciones de pertenencia a una secta.

Fundador de la “Pía Unión de San Pablo Apóstol”, Pablo de Rojas Sánchez-Franco, expulsado de la Iglesia católica en 2019, afirma pertenecer al “sedevacantismo”, movimiento que considera herejes a todos los papas que sucedieron a Pío XII (1939-1958). Según el arzobispo de Burgos, él y otra persona no identificada llevan en el convento alrededor de un mes.

Fue la anulación de la compra de un convento en el País Vasco español lo que hizo saltar el conflicto. En 2020, las monjas llegaron a un acuerdo con el vecino obispado de Vitoria para comprar el convento de Orduña, pero la venta finalmente fracasó. La transacción fue “bloqueada desde Roma”, dijeron las religiosas.

También afirman ser perseguidas por su jerarquía.

A principios de junio, el arzobispo de Burgos, al que el Vaticano había pedido que zanjara el asunto, envió a varios representantes, acompañados de un agente judicial, para exigir, en vano, la entrega de las llaves de su convento.