El 19 y 20 de diciembre de 2001 son dos de las tantas fechas trágicas de Argentina y se cumple hoy un nuevo aniversario, el número 22. En medio de una profunda crisis económica, política e institucional, el gobierno de la Alianza encabezado por Fernando De la Rúa ordenó una brutal represión a los ciudadanos que protestaban en las calles. “¡Que se vayan todos!”, era el grito unánime en todo el país.
2001: a 22 años de la represión del 19 y 20 de diciembre
Esos días de diciembre de 2001, 39 manifestantes fueron asesinados cuando el Gobierno de Fernando De La Rúa intentó frenar el estallido popular con el estado de sitio y la represión y desencadenó la peor crisis social, institucional y política de la democracia.
"La prohibición de portar armas, la obligatoriedad de que la policía esté identificada, la responsabilidad de las autoridades políticas y judiciales, la protección del trabajo periodístico: fueron acuerdos para prevenir que vuelvan a ocurrir hechos como los del 2001. Este 20 de diciembre quienes quieran movilizarse lo harán bajo amenazas de violencia, criminalización y quita de protección social, en un clima de intimidación que achica la democracia y atenta contra los derechos", se expresó desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El estallido social terminó con 39 muertes, de las cuales tres ocurrieron en Paraná, más de 500 heridos por la represión estatal, y el presidente abandonando la Casa Rosada en helicóptero luego de dejar una carta.
“Al señor presidente provisional del honorable senado, ingeniero Ramón Puerta: Me dirijo a usted para presentar mi renuncia como Presidente de la Nación. Mi mensaje de hoy para asegurar la gobernabilidad y constituir un Gobierno de unidad fue rechazado por líderes parlamentarios.
Confío que mi decisión contribuirá a la paz social y a la continuidad institucional de la República. Pido por eso al honorable Congreso que tenga a bien aceptarla.
Lo saludo con mi más alta consideración y estima y pido a Dios por la ventura de mi Patria.
Fernando de la Rúa”
Una síntesis
A fines de los 90, el modelo de la convertibilidad (uno a uno) impuesto por el presidente Carlos Saúl Menem comenzó a flaquear y la recesión comenzó a sentirse principalmente en los sectores más vulnerables. Fernando de la Rúa, candidato de La Alianza, asumió en 1999 con una esperanza de cambio. Sin embargo, los intentos de estabilizar económicamente el país fracasaron.
Tras varias políticas de ajustes, en diciembre de 2001 se inicia un proceso de fuga de capitales. El entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, intentó contener la sangría de divisas mediante el “corralito”, prohibiendo el retiro de efectivo de los bancos a 250 USD semanales. La medida agravó la situación, afectando cadenas de pagos, comercios y a los trabajadores. Las huelgas, piquetes y saqueos comenzaron a generalizarse.
Con una situación insostenible, en la noche del 19 de diciembre de 2001, el presidente Fernando de la Rúa decretó el estado de sitio, quedando suspendidas las garantías constitucionales. El anuncio provocó que las personas salieran a las calles y se manifestaran al grito de “¡Que se vayan todos!”.
Tras varios intentos de llamado al diálogo, De la Rúa renunció el 20 de diciembre por la tarde dejando 39 muertos y más de 500 heridos por la represión estatal,
Desde mayo del 2022, están en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pendientes de ratificación, las condenas efectivas de los principales funcionarios que entonces ocupaban el Ministerio de Seguridad así como la Policía Federal.
Se trata de Enrique Mathov (exsecretario de Seguridad); Rubén Santos (exjefe de la Policía Federal) y Norberto Gaudiero (exdirector general de Operaciones de la Policía Federal), cuyas responsabilidades fueron confirmadas por la Cámara Federal de Casación Penal el 13 de diciembre del 2021.
Los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma ratificaron la condena a 4 años y 3 meses de prisión para Mathov, más ocho años y seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos; y la sentencia de tres años y seis meses para Santos, con siete años de inhabilitación para ejercer como funcionario.
Esto se produjo luego de que las defensas de ambos funcionarios recurrieran a Casación para que se reconsideraran los montos de las penas por los homicidios de Riva, Almirón y Lamagna, además de las lesiones culposas sufridas por una veintena de manifestantes que salieron a las calles en esas turbulentas jornadas.
Por otra parte, desde el punto de vista parlamentario, tampoco tuvo éxito el proyecto de reparación histórica a las víctimas y a sus derechohabientes que si bien fue aprobado por unanimidad en el Senado, el 16 de noviembre del 2022, no tuvo tratamiento posterior en Diputados.
Las víctimas de la represión de diciembre 2001
Acosta, Graciela, 35 años.
Almirón, Carlos "Petete", 24 años
Álvarez Villalba, Ricardo, 23 años
Arapi, Ramón Alberto, 22 años
Aredes, Rubén, 24 años
Abaca, Elvira, 46 años
Ávila, Diego, 24 años
Benedetto, Gustavo Ariel, 30 años
Campos, Walter, 17 años
Cárdenas, Jorge, 52 años,
Delgado, Juan, 28 años
Enríquez, Víctor Ariel, 21 años
Fernández, Luis Alberto, 27 años
Ferreyra, Sergio Miguel, 20 años
Flores, Julio Hernán, 15 años
García, Yanina, 18 años
Gramajo, Roberto Agustín, 19 años
Guías, Pablo Marcelo, 23 años
Gómez, Cristian
Iturain, Romina, 15 años
Lamagna, Diego, 26 años
Legendre, Cristian Eduardo, 20 años
Lepratti, Claudio "Pocho", 35 años
Machado, Graciela
Márquez, Alberto, 57 años
Moreno, David Ernesto, 13 años
Mataza, Daniel Enrique
Pacini, Miguel Marcelo Alejandro, 15 años
Paniagua, Rosa Eloísa, 13 años
Pedernera, Sergio, 16 años
Pereyra, Rubén, 20 años
Ramírez, Damián Vicente, 14
Ríos, Sandra Riva,
Tasca, Maximiliano
Riva Gastón Marcelo, 30 años
Rodríguez, José Daniel
Rosales, Mariela, 28 años
Salas, Ariel Maximiliano, 30 años
Spinelli, Carlos Manuel, 25 años
Torres, Juan Alberto, 21 años
Vega, José, 19 años
Villalba, Ricardo, 16 años.





















