La elevación a juicio por los contratos truchos vuelve moverse desde el 26 de mayo

Después de meses de paralización por la discusión de múltiples planteos de las defensas, finalmente se reanudará el tramo clave de la discusión de elevación a juicio en la denominada Causa de los Contratos Truchos de la Legislatura. Las audiencias, que habían quedado suspendidas mientras se resolvían incidencias procesales en distintas instancias, volverán a desarrollarse a partir del 26 de mayo.

Según quedó establecido en la resolución de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), las jornadas continuarán desde el martes 26 de mayo a las 9 de la mañana y se extenderán hasta el viernes 10 de julio, con un esquema de trabajo intensivo. El cronograma prevé audiencias los días martes y viernes de 9 a 13 horas, mientras que los miércoles y jueves se desarrollarán de 9 a 13 y también en turno vespertino de 16 a 19 horas. Todas las jornadas se llevarán a cabo en el Salón de Audiencias N°1.

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El proceso está a cargo de la jueza de Garantías Marina Barbagelata, quien deberá resolver si la investigación avanza hacia juicio oral en una causa que involucra a varios imputados y que viene atravesando una extensa etapa de discusión previa. El debate por la elevación a juicio comenzó originalmente el 22 de abril de 2025, pero meses después ingresaron varios planteos de los defensores que paralizaron el proceso. En el centro del expediente se encuentra un esquema de presunto desvío de fondos públicos de la Legislatura entrerriana ocurrido entre 2008 y 2018, con un monto estimado de 53 millones de dólares. Según la hipótesis fiscal, esos fondos habrían sido canalizados hacia inversiones inmobiliarias y actividades agroganaderas con el objetivo de ocultar su origen ilícito. La reactivación del cronograma llega luego de que la Cámara de Casación Penal rechazara las impugnaciones extraordinarias presentadas por defensas de distintos imputados, lo que destrabó la continuidad del proceso. En su resolución, el tribunal consideró que los recursos habían sido mal concedidos.

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En abril del año pasado, el fiscal Ignacio Aramberry sostuvo que se trata de una investigación de gran magnitud por hechos de corrupción: “Estamos ante una investigación de corrupción donde se saqueó a la Legislatura durante una década”. La causa también cuenta con la intervención de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, mientras que la Fiscalía de Estado de Entre Ríos actúa como actor civil, con el objetivo de reclamar la reparación del presunto perjuicio económico causado al Estado. En paralelo, el expediente continúa con una división entre imputados: un grupo accedió a la suspensión del juicio a prueba, mientras que otros deberán afrontar la discusión de elevación a juicio. Con la reanudación de las audiencias, el expediente ingresa en una etapa decisiva, en la que la jueza Barbagelata deberá definir si la causa finalmente se encamina hacia el juicio oral.

Los imputados, son: Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.

Entre la evidencia, la Fiscalía cuenta con correos, listado de personas con contratos apócrifos y cheques.

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La maniobra

Sumarse al esquema no requería más que una conexión personal: ser familiar, allegado o conocido de algún contratista era suficiente. El epicentro de la operatoria fue un estudio contable -Integral Asesoría- ubicado en la calle Misiones al 400, en Paraná. Desde allí se articulaban contratos inexistentes, se emitían documentos fiscales apócrifos y se gestionaban pagos de impuestos utilizando una terminal habilitada.

Según los investigadores, desde allí se facilitaron los mecanismos contables necesarios para simular la legalidad de los movimientos. Al dar cuenta de cómo era la maniobra de sustracción de dinero de la Legislatura, el fiscal Ignacio Aramberry sostuvo: “Un grupo de personas constituían la mano de obra que ejecutaba las directivas de quienes estaban por encima. Este grupo reclutaba falsos contratistas y percibía el dinero que iba liberando la Legislatura. El señor Hugo Mena se encargaba de registrar todo y lo hacía de manera prolija dando cuenta día a día de la actividad de la empresa delictiva a los efectos de rendir cuentas a los eslabones superiores de la cadena”.

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“El dinero, una vez colectado, se le hacían los descuentos correspondientes: los cobradores, la cochera donde iba el vehículo que llevaba a los cobradores, gastos en general y los cajeros del banco, además de los porcentajes correspondientes a Beckman y Mena y el neto era rendido a Gustavo Pérez o Alfredo Bilbao, quienes lo distribuían o lo aplicaban en beneficios propios en inversiones. En algunas ocasiones también era distribuido de manera final a Juan Domingo Orabona, Jorge De Breuil, Gustavo Pérez y Sergio Cardoso, completó.