El Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, defendió la intervención del organismo como actor civil en el marco de la causa conocida como los contratos truchos de la Legislatura de Entre Ríos, que investiga un desfalco millonario ocurrido entre 2008 y 2018, con un perjuicio económico estimado por la Fiscalía de alrededor de 53 millones de dólares. En una entrevista con UNO, Signes explicó el alcance de la participación del organismo que dirige.
Contratos truchos: "Buscamos la reparación del daño", dijo Rodríguez Signes
El Fiscal de Estado defendió la intervención en la causa contratos truchos de la Legislatura y destacó la necesidad de obtener la reparación por el desfalco.
Por Gonzalo Núñez
13 de agosto 2025 · 07:41hs
El Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes (der.) junto al fiscal de Estado Adjunto, Martín Rettore.
“Buscamos la reparación del daño”
En los Tribunales de Paraná, Signes destacó que el objetivo principal de la Fiscalía de Estado es obtener la reparación del daño ocasionado a las arcas del Estado provincial. Señaló que esta intervención, que no es habitual en todas las causas, se da por la particularidad del caso. "Nosotros intervenimos en la causa dentro del proceso penal, planteando la acción civil para obtener la reparación. No lo hacemos siempre, en muchos casos esperamos a que se dicte la sentencia penal y luego actuamos, pero en este caso la complejidad y extensión del proceso nos obliga a actuar en conjunto", indicó a UNO. En la audiencia también estuvo el secretario adjunto, Martín Rettore y el director de Asuntos Judiciales de la Fiscalía de Estado, Lautaro Datto.
El proceso judicial se inició en 2018, y hasta la fecha no está claro cuándo se llevará a cabo el juicio. "Estamos en 2025 y aún no hay una fecha de juicio clara, por lo que no podemos esperar hasta el final. Tenemos que ir concomitantemente. ¿Qué planteamos? El resarcimiento del daño conforme a la prueba judicial", agregó Signes.
Respecto al monto total involucrado, detalló que, según los cálculos preliminares, la cifra original asciende a 372 millones de pesos, que corresponden al período en que se habrían realizado los pagos irregulares. "Esa cifra corresponde al capital de 2021, pero no es un monto definitivo, ya que debe ser actualizado. El valor de los 372 millones de pesos de 2021 no tiene el mismo poder adquisitivo hoy. La actualización dependerá de diferentes factores", explicó.
Y precisó: "Hubo una pericia que hizo el Ministerio Público Fiscal y que dolarizó. Nosotros sostenemos que si los pagos fueron en peso, los reclamos van a ser en peso. Pero hay distintas maneras de actualizar. Y yo no puedo arriesgar hoy un número. Simplemente puedo decir que, a valores históricos de la pericia que a su vez tomó valores históricos, eran 372 millones de pesos. Si la pericia fue en el 2021, la pericia fue tomando los pagos que se hicieron en los periodos que se investigaron".
En este sentido, reiteró que hay diversas maneras de realizar la actualización. Una de ellas es utilizando los índices de inflación, pero también se podría aplicar un índice de variación salarial o incluso dolarizar los montos, aunque el Fiscal de Estado descartó esta última opción.
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Durante el proceso, las defensas de los imputados han presentado varias objeciones, principalmente sobre la legitimación de la Fiscalía de Estado para plantear la acción civil, la prescripción de los hechos y el modo de proponer la demanda (considerándolos a todos como responsables solidarios). "La prescripción está interrumpida a partir de que se inició la denuncia penal y a partir de que se interpuso la demanda en tiempo y forma. No hay prescripción", dijo sobre el primer tópico.
En cuanto a la legitimación pasiva de algunos imputados, específicamente aquellos pertenecientes al Tribunal de Cuentas (Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz y Marta Aurora Pérez), sostuvo: "Lo que sostenemos es que esto fue un sistema de corrupción. Es decir, que todos quienes están de alguna manera vinculados a la causa tuvieran algún grado de participación articulada. Por lo tanto, nosotros no podemos excluir a ninguno de los que están imputados. Los que están imputados son responsables solidarios por estos hechos".
Las defensas también plantean un supuesto defecto legal en el modo de proponer la demanda. Al respecto, el titular de la Fiscalía de Estado dijo: "Dicen que nosotros imputamos o pretendemos el resarcimiento del daño contra todos por el mismo monto. Y sí, porque justamente partimos de la base de que esto funcionó como sistema. Entonces hay una suerte de responsabilidad solidaria. Eso es lo que nosotros vamos a plantear. A seguir insistiendo, porque en realidad ya lo planteamos".
Signes anticipó que las objeciones de las defensas seguirán siendo debatidas en las próximas audiencias y podrían llegar, incluso, hasta la Corte Suprema. "Hoy estamos ante el Tribunal de Apelaciones, y no descartamos que la causa continúe escalando. Por eso tomamos la decisión de actuar civilmente dentro del proceso penal. Sabíamos que esto podía llevar mucho tiempo y que el caso tenía sus complejidades", concluyó.
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Planteos de los defensores
Este martes ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, a cargo de la jueza Carolina Castagno, los abogados defensores reclamaron la exclusión de evidencia de cara al juicio y que se revoque la decisión de la jueza Marina Barbagelata, del 9 de junio. En concreto, los defensores cuestionan la incorporación al juicio de cierta evidencia digital (desde su recolección hasta su análisis) y la citación como testigos de contratados truchos.
En el primer caso, sostienen que existió arbitrariedad en los allanamientos donde se secuestraron los dispositivos, como así también en la extracción de información y el posterior análisis. Como en otras causas de corrupción, cuestionaron a los peritos del Ministerio Público Fiscal, por considerar que no son personal idóneo matriculado en el Colegio de Profesionales de Ciencias Informáticas de Entre Ríos (COPROCIER), la entidad encargada de regular y controlar la habilitación y vigencia de las matrículas profesionales en ciencias informáticas en la provincia.
En el caso de los testigos, argumentaron que la Fiscalía no puede llevar a juicio a un grupo de contratados que reconocen haber prestado su nombre para contratos apócrifos. Señalaron que se viola el principio de autoincriminación. Citan el artículo 18 de la Constitución nacional, el cual establece que "nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo".
Cabe recordar que en abril de este año 12 imputados accedieron a una suspensión de juicio a prueba. Ellos fueron: María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
En tanto, los imputados que la Fiscalía busca llevar a juicio, son: Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.
