La Justicia elevó a juicio oral la causa por presunto enriquecimiento ilícito de Rubén Darío Garcilazo, exintendente de Victoria por el peronismo. El expediente se inició en 2016 cuando la investigación cobró impulso formal a raíz de la presentación realizada por el dirigente radical César Zuccotti. Lo curioso de la trama es que esté último terminó condenado este año en otra causa por delitos contra la administración pública.
Exintendente será llevado a juicio y su denunciante terminó condenado
César Garcilazo, exintendente de Victoria, será juzgado por supuesto enriquecimiento ilícito. Su denunciante fue condenado en otra causa
11 de mayo 2026 · 11:53hs
Más de 40 medidas probatorias
En cuanto a la causa contra Garcilazo, a lo largo de este tiempo, los fiscales ejecutaron más de 40 medidas probatorias. Estas incluyeron pedidos de informes a diversos organismos públicos con el fin de reconstruir el patrimonio del exfuncionario. El punto de inflexión de la pesquisa ocurrió a fines de 2016, cuando el cuerpo de peritos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) entregó una auditoría técnica que resultó lapidaria: se detectó una diferencia de un millón de pesos entre el capital declarado por el exintendente y lo que podía justificar. Cabe destacar que, debido a la cotización de la moneda en aquel momento, esa cifra equivalía a más de 100.000 dólares. Frente a esta acusación, según señaló el sitio Paralelo 32, la defensa de Garcilazo sostuvo que el monto excedente provenía de un aporte realizado por un familiar. No obstante, esta explicación no fue suficiente para los fiscales, quienes mantuvieron la imputación, logrando que el juez de Garantías Alejandro Calleja ordene la elevación a juicio.
A pesar del avance, la justicia para los ciudadanos de Victoria aún deberá esperar. Según datos de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), la agenda de juicios para este año se encuentra completa, lo que postergaría el debate hasta el año 2027. El exintendente deberá comparecer ante el Tribunal de Juicio de Gualeguay, el cual ya está conformado por los jueces Dardo Tórtul, Roberto Javier Cadenas y Matilde Federik.
En caso de ser hallado culpable, las consecuencias legales serán severas: enfrenta una pena de entre 2 y 6 años de prisión, el pago de una multa y, fundamentalmente, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Denunciante condenado
El giro más cinematográfico de esta historia lo protagoniza el dirigente radical César Zuccotti. Durante treinta años, construyó una carrera política basada en su perfil como “denunciador serial” de hechos de corrupción, la mayoría de los cuales terminaron archivados. Fue él quien, en 2016, puso la firma para la denuncia que hoy tiene a Garcilazo a las puertas de un juicio. Sin embargo, la integridad de Zuccotti quedó definitivamente desmoronada en marzo de este año, cuando firmó un abreviado admitiendo su culpabilidad en un esquema de fraude y abuso de autoridad. Los hechos ocurrieron en 2017, mientras se desempeñaba como Secretario de Planeamiento de la Municipalidad de Victoria. Según la investigación, utilizó su poder jerárquico para presionar a un empleado del área de Obras Sanitarias. El objetivo era que modificara de forma ilegal la categorización de dos lotes de propiedad de Zuccotti en el sistema municipal. Mediante esta maniobra, logró que sus terrenos figuraran fraudulentamente como si tuvieran “servicio medido de agua”, lo que le permitió pagar menores tasas. Así, entre enero de 2018 y diciembre de 2020, el municipio dejó de percibir la suma de $162.687,79. Si bien el número puede parecer menor, la actualización de dicha deuda a valores de marzo de 2023 arrojó una cifra cercana al millón de pesos.
Por este accionar, el juez de garantías -el mismo que elevó la causa de Garcilazo— condenó a Zuccotti a dos años de prisión condicional. Además, se le impuso la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, al ser hallado responsable de los delitos de abuso de autoridad, fraude a la administración e instigador de falsedad ideológica. El empleado municipal que cumplió sus órdenes recibió una condena de un año y nueve meses de prisión condicional por falsificación de registros públicos.