En la segunda jornada de audiencias por la causa "Contratos Truchos" de la Legislatura, el fiscal Ignacio Aramberry salió al cruce de los cuestionamientos de las defensas, que este martes habían solicitado la exclusión de documentos de compraventa de inmuebles y depósitos bancarios secuestrados en distintos allanamientos.
Contratos truchos: la fiscalía defendió la evidencia secuestrada
El fiscal Aramberry defendió los allanamientos y pruebas en la causa "Contratos Truchos". “Estamos investigando una década de saqueo a la Legislatura”, dijo.
23 de abril 2025 · 11:48hs
El fiscal Aramberry defendió los allanamientos y pruebas en la causa "Contratos Truchos". “Estamos investigando una década de saqueo a la Legislatura”, dijo.
Argumentaron que dichos elementos no guardaban relación con el objeto procesal definido en la orden de allanamiento, que refería exclusivamente a documentación vinculada con la Cámara de Senadores y Diputados.
En la discusión de elevación a juicio intervienen los abogados defensores Damián Petenatti, Iván Vernengo, José Velázquez, Emilio Fouces, Tomás Vírgala, Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, entre otros.
El fiscal respondió ante la jueza Marina Barbagelata justificando la validez de los elementos incautados. “Estamos ante una investigación de corrupción donde se saqueó a la Legislatura durante una década. No podemos pecar de ingenuos ni caer en formalismos excesivos al pretender excluir documentación relacionada con inversiones o cuentas sospechadas de ser producto del ilícito”, sostuvo Aramberry, según registró UNO.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, entre 2008 y 2018 se habría desviado ilegalmente un monto estimado en 53 millones de dólares mediante contratos apócrifos. Ese dinero, de acuerdo a la hipótesis fiscal, habría sido canalizado hacia inversiones inmobiliarias y agrícolas ganaderas con el objetivo de disimular su origen ilícito.
A modo de ejemplo, el fiscal leyó en audiencia un correo electrónico clave en el que el contador imputado Ariel Faure instruía al matrimonio conformado por Flavia Beckman y Hugo Mena sobre contratos y listados que coincidían con planillas secuestradas en el domicilio de los imputados, entre ellos de Alfredo Bilbao. “Faltan estos contratos de la CADI (NdR: Cámara de Diputados) y el listado de once nombres que coinciden con las planillas”, decía el mensaje, que cerraba con la firma del estudio contable e impositivo de Faure.
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Además, Aramberry detalló cómo tanto Gustavo Pérez como Sergio Cardoso, responsables de los servicios contables del Senado y Diputados, respectivamente, no solo estaban directamente implicados en la operatoria sino que también tenían familiares contratados en la maniobra. Pérez había incluido a su pareja, Verónica Caino, y Cardoso a su hija Virginia. Lo llamativo, indicó el fiscal, es que esos vínculos eran gestionados por el matrimonio Mena-Beckman, en cuyo domicilio se halló documentación vinculada a ambas familiares.
En cuanto a la supuesta “extralimitación” en los allanamientos, Aramberry fue contundente: “El artículo 23 del Código Penal permite el decomiso del producto del ilícito y, para ello, debemos asegurarlo con medidas cautelares adecuadas. Es pertinente que estos documentos hayan sido incautados. Es absolutamente pertinente porque había documentación de aquellas personas que estaban sospechadas”, afirmó.
Uno de los casos mencionados fue el del imputado Bilbao, quien tenía en su poder una escritura de compraventa a nombre de Esteban Scialocomo y su pareja, otros de los imputados en la causa. Según la Fiscalía, este tipo de documentación resulta esencial para determinar el destino de los fondos públicos desviados.
La investigación, según reconoció el propio fiscal, tuvo serias dificultades iniciales: “Nos costó mucho al comienzo. Las cámaras se negaban a entregarnos la documentación original, pero logramos reunir elementos serios que fundamentaron las autorizaciones de allanamiento dispuestas por su señoría”. La causa continúa, y se espera que en las próximas audiencias se avance en la incorporación de pruebas clave y en la exposición de las defensas de los múltiples imputados.
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Quiénes accedieron a probation
La semana pasada, 12 imputados accedieron a una suspensión de juicio a prueba. Ellos fueron: María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
Los imputados que van a juicio
Los imputados que deberán sortear la discusión de elevación a juicio, son: Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.