Contratos truchos: decodificadora emocional, martillero, analista y comerciantes acceden a probation

Un grupo de personas acusadas en el marco de la causa conocida como los "Contratos Truchos de la Legislatura" accedieron a la probation o suspensión de juicio a prueba. El acuerdo fue presentado este martes por la mañana en los Tribunales de Paraná y beneficia a ocho personas, que evitarán el juicio oral y público. Entre los imputados se encuentra una decodificadora emocional, un martillero público, un analista de sistema y comerciantes.

La jueza de Garantías, Marina Barbagelata aprobó los acuerdos celebrados entre abogados defensores y los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los imputados que accedieron a la suspensión del juicio a prueba, son: Renato Jesús Mansilla, Nicolás Beber, Verónica Caíno, Fernando Gastón Sarnaglia, Alejandro Rubén Ferreyra, María Victoria Álvarez y María Macarena Álvarez y Andrea Noemí Beatriz Demartín.

El acuerdo propuesto incluye una suspensión del juicio por tres años, durante los cuales los imputados deberán cumplir 96 horas de tareas comunitarias, en una institución a ser determinada por la Oficina de Medios Alternativos (OMA) del Poder Judicial. A modo de reparación económica, abonarán cada mes 10% de su sueldo. Así, una vez que cumplan con estas condiciones, los ocho imputados serán sobreseídos.

En la investigación, que abarca de 2008 a 2018, la Fiscalía los ubicó en el rol de "reclutadores" y "cobradores" de los contratos que produjeron un desfalco a la Legislatura. En materia penal, se les endilgó el delito de peculado reiterado en calidad de partícipes necesarios, relacionados materialmente con el delito de asociación ilícita.

Por otra aparte, se supo que el contador público Gustavo Falco -defendido por el abogado Emilio Fouces- será sobreseído ya que la Fiscalía entendió que no participó activamente de la organización. Este pedido se formalizará el 22 de abril, cuando inicie la discusión de la remisión de la causa a juicio.

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Quiénes accedieron a probation

Los imputados que este martes accedieron a una probation tenían contratos de locación de obra en la Cámara de Senadores y Diputados. Como la gran mayoría de los acusados en la investigación, no son personas conocidas. Por el contrario, muchos son profesionales que se prestaron para la maniobra que la Fiscalía quiere llevar a debate oral y público.

"En cuanto a la intervención los hechos, se advierte un denominador común en cuanto a que sus aportes básicamente consistían en el reclutamiento de falsos contratistas y la cobranza de cheques de vínculos apócrifos. Además, todos ellos tenían a su nombre contratos con la legislatura y respectivos honorarios, aunque no realizaban contraprestación alguna", refiere la acusación fiscal en el auto de remisión a juicio.

Verónica Caíno, es decodificadora bioemocional. Tiene 47 años y es, de acuerdo al expediente judicial, esposa de Gustavo Pérez, quien fue Director Administrativo Contable del Senado. Este último será llevado a juicio como parte fundamental de la organización.

En tanto, Renato Mansilla, de 35 años, es martillero público y corredor de comercio; Nicolás Beber, de 45 años, es analista en sistemas; Andrea Demartin, de 36 años, es empleada de comercio; Fernando Sarnaglia, de 33 años, también figura como empleado de comercio; comerciantes son Alejandro Ferreyra, de 33 años, y las hermanas María Macarena y María Victoria Álvarez, de 35 y 37 años respectivamente. Amabas son hijas de Flavia Beckman, quien va a juicio.

La maniobra

La cifra actualizada por el presunto desfalco a la Legislatura asciende hoy a 53 millones de dólares. La tesis de los investigadores es que el dinero sustraído, para disimular su origen ilícito, se destinó a diferentes inversiones inmobiliarias y agrícola-ganaderas.

Sumarse al esquema no requería más que una conexión personal: ser familiar, allegado o conocido de algún contratista era suficiente. La red se amplió casi exclusivamente a través de recomendaciones informales, sin controles ni filtros.

El epicentro de la operatoria fue un estudio contable -Integral Asesoría- ubicado en la calle Misiones al 400, en Paraná. Desde allí se articulaban contratos inexistentes, se emitían documentos fiscales apócrifos y se gestionaban pagos de impuestos utilizando una terminal habilitada.

Según los investigadores, los contadores Pedro Opromolla, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure tuvieron un rol determinante, ya que facilitaron los mecanismos contables necesarios para simular la legalidad de los movimientos.

Remisión a juicio

En la investigación, cuya elevación a juicio comenzará a tratarse el 22 de abril, la Fiscalía sostiene lo siguiente: "Al menos entre el período de tiempo que va desde el mes de enero del año 2008 al 20/09/2018, Flavia Marcela BECKMAN, Hugo Rubén MENA, Hugo Américo LUNA (f), Esteban Ángel Alberto SCIALOCOMO, María Victoria ÁLVAREZ, Jorge Pablo BALLADARES, Jazmín MENA GIOVENI, Fernando Gastón SARNAGLIA, María Macarena ÁLVAREZ, Viviana Giselle MENA GIOVENI, Alejandro Rubén FERREYRA, Alfredo BILBAO, Roberto Ariel FAURE, Sergio Esteban CARDOSO, Gustavo Hernán PÉREZ, Juan Domingo ORABONA, y otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización.- Esta actividad, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en Enero de 2008, con un número aproximado de cien (100) contratos, que ascendían a pesos cuatro mil quinientos ($4.500), continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho -20/09/18- con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de pesos cincuenta mil ($50.000) por vínculo. Por otra parte, en el ámbito de la Cámara de Diputados, tal sustracción se habría iniciado luego del 11/12/2011, con contratos de pesos cinco mil ($5.000), y que también se incrementaron hasta llegar al monto de pesos cincuenta mil ($50.000) por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018".

"Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con mas de setecientos (700) contratistas -los que se encuentran individualizados en el anexo que forma parte del presente-. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia BECKMAN y Hugo MENA.- Esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado", se agrega.

Más adelante, detalla: "La maniobra descripta, también contó, como aporte indispensable, con la omisión a los deberes de control por parte de los Auditores Estables, Revisores y Fiscal del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos con desempeño en el período investigado.- Los integrantes de la organización Flavia Marcela BECKMAN, María Victoria ÁLVAREZ, Alfredo BILBAO, Roberto Ariel FAURE, María Jazmín MENA GIOVENI, Viviana Giselle MENA GIOVENI, Jorge Pablo BALLADARES, María Macarena ÁLVAREZ, Fernando Gastón SARNAGLIA, Esteban Ángel Alberto SCIALOCOMO, Alejandro Rubén FERREYRA, Renato Jesús MANSILLA y Hugo Rubén MENA, eran remunerados también a través de contratos transitorios con el Honorable Senado de la Nación, en concreto, mediante contratos dados por los Sres. Senadores de la Nación Pedro Guillermo Ángel GUASTAVINO y Sigrid Elisabeth KUNATH.- Se ha estimado de manera provisoria que el monto sustraído al patrimonio estatal superaría, a valores actualizados, la suma de dos mil millones de pesos ($2.000.000.000). La sustracción de dicha suma se consumó, a través de las contrataciones de las personas que en el anexo que forma parte del presente se indican, sin perjuicio de otras cuya identidad hasta el momento se desconoce".