Condenan a un hombre por trasladar explosivos sin permiso en Entre Ríos

El 12 de junio de 2024, una mañana que comenzaba como cualquier otra en el control policial de Santa María, en Crespo -cercano al empalme de las rutas 12 y 127-, se transformó en un punto de inflexión en una investigación que sacudiría los cimientos de la seguridad provincial.

Alberto Nelson Barnada, un hombre de 77 años nacido en Chajarí y residente en Posadas, Misiones, se encontraba al volante de su camioneta Toyota Hilux, con una carga que, a simple vista, parecía ser un envío rutinario de agroquímicos. Sin embargo, algo no cuadraba, y tras una revisión más exhaustiva, los policías descubrieron lo impensable: 20 cajas llenas de explosivos de alto poder.

En total, medio tonelada de Gelamon V.F. 65%, un material extremadamente peligroso, cuya presencia en la ruta no solo desbordaba las expectativas, sino que desataba una alarma inmediata. La carga había sido adquirida en Córdoba, cerca de Alta Gracia, a través de la firma FATMAN, una empresa abastecida por Fabricaciones Militares. Pero lo más grave de todo era que Barnada no contaba con la más mínima autorización ni para comprar ni para transportar esos explosivos.

Las circunstancias de su detención generaron una fuerte repercusión. El entonces ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, siguió de cerca el caso, consciente de la magnitud del riesgo que representaba el cargamento. Incluso los policías que realizaron el hallazgo recibieron un reconocimiento del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, por su acertada intervención.

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En el juicio, que se realizó en agosto, Barnada trató de minimizar la gravedad de la situación. En primer lugar, explicó que había decidido realizar el viaje en esas condiciones para ahorrarse el costo de un transporte adecuado, argumentando que su cliente, una importante empresa constructora, carecía de los permisos necesarios para la compra del material.

Además, trató de restar importancia al peligro inminente de transportar una carga tan peligrosa a través del túnel subfluvial, uno de los pasos más transitados entre Entre Ríos y la ciudad de Paraná. En sus palabras, no era consciente del riesgo que corría al trasladar explosivos sin ninguna medida de seguridad.

Pero la jueza Noemí Berros, al dictar sentencia, no pudo ignorar la magnitud del delito. El Tribunal Oral Federal de Paraná decidió imponerle a Barnada una condena de tres años de prisión condicional por la tenencia ilegal de explosivos. Además, se ordenó el decomiso de la camioneta y el material explosivo, y el juzgado federal continuó investigando el destino final de esa carga tan peligrosa.

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La condena, aunque no incluyó prisión efectiva, fue un claro recordatorio de que los límites de la ley no se pueden burlar, sin importar la experiencia que uno tenga en otros campos. Y mientras Barnada intentaba justificar sus acciones, lo cierto es que su carga de explosivos cruzó el túnel subfluvial, uno de los lugares más transitados de la provincia, dejando atrás un camino marcado por la imprudencia, el peligro y una condena que, a pesar de ser condicional, lo marcaría para siempre.

Al declarar en el juicio, se justificó: “Un viaje de camión, de 6.000 kilos, por ejemplo, o de 100, porque se cobra el viaje, es alrededor de 3.500 dólares, y llevarlo en camioneta cuesta 300, ahí tenía un ahorro importantísimo. Me venía bien. El otro tema es que iba a tener, según para quién fuera el material, una ganancia mayor o menor, pero siempre una ganancia”.