Se cumplen este lunes 20 años del inicio de la sangrienta represión perpetrada en el 2001. Un capítulo nefasto de la historia del país, en el que la dezasón y la tristeza se mezclan con la angustia. Tras un primer cacerolazo en Capital Federal y la renuncia del entonces ministro de Economía del gobierno de la Alianza, con Antonio de la Rúa como presidente, 13 personas fueron asesinadas en el país ese 19 de diciembre.
La multisectorial, resistencia a los ajustes y la represión
Distintos sectores se unieron en la Multisectorial para frenar al avasallamiento de sus derechos por parte de un gobierno que castigó al pueblo de manera brutal
Por Vanesa Erbes
20 de diciembre 2021 · 07:26hs
Esa noche se dictó el estado de sitio y los cacerolazos se replicaron en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Al día la cifra de muertes ascendió a 39 en el país, según la información oficial, pero se cree que fueron más.
Antes de la renuncia de De la Rúa y su huidas de la Casa Rosada en helicóptero, en la provincia los violentos operativos policiales en supermercados de la ciudad, ordenados por el exgobernador Sergio Montiel, se cobraron tres jóvenes víctimas: Romina Ituraín, de 15 años; Eloísa Paniagua, de 13; y José Daniel Rodríguez, de 25.
En aquel entonces Adela Ramírez, quien encabezaba la conducción de la seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), formaba parte de la Multisectorial integrada por diferentes sectores de la sociedad para resistir los avasallantes ajustes del Estado que arrastraban a una profunda crisis a los trabajadores y al grueso de la población, y recordó los inicios de la represión en aquellas jornadas: “Hubo docentes, maestros, que eso llamaba mucho la atención, pidiendo comida en los hipermercados. No es que se tomaba por asalto un supermercado, sino que desde el mismo poder se difundía que en determinados sectores se iba a hacer entrega de alimentos. Y eso terminaba con la represión. Recuerdo que la primera actividad que se organizó fue en el supermercado de calle Yrigoyen, adonde concurrieron trabajadores del hospital San Martín de manera ordenada, representados por sus delegados, porque la promesa era que los iba a entregar alimentos. Estamos hablando de trabajadores asalariados”, indicó.
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“Lo mismo pasó en el supermercado de calle San Juan, donde todo culminó con una tremenda represión y con el asesinato por la espalda a Eloísa Paniagua, esa niña del barrio Maccarone que acompañaba a sus hermanitos, que estaba codo a codo con su padre sosteniendo a su familia porque su mamá había fallecido, y muere de un impacto de bala en la nuca. Luego se sumó la represión en el hipermercado más grande de Paraná, que fue tremenda y una bala perdida se llevó al vida de Romina Iturain, que tenía 15 años, hija de Mario, trabajador municipal que parte sin ver a los asesinos de su hija presos”, refirió Ramírez.
Asimismo, hizo un repaso por otros hechos nefastos de aquellos días, como el hallazgo del cuerpo de José Daniel Rodríguez, al que calificó como “un mensaje mafioso”: “Era un militante social de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), joven, desocupado, pobre. Su cuerpo se encontró tapado con neumáticos”, dijo, y añadió: “La casa de Edgardo Massarotti (por entonces referente de la Asociación de Trabajadores del Estado), donde vivía con su familia, fue baleada. Era realmente peligroso moverse en la calle, ir a los barrios; los que sufrían la represión eran golpeados en las comisarías. También hay que recordar a Pocho Lepratti, militante entrerriano de Concepción del Uruguay asesinado en Rosario cuando subió al techo de un comedor comunitario gritando ´bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo´; su compromiso social le costó la vida”.
En este marco, reflexionó: “Vivir en un estado de sitio en democracia, con personas asesinadas en democracia, con un Estado represivo, con una criminalización de la protesta y de la manera en que lo vivimos, siempre sorprende porque sinceramente creíamos que eran etapas superadas. Evidentemente no lo eran”.
Y lamentó: “Durante el estado de sitio las fuerzas de seguridad estaba en todos lados. Transitar por la calle era un peligro; para quienes teníamos alguna representación sindical movilizarnos era una responsabilidad enorme, porque teníamos que cuidar a quienes convocábamos, de hecho hubo detenciones en las movilizaciones, torturas en las cárceles y muertos, que también hay que hablar de ellos y decir que a tantos años no hay responsables materiales ni intelectuales ni políticos condenados por esto. Y creo que nunca supimos ni vamos a saber cuántos muertos hubo en el país y sobre todo en Plaza de Mayo”, reflexionó, y observó que “muchos de los responsables políticos volvieron a tener un lugar de poder en la República Argentina”.
Por otra parte, manifestó su decepción porque no se haya llevado adelante el juicio político al entonces gobernador Sergio Montiel: “Desde el ámbito multisectorial hicimos el planteo del juicio político al gobernador Montiel, que es una herramienta de la Constitución Provincial, no era desestabilizar al gobierno ni mucho menos. Fue muy duro y muy triste para nosotros aquella noche del voto por la negativa de Félix del Real, el legislador de Colón. Después de eso tuvimos que recomponernos y seguir”.
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Unirse ante la opresión
Adela Ramírez rememoró los orígenes de la Multisectorial que significó un férreo espacio de resistencia ante el avasallamiento de los derechos de los ciudadanos por parte del gobierno, y comentó a UNO: “La Multisectorial ya venía funcionando en 1993, frente a aquel gran primer ajuste en nuestra provincia en democracia, que fue la ley 8.706, la ley de despidos estatales y otros hechos. En Entre Ríos ya había antecedentes de un Estado con tintes represivos, en la primera gestión de Montiel, del 83 al 87, en que la represión y la criminalización de la protesta eran habituales. Entonces había ya una historia sobre cómo se iban gestando estos ámbitos multisectoriales, donde lo valioso era que no solamente nos juntábamos frente a una situación concreta de ajuste, sino también en un espacio de debate, multisectorial, plural, donde había organizaciones sociales, políticas, sindicales, de distintos referentes de la sociedad, barriales”.
Sobre este punto, señaló: “En el mismo momento en el que asume la Alianza en la provincia, la ley 9.235 fue el marco legal del ajuste que fuimos viviendo paulatinamente. Lo más duro fueron los despidos de trabajadores que tenía la modalidad de contratos de servicios, que tenían funciones comprobadas en la administración pública, que no eran ñoquis, como comúnmente se dice, y era gente con muchísima antigüedad. Fue una pérdida absoluta de derechos, teniendo en cuenta que luego llegó la devaluación atroz que culmina con la cuasimoneda, en nuestro caso con los federales, y que hizo que la pérdida adquisitiva del salario, de los ingresos, fuese total”.
Acto seguido, mencionó: “Entonces, el acceso a la salud era imposible. Nosotros veíamos a diario cómo pacientes oncológicos no podían tratarse, no tenían la medicación porque no la podían comprar los efectores de salud del Estado; las escuelas estaban cerradas, porque no había clase. En ese momento el planteo oficial fue que el sector docente, como éramos los de más bajos ingresos, iban a percibir nuestro salario un 50% en pesos, y el otro 50% en bonos federales. Esto ocurrió solamente un mes, luego cobramos íntegramente en federales, al igual que el resto de la administración pública, lo que nos llevó a endeudamientos en los servicios, para poder comer, en las cuotas de las viviendas; tanto es así que muchos compañeros perdieron su vivienda porque no podían afrontar los pagos, que generalmente eran en pesos. Fue una pérdida absoluta de derechos”.
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En este contexto, sostuvo que “se fue gestando la organización y fueron hitos muy importantes en ese momento la carpa de los productores en Chajarí, que se fue replicando en distintos puntos de la provincia, en las rutas, en los accesos a las ciudades importantes, movilizaciones y asambleas permanentes que se trasladaban al Túnel Subfluvial, que se hacían en simultáneo en la Ruta 14, las tomas de los organismos públicos para poder percibir un salario que en muchos de los casos llevaba tres meses de atraso”.
“Debatíamos permanentemente y lo rescato, porque en mi caso en particular fue un ámbito de aprendizaje sumamente importante. Son esos ámbitos de debate que uno añora tener, donde también presentamos al gobierno nacional en ese momento, a las áreas de desarrollo social, una propuesta, como un diagnóstico sobre el contexto de la provincia de Entre Ríos, y medidas concretas para salir de esta situación de crisis. O sea que nosotros sosteníamos la protesta con la propuesta, y lo hacíamos de manera permanente. Y frente a la represión de un sector, o de un trabajador en particular, o así fuese un militante de un barrio, de una vecinal o el que fuere, ahí estábamos todos”, remarcó.
A su vez, recordó: “Era un ámbito sumamente valioso. Muchas veces había que dejar de lado diferencias entre los distintos sectores, porque no las íbamos a saldar. Así que se ponía entre paréntesis lo secundario y se priorizaba la unidad en la acción para soportar un ajuste tremendo, entre 1999 y 2003, del gobierno de la Alianza”.
Por último, reflexionó: “Si estos días nos tienen que interpelar en algo, es en la reflexión que tenemos que hacer en relación con nuestra actividad cívica, sobre qué proyecto de país elegimos cuando elegimos. Creo que claramente es lo que nos puede enriquecer como sociedad y que podemos tener como norte: reflexión, debate, respeto, tolerancia. En el ámbito multisectorial, que no era homogéneo y teníamos profundas diferencias, teníamos claro, frente al ajuste, que ese era el norte”.
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