Educación: de la polémica a la realidad

“La calificación del primer trimestre estará comprendida entre cuatro y diez, debido al impacto subjetivo que la ponderación entre uno y tres puede generar, obturando además la trayectoria a realizar durante el año desde el inicio del proceso de aprendizaje”. Así dice la Resolución N° 1.565 del Consejo General de Educación (CGE) –en el párrafo que mayor repercusión tuvo– que la semana pasada fue rechazada públicamente por el gobernador Gustavo Bordet.

La norma agrega: “La calificación de los y las estudiantes no aprobados será acompañada de un informe descriptivo donde constarán los saberes/capacidades pendientes de acreditación” para “conocer las particularidades de los procesos de aprendizaje”. Tiene fecha 2 de mayo y lleva la firma del presidente del CGE, Martín Müller, la vocal gremial Susana Cogno y dos de los tres vocales políticos: Griselda Di Lello y Humberto Javier José. La firma que no está es la de Exequiel Coronoffo.

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En el portal del Consejo de Educación hasta este domingo todavía estaba publicada la noticia del cambio en las calificaciones del nivel secundario para el primer trimestre, la cual fue subida el 4 de mayo. Allí se expresa que el objetivo era “garantizar los derechos de alumnas y alumnos a ser evaluados desde una mirada integral, flexibilizada y con centralidad en la enseñanza”.

Además, en los fundamentos de la resolución se hacía hincapié en el contexto de pandemia del que la humanidad todavía está saliendo y que significó un golpe muy duro para la educación.

Cómo enseñar en contexto de aislamiento fue un desafío que se debió resolver sobre la marcha, con aciertos y errores. La consecuencia más grave fue la desvinculación de la escuela de una multitud de niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

Ahora el desafío es contenerlos en el sistema educativo y, por supuesto, fortalecer los aprendizajes que se debilitaron seriamente durante los dos años anteriores, cuando las clases por zoom –ya de por sí mucho menos útiles y eficaces que las presenciales– sólo estuvieron al alcance de unos pocos sectores privilegiados.

“Hay un millón de chicos que se fueron de la escuela y hay que buscarlos uno por uno”, dijo Jaime Perczyk, ministro de Educación de la Nación, cuando asumió el cargo tras las PASO del año pasado. Mientras se los busca, también debe resolverse cómo se contiene a quienes no se fueron y a quienes regresaron. Cómo se recuperan los conocimientos y cómo se generan las condiciones para que los y las estudiantes terminen el ciclo lectivo aprendiendo, sobre todo los más vulnerables: alumnos y alumnas de escuelas públicas de barrios populares, y escuelas rurales y de islas. Es allí donde las problemáticas económicas y sociales más repercuten dentro y fuera de la escuela.

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Además, la particularidad de estos momentos, cuando el crecimiento de la economía solo derrama inflación y sueldos que no alcanzan, ¿qué consecuencias tiene en la educación? Seguramente las que han tenido siempre las crisis: o se debilita o se descontinúa o se interrumpe el vínculo pedagógico de chicos cuyas familias no pueden hacer frente a los gastos que implica educarse. Ni hablar de los jóvenes y adultos que deben sumar ellos mismos horas de trabajo.

Ante este problema, el Estado debe adoptar políticas. La resolución del CGE parecía ir en ese sentido y había sido adoptada por los funcionarios que fueron designados por sus capacidades para instrumentar este tipo de medidas, firmada por las autoridades seleccionadas de acuerdo a la ley y con el apoyo del gremio docente mayoritario.

Sin embargo, el gobernador entendió que esa norma buscaba “nivelar para abajo”, reclamó que se adopten otras medidas para buscar calidad educativa de excelencia y pidió que se removiera a los funcionarios que trabajaron en esa resolución. Acto seguido, le pidieron la renuncia a la directora de Educación Secundaria, Natalia Garnier. Los instrumentos pueden ser unos u otros. Lo importante es tomar conciencia de la gravedad del problema. Al menos esta polémica puede servir para eso.