En el Gran Paraná hay unos 10.000 nuevos pobres

Con un fuerte tono crítico a las medidas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri, a quien le pide "una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste y de los recursos disponibles", la Universidad Católica Argentina (UCA) dio a conocer un nuevo informe actualizado del Barómetro de la Deuda Social.

Unos 400.000 argentinos cayeron en la indigencia en el primer trimestre del año, mientras que 1.400.000 habitantes pasaron a ser pobres en ese mismo período: son tres de cada 10 argentinos. En los primeros meses del año, el índice de pobreza pasó del 29% al 32,6%, con la particularidad –marcada por el estudio– que no contempla el impacto de los incrementos de las tarifas de los servicios públicos y la inflación en alza del segundo trimestre del año.

"Por la escalada generalizada de los precios, el mayor riesgo social no solo lo están experimentando los segmentos de la población más vulnerables, que dependen de la ayuda social, sino también los millones de hogares que fundan su subsistencia en trabajos precarios, pequeños comercios y trabajadores eventuales. Son sectores que no han sido objeto de una especial protección social frente a la actual fase de caída del consumo, el aumento de los precios y el mayor riesgo de despido o caída de la actividad. Los nuevos pobres emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el actual gobierno", plantea el estudio, que se desarrolla en los 20 conglomerados urbanos del país, que superan los 80.000 habitantes.

El Gran Paraná –la capital provincial, Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde–, están incluidos en el informe. Entre todas esas poblaciones, hay 339.930 personas: más de 100.000 personas están debajo de la línea de la pobreza, y más de 20.000 vecinos son indigentes. Y según el porcentual de incremento de la pobreza, en el Gran Paraná se sumaron 10.000 nuevos pobres en el primer trimestre de año.

Una particularidad que marca el estudio de la UCA es que la infancia es la más afectada por la pobreza: en el Gran Paraná afecta a cerca de 40.000 chicos entre 0 a 17 años –en total, hay 99.223 niños y adolescentes de las cuatro localidades– situados en los estratos sociales pobres o muy pobres. La denominada "pobreza multidimensional", es aún mayor acá y en el país, y alcanza al 56,6% de los chicos; contempla seis dimensiones fundamentales para una vida digna: alimentación, saneamiento, vivienda digna, atención a la salud, acceso a la información y estimulación temprana (de 0 a 3 años)/educación (de 4 a 17 años).

"No cabe esperar un derrame social sin un modelo que integre subsidiariamente al sistema socioproductivo moderno y eleve la productividad de los sectores informales protegiendo los derechos de los trabajadores", advierte la UCA al Gobierno, aunque a tono con el perfil crítico que tuvo con el gobierno kirchnerista, señala: "Los graves errores cometidos en materia de política socioeconómica de los últimos años no contribuyeron a erradicar la pobreza extrema".

El informe se conoce luego de varios meses en que la Iglesia argentina viene advirtiendo, de distintos modos, la acuciante realidad social: desde los actos patrios en mayo y julio, y en la reciente celebración de San Cayetano –el santo del pan y del trabajo–, los voceros eclesiales prendieron la alarma sobre el hambre y el desempleo, criticando la falta de sensibilidad social y la expectativa de superación de la crisis por parte del Gobierno, en la famosa teoría del "derrame", que desde siempre ha sido cuestionada por el papa Francisco. Ese concepto económico es mencionado en el informe de la UCA.

A tono con esas ideas, el estudio plantea: "Es factible que el Gobierno necesite ganar tiempo para que la economía comience a crecer y para generar confianza en que un futuro distinto es posible; sin embargo, muy poco se logrará al respecto si durante este duro tránsito no hay una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste y de los recursos disponibles".

Con el título "Tiempo de balance: deudas sociales pendientes al final del Bicentenario. Necesidad de atender las demandas del desarrollo humano con mayor equidad e inclusión social", el informe Barómetro de la Deuda Social Argentina fue presentado por el arzobispo rector de la UCA, monseñor Víctor Manuel Fernández, y el director de Investigación del Programa Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, Agustín Salvia.

Allí se abordó el problema causado por los errores cometidos en materia de política socioeconómica durante los últimos años, y los costos sociales que están generando las medidas de ajuste impulsadas durante estos últimos meses.

En el primer capítulo del informe, en el que se presentan datos sobre la pobreza estructural a partir de la inseguridad alimentaria y las necesidades básicas insatisfechas, se indica que las tasas de pobreza experimentaron una importante reducción entre 2010 y 2011. "Esta situación cambia, y la pobreza tiende a crecer entre 2012 y 2015. La evolución en el tiempo de los indicadores de marginalidad estructural indica que tanto la Inseguridad Alimentaria (IA) como el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) evidencian un descenso entre 2010 y 2015", se remarca. En cuanto a los ingresos monetarios, indica: "Se registra una fuerte mejora en los ingresos reales entre 2010 y 2011, en el marco de un proceso de reactivación económica y mejoras en las políticas laborales y sociales; luego, se observa un descenso y posterior amesetamiento en 2012-2013, en un contexto económico crecientemente inflacionario y recesivo; y, por último, en ese mismo contexto de relativo estancamiento con inflación, se hacen presentes nuevos retrocesos en 2014 y 2015".

Salvia consignó: "Los datos de pobreza son similares a los que teníamos en la década de los 90 y los datos de indigencia son comparables con los que teníamos al principio de la década del 90. La situación tiende a agravarse en el contexto recesivo", advirtió el investigador. "Estamos en crisis, pero el problema es quién paga la crisis", añadió.