Reforma laboral avanza con la eliminación de colegios profesionales y estatutos

Tras conocerse el texto de la ley de Reforma Laboral que el Poder Ejecutivo envió al Congreso comenzaron a circular los análisis de la letra chica y los cambios profundos que provocan el rechazo de trabajadores y gremios por lo que consideran una precarización laboral y retroceso en derechos conquistados. La eliminación de colegios profesionales y de estatutos, y desfinanciamiento de sindicatos con la eliminación de las retenciones obligatorias, entre otras incidencias. Esto generará cambios estructurales, tanto el modelo de negociación colectiva y la justicia laboral.

Según la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) este proyecto transfiere recursos multimillonarios del trabajo al capital por vía de la creación del Fondo de Asistencia Laboral y la reducción de las contribuciones patronales a la seguridad social (entre 2.000 y 2.500 millones de dólares al año, según estimaciones). Además, quienes administren los recursos del Fondo de Asistencia Laboral podrán cobrar una comisión que será determinada por la reglamentación: “Una verdadera AFJP de los despidos”.

También debilita la acción colectiva con cambios en la regulación del derecho a huelga, la negociación colectiva y las asociaciones sindicales. Además fortalece la disciplina laboral en los lugares de trabajo, con muchos cambios en la Ley de Contrato de Trabajo.

Las indemnizaciones por despido pasarán a ser abonadas íntegramente con recursos que dejará de recibir la ANSES, afectando su capacidad para mejorar las prestaciones que otorga. Adicionalmente, la transferencia de recursos del trabajo al capital no se agota con la creación de este fondo. El proyecto también incluye una reducción del aporte patronal a las obras sociales (pasa del 6 al 5 por ciento), por lo que de un día a otro cambiarán de manos cuatro puntos de la masa salarial total.

LEER MÁS: El oficialismo acelera el tratamiento de la reforma laboral de Milei en el Senado

Colegios profesionales

Otro de los capítulos de la reforma que tuvo poca difusión apunta a la actividad de varios profesionales, y busca dejar sin efecto la ley marco de la colegiación, que es obligatoria para médicos, farmacéuticos, abogados y otras profesiones.

La idea del proyecto es eliminar la obligatoriedad de la matrícula, lo que deja a los colegios en una situación de indefensión. Según se informó, el objetivo de la desregulación de la matrícula "se logra mediante varios mecanismos, como derogación de cláusulas específicas para algunas profesiones y derogación de marcos regulatorios generales, como la Ley 12.713, en la parte de la obligatoriedad, que alcanza a profesionales de la salud", publica Data Gremial.

Con esto se apunta a desmantelar la base legal que sostiene la obligatoriedad de la matriculación y la estructura de control de las profesiones liberales en general.

La idea de eliminar la obligatoriedad de la matriculación de los profesionales como contadores, abogados, arquitectos, corredores y martilleros públicos generó malestar, en especial en el sector salud, donde los colegios tienen una función de control muy estricto y efectivo.

El último artículo de la reforma laboral deroga varias normas que, en conjunto, van contra la matriculación obligatoria, y refieren a la creación de colegios y consejos profesionales y sus facultades.

En cuanto el Decreto Ley 16.925/62 sobre colegios y consejos profesionales contiene disposiciones que obligan a la colegiación y el espíritu de la nueva ley es la "matrícula libre", esa cláusula podría invalidar de facto sus efectos sin necesidad de derogarla explícitamente por número. En conclusión, el decreto que regula la matriculación obligatoria no está listado, pero el efecto desregulatorio del proyecto afectaría el espíritu de cualquier norma que imponga la colegiación obligatoria.

Desde la Confederación General de Profesionales de la República Argentina (CGP), entidad que nuclea a colegios de todas las ramas de la actividad, rechazaron la medida de inmediato. Las entidades dicen que el debilitamiento de las estructuras limitarán las capacidades de control y supervisión de los profesionales, algo que el estado no puede hacer por el ajuste libertario.

Estatutos

En tanto, el proyecto de contrarreforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender las alarmas en el sector de prensa. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y el SiPreBA denunciaron que la iniciativa busca “borrar un siglo de derechos” y eliminar de un plumazo las normas que rigen la actividad periodística desde hace más de 80 años. Según advirtieron los gremios, el Ejecutivo intenta derogar tanto el Estatuto del Periodista Profesional como el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas, dos marcos legales que garantizan estabilidad laboral, resguardo frente al fraude y herramientas para negociar en condiciones justas. “De la noche a la mañana, sin debate, quieren terminar con la base de nuestros derechos”, señalaron desde SiPreBA. Para la organización, el proyecto implica “un ataque directo a quienes trabajamos en prensa”.

Las entidades recordaron que estos estatutos permiten que cualquier trabajador o trabajadora del sector —incluso quienes no están correctamente registrados— pueda exigir a su empleador que cumpla con la ley y obtener mejores condiciones en caso de conflicto.

El proyecto también elimina gravámenes previstos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que sostienen a medios públicos, comunitarios y pequeñas productoras. Para los sindicatos, esto representa un doble beneficio para los grandes grupos mediáticos: menos derechos laborales y menos impuestos.