El proyecto de ley ómnibus que envió al Congreso el gobierno de Javier Milei encendió la alarma de distintos sectores de la cultura, entre ellos, el de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) debido al problema de financiamiento que genera a las más de 1.500 bibliotecas populares del país.
Preocupación en bibliotecas populares por la ley Ómnibus
Desde la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares advirtieron que se verían afectadas por la quita de presupuesto que incluye la Ley Ómnibus del presidente.
28 de diciembre 2023 · 19:40hs
UNO / Juan Ignacio Pereira
Estiman que afectará el fomento de la lectura y otras actividades socioculturales, al tiempo que perjudica a una entidad con un modelo de funcionamiento único en todo el mundo que privilegia la participación colectiva de la comunidad en la que cada biblioteca funciona.
La Conabip -dependiente del Ministerio de Cultura- fue creada por la Ley 419 del 23 de septiembre de 1870, impulsada por Domingo Faustino Sarmiento, apoya y fomenta el desarrollo de bibliotecas populares que no solamente permiten el acceso de los integrantes de la comunidad a la lectura, sino que además propicia iniciativas solidarias para que los vecinos puedan acceder a cursos de capacitación o hacer uso de las computadoras cuando así lo requieren, con lo cual el sentido de existencia trasciende el acceso a los libros, y pasan a ser organizadoras de las necesidades de la comunidad.
Según el proyecto, varios artículos de la ley 23.351 -que dispuso la creación de un Fondo Especial para bibliotecas- son reemplazados y dispone que se clasifique a las bibliotecas según la cantidad de obras que tienen, el movimiento diario de esas obras y las actividades culturales que desarrollen.
Asimismo, las bibliotecas populares dependerán de los subsidios que el Congreso les otorgue y para obtenerlos, se deberá acreditar "la necesidad social de los servicios en la zona de influencia de la Biblioteca Popular", "las necesidades específicas para el crecimiento de las bibliotecas más carenciadas" y "el mayor esfuerzo" realizado en la prestación de servicios, según el proyecto de ley que se debatirá en el Congreso.
Si se aprueba el proyecto, el organismo pasaría a llamarse Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares y continuaría bajo la órbita de la Secretaría de Cultura, a cargo de un presidente, un secretario y cinco vocales designados por el Poder Ejecutivo Nacional, y solo el primero sería remunerado por sus tareas.
Actualmente, la Conabip se financia con un porcentaje de lo recaudado por Lotería Nacional, una medida que consiguió la presidenta saliente, María del Carmen Bianchi, que logró en 2005 incluir a la Conabip en el Presupuesto Nacional y logró triplicar el presupuesto durante los ocho años de su gestión.
El proyecto de ley ómnibus "sustrae el Fondo Especial del cual se distribuyen los subsidios a las bibliotecas populares, lo que constituye un derecho adquirido desde 1986. Esos fondos provienen de un porcentaje de los premios pagados en los distintos juegos de Lotería nacional y se aplica absoluta y completamente a las actividades de las bibliotecas populares", sostuvo Bianchi en diálogo con Télam.
"Creo que lo más importante sigue siendo exigirle a los legisladores que trabajen y se expresen en contra del DNU, que haya un rechazo total, porque el DNU quiebra el Congreso", consideró Bianchi.
Este proyecto de ley "tiene todas las posibilidades de ser discutido en el Congreso, parte por parte; y de hacer propuestas de modificación. Si el Congreso está quebrado por la ignominia que significaría aceptar el DNU entonces la discusión y el debate acerca de todo esto va a ser muy difícil", sostuvo.
Bianchi fustigó la iniciativa oficial, al señalar que "todas las modificaciones que hace son absolutamente ridículas, inconducentes y propias de la ignorancia sobre la existencia de las bibliotecas populares y de la Conabip que este año cumple nada menos que 153 años. Es una política de lectura que ha atravesado tres siglos y que es reconocida regional e internacionalmente por la asociación entre el Estado y la sociedad, y en la prestación de servicios continuos en cada uno de los barrios, localidades y comunidades rurales".