La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabeza este jueves la presentación del protocolo general para el empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas federales, que reestablecerá la vigencia de la norma que había sido suspendida durante el Gobierno de Alberto Fernández.
Fuerzas de seguridad estarán más habilitadas para usar armas
La resolución que se restablecerá habilitaba el uso de armas de fuego "cuando resulten ineficaces otros medios no violentos", en los siguientes casos: en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves; para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas; para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad, y para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención.
La presentación se realizará a las 15 en la sede de la cartera, donde Bullrich estará acompañada por el secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, y el jefe de Prefectura Naval Argentina, Guillermo Giménez Pérez.
Con el restablecimiento del denominado "Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”, la ministra expresará su "compromiso inquebrantable de proteger a quienes nos protegen”, se informó en un comunicado.
La normativa fue dictada por medio de la resolución 956/2018 cuando Bullrich era ministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri y fue dejado sin efecto por la exministra de Seguridad Sabina Frederic, el 20 de diciembre de 2019, una de las primeras medidas que tomó durante su gestión en el gobierno de Fernández.
En declaraciones a la radio Rock & Pop, la ministra sostuvo que "las fuerzas de seguridad en una cantidad de lugares del país hoy están total y absolutamente indefensas" por lo que durante la presentación del protocolo van a dar cuenta de "la falta de proporcionalidad" que sufren actualmente.
"Cuando la Prefectura Naval en una embarcación no puede llevar armas largas y le tiran desde la costa de enfrente que es otro país o se le acercan a la embarcación y se la tirotean. ¿Qué hacen? Se tienen que tirar cuerpo a tierra porque no pueden defenderse ni hacer nada", ejemplificó. Además criticó que con la derogación del protocolo se les prohibió "el uso de armas sobre todo en zonas de fronteras", función que va a reestablecerse.
Críticas
Por su parte, la exministra Frederic se manifestó en contra de que el protocolo sea reestablecido, ya que advirtió que permitiría que "las Fuerzas de Seguridad hostiguen a la población sin causa" y criticó la resolución que propone "lo que técnicamente se llaman ejecuciones extrajudiciales" para que la policía actué "frente a situaciones que tienen un margen de ambigüedad".
"Es una pena de muerte encubierta. No sólo vulnera la protección que la Constitución y el Código Penal otorgan, sino que va contra la propia fuerza de seguridad porque las obliga a actuar contra el Código Penal. La justicia debería poner freno a este tipo de resoluciones", remarcó Frederic en declaraciones a radio AM 750.
Para la exministra, Bullrich busca reestablecer el protocolo tras "la caída del proyecto de Ley Ómnibus" donde se contemplaban modificaciones al código penal.
"Este te diría que es el peor de los protocolos de Bullrich que derogamos porque enmarcaba las acciones de las fuerzas de seguridad en la legitima defensa forzando y yendo contra el Código Penal", añadió.
El restablecimiento del protocolo fue también cuestionado desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que criticó que esa norma "que habilitó a las fuerzas de seguridad federales a disparar por la espalda o a personas desarmadas impunemente, determinó un incremento importante de fusilamientos de gatillo fácil".
"Los números hablan solos. Bastó que en diciembre de 2019 se derogara el protocolo Chocobar para que en los cuatro años siguientes hubiera 35 personas menos asesinadas por la espalda, desarmadas, por integrantes de las fuerzas federales", indicó la Correpi en un comunicado.
Denuncian uso de sustancias tóxicas
Organizaciones de derechos humanos denunciaron ante la Justicia el uso de "sustancias tóxicas" durante el operativo de seguridad a las afueras del Congreso la semana pasada, mientras se debatía la Ley de Bases en Diputados, y señalaron que se trata un compuesto químico "altamente tóxico e irritante" calificado como "instrumento de tortura".
La denuncia fue presentada en el juzgado nacional Criminal y Correccional n° 44, e intervendrá la Fiscalía Criminal y Correccional N° 24, según informaron a la agencia Télam fuentes de la CTA Autónoma, una de las organizaciones firmantes de la presentación.
"Es un compuesto químico, altamente tóxico e irritante, que, por sus consecuencias y efectos, calificamos como instrumento de tortura, que viene siendo usado de manera indiscriminada contra quienes ejercen pacíficamente su derecho a peticionar ante las autoridades o se solidarizan con esas personas", afirmó la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, según se indicó en un comunicado.
La presentación judicial está firmada por la CTA Autónoma; Asociación Civil, Instituto de Políticas sobre Delito, Seguridad y Violencias (En Foco); Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; entre otros.