El Foro Permanente de Discapacidad denuncia desinterés por la Ley de Emergencia

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad advierte que el aumento anunciado para prestadores no cumple con lo establecido por la normativa y alerta sobre el cierre de instituciones y la eliminación de pensiones.

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad expresó su preocupación por lo que calificó como un “persistente desinterés oficial” frente a la crítica situación del sector, y reclamó la efectiva implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

En un comunicado difundido esta semana, la organización celebró el reciente logro alcanzado por los trabajadores del Hospital Garrahan, “resultado de una lucha colectiva que demostró la fuerza de la unidad”, pero remarcó que aún queda mucho por hacer para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en todo el país.

Ley de Emergencia

“El aumento recientemente otorgado a los prestadores no respeta lo establecido por la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad”, advirtió el Foro. Según el espacio, el incremento representa “la mitad —o incluso menos— del atraso arancelario acumulado durante esta gestión”.

LEER MÁS: Discapacidad: prestadores repudian resolución nacional

La entidad denunció además que la falta de compensación por lo no reconocido entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 —equivalente a alrededor de tres meses de facturación— y el atraso arancelario del 70% han colocado a las instituciones en una situación crítica. “ Muchos prestadores debieron cerrar sus puertas durante este año, según datos oficiales de la Provincia de Buenos Aires”, indicó el texto.

El Foro también cuestionó el cronograma de pago del aumento, que recién se haría efectivo entre enero y febrero de 2026, con una aplicación total prevista para marzo o abril del mismo año. “Mientras tanto, los prestadores continúan endeudándose para poder sostener la atención y garantizar la continuidad de los servicios”, señaló.

Otro punto de fuerte crítica fue la situación de los casi 7.000 trabajadores con discapacidad que se desempeñan en los Talleres Protegidos de Producción, quienes “continúan recibiendo una asistencia mensual de apenas $28.000, congelada desde febrero de 2023”, sin que el Gobierno haya dispuesto actualización alguna.

Foto gentileza Verónica Manfredi

Eliminación de la pensión

Asimismo, el Foro alertó sobre la política de reducción de pensiones planteada en el proyecto de Presupuesto Nacional 2026, que prevé la eliminación de 197.000 pensiones por discapacidad. “En un país donde la pobreza afecta a gran parte de la población y el crecimiento del trabajo sigue siendo una deuda pendiente, no puede aceptarse una meta de este tipo”, advirtió.

“El único camino posible es apoyar a las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, garantizando los recursos económicos necesarios para su vida cotidiana y el acceso a las prestaciones que requieren”, remarcó el comunicado.

Finalmente, el Foro convocó a todos los sectores a seguir trabajando por la plena vigencia de los derechos de las personas con discapacidad: “Sigamos presentes en todos los espacios para que se escuche la voz de las personas con discapacidad y se conozca la grave situación que atraviesa el sector.”