El Estado indemnizó a un funcionario por $110 millones y lo volvió a contratar

Daniel Neira dejó su cargo como subdirector en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) con una indemnización millonaria y a las 24 horas fue contratado para ocupar una gerencia en el INTA, por lo que se sospecha de un fraude coordinado que contradice el discurso oficial de austeridad.

Daniel Alfredo Neira, notificado de la rescisión de su contrato el pasado 24 de julio, habilitado para cobrar una indemnización millonaria el 28 de julio, formalmente desocupado el 31 de julio, pero vuelto a contratar por el Estado el 1 de agosto de 2026 como gerente en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Los trámites para su nueva designación comenzaron el 1 de julio: 23 días antes de que le ofrecieran el puesto.

“Neira simuló su despido cuando las autoridades de la Secretaría de Agricultura, cercana a Luis Caputo, lo llamaron para que asuma en el INTA. Debería haber solicitado el traslado o incluso renunciar a sus funciones en el Enacom. Pero si hacía eso no cobraba el dineral que le dieron como indemnización. Fue un fraude orquestado con los directivos”, indicaron trabajadores de Enacom a Tiempo Argentino.

En su perfil de Linkedin, Neira se presenta como contador egresado de la Universidad de Buenos Aires. En enero de 2012 ingresó a trabajar en la antigua Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) que dio origen al AFTIC (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y al Enacom después. Allí hizo carrera. En 2017 lo nombraron subgerente del Área de Contabilidad, Presupuesto y Liquidaciones; y en 2025 pasó a ser subdirector de Contabilidad y Finanzas, un cargo categoría A, que representa la máxima jerarquía escalafonaria y cotiza entre los sueldos técnicos más altos del personal de planta.

Así se llega a los casi $110 millones -109.781.999,73 exactamente- que Neira cobró en concepto de indemnización por una desvinculación que finalmente no existió, porque, según la Procuración del Tesoro de la Nación, el Estado se considera un único empleador en sentido amplio: un bloque estatal. Es decir, a Neira lo echó la misma patronal que al día siguiente lo contrató nuevamente, lo que se dice un verdadero fraude.

Para el abogado especialista en derecho administrativo, Carlos Fernández, la situación merece, por lo menos, que se investigue la posibilidad de un enriquecimiento sin causa: “La jurisprudencia civil y administrativa determina que no se puede percibir del Estado una compensación por la ‘pérdida del empleo’ y simultáneamente continuar recibiendo ingresos del Estado bajo otra designación política o de conducción. El funcionario se expone a demandas por repetición de pago, que implicarían la devolución del dinero, por parte del fisco”.

Fuentes cercanas al Enacom resaltaron a Tiempo Argentino la contradicción libertaria de entregar millones por una salida inventada mientras se festeja la motosierra al gasto público: “Si en promedio los sueldos en el organismo rondan el millón cuatrocientos mil pesos, lo que Neira se llevó en mano equivale a lo que ganan casi 80 trabajadores. Repiten que en su gobierno la ética no se negocia, pero son corruptos y con la nuestra”.