Diputados impulsan proyecto para frenar la privatización nuclear

La diputada nacional Gabriela Estévez presentó un proyecto de ley que apunta a derogar el artículo 8 de la Ley de Bases, norma que habilita la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), empresa que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. La iniciativa, acompañada por su comprovinciano Pablo Carro y la santafesina Florencia Carignano, busca restituir el control estatal pleno sobre la compañía y dejar sin efecto cualquier acto administrativo derivado de ese artículo, ante el anuncio del Gobierno de la privatización de centrales.

Desde la oposición advierten que el ingreso de accionistas privados introduce una lógica de mercado incompatible con los objetivos de soberanía energética y seguridad nacional. En los fundamentos del proyecto, Estévez remarcó que la participación privada en experiencias pasadas, como la de la Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas (ENACE), no logró preservar los activos estratégicos y facilitó su desmantelamiento en los años 90 y 2000.

El texto subraya que el dominio del ciclo completo del combustible nuclear —desde la exploración de uranio hasta la fabricación de combustible para reactores— convierte a la Argentina en un actor regional privilegiado en materia de tecnología nuclear. “La privatización parcial de NASA podría socavar esta posición, generar desconfianza en la comunidad internacional y poner en riesgo la reputación que el país construyó como usuario pacífico de la energía nuclear”, sostiene la diputada.

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Otro de los argumentos es que la energía nuclear no se limita a la generación eléctrica. La Central de Embalse, por ejemplo, produce Cobalto-60, un isótopo clave para la medicina y la industria, del cual Argentina es exportador mundial. Según Estévez, la cesión parcial de NASA “dilapida patrimonio estratégico y puede provocar un vaciamiento de talento científico y tecnológico”, en referencia al capital humano formado durante décadas bajo gestión estatal.

El proyecto también marca que el control privado no exime al Estado de responsabilidades en caso de accidentes, recordando experiencias internacionales como Three Mile Island en Estados Unidos o los sobrecostos de reactores europeos bajo gestión privada. “La lógica de la rentabilidad a corto plazo no es compatible con una industria que exige planificación, inversión sostenida y control soberano”, concluyen los fundamentos.

La presentación reabre la discusión sobre el modelo energético en el país y coloca al kirchnerismo en una posición de resistencia directa frente a uno de los puntos más polémicos de la Ley Bases, al tiempo que plantea un debate de fondo: si la Argentina debe financiar sus necesidades inmediatas desprendiéndose de activos estratégicos o preservar el control estatal de un sector sensible en términos de seguridad y proyección internacional.