Crisis en las pymes productoras de biodiésel: Entre Ríos y otras provincias suspenden la producción

Las pymes productoras de biodiésel atraviesan una crisis que las llevó a suspender de manera total su producción destinada al mercado interno. Son 25 plantas, distribuidas en Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Luis y Entre Ríos, que abastecen el corte obligatorio de gasoil. Según las cámaras que las agrupan, la decisión responde a un atraso de 15 meses en la actualización de precios regulados, que las obliga a vender por debajo de sus costos.

De acuerdo con los cálculos de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), el precio vigente fijado por la Secretaría de Energía es de $1.408.687 por tonelada, cuando el costo real de producción asciende a $1.641.000. El valor que debería aplicarse según la normativa vigente rondaría los $1.691.000, contemplando un margen mínimo de rentabilidad del 3%, según consignó el portal Energy Report.

La diferencia, advierten, vuelve inviable continuar operando y pone en riesgo la provisión de gasoil para el consumo interno en el corto plazo. "Las petroleras hoy pagan por el biodiésel menos de lo que vale producirlo; mientras suben el precio del gasoil en surtidores a valores internacionales. Así, las refinadoras se están quedando con miles de millones de pesos de la agroindustria", denunciaron desde Cepreb.

Una industria estratégica que se apaga

La actividad de estas plantas es clave dentro de la matriz energética. Por la Ley 27.640, que regula a los biocombustibles hasta 2030, las refinadoras están obligadas a adquirir cupos de biodiesel para cumplir con un corte del 7,5% en el gasoil. Sin embargo, ese nivel no se alcanzó en los últimos meses: en noviembre pasado el corte efectivo fue del 4%, mientras que en febrero y marzo se ubicó por debajo del 6%.

El atraso de precios no solo impacta en la rentabilidad de las empresas, sino que ya provocó pérdidas acumuladas por más de u$s80 millones desde mediados de 2024, según estimaciones del sector. La dificultad se profundiza porque más del 90% de los insumos utilizados en la producción (principalmente aceite de soja y metanol) están dolarizados, lo que hace imposible sostener los costos en un contexto de fuerte devaluación.

Reclamos a la Secretaría de Energía

En este marco, las tres cámaras que representan a la totalidad de las plantas, Cepreb, la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (Capba), apuntan directamente contra la Secretaría de Energía. Señalan que los precios no se actualizan siguiendo la fórmula prevista en la Ley de Biocombustibles, sino que se fijan en función de “objetivos macroeconómicos” vinculados con el control de la inflación.

Desde las entidades remarcan que el argumento de cuidar el precio del surtidor es insuficiente. Según cálculos técnicos elevados al Gobierno, una actualización plena del biodiesel tendría un impacto de apenas $19 por litro de gasoil, un monto que, sostienen, podría ser absorbido por las compañías refinadoras que ya aplicaron aumentos superiores en los combustibles líquidos.

Además, cuestionan que mientras el aceite de soja y el gasoil tienen precios liberados que suben en línea con el dólar, el biodiesel permanece artificialmente atrasado, lo que empuja a las plantas a detener sus actividades.

Aunque por ahora no se registraron despidos, las empresas advierten que la continuidad de la crisis podría derivar en suspensiones de personal o vacaciones anticipadas, y eventualmente en la pérdida de puestos de trabajo.

El sector subraya su relevancia en términos económicos: las pymes de biodiesel permiten ahorrar divisas, generar empleo en el interior del país e impulsar la industrialización de la ruralidad. También cumplen un rol en la transición energética al reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Con la producción detenida y sin señales de corrección inmediata en los precios, la industria reclama definiciones urgentes del Gobierno. De lo contrario, el desabastecimiento de gasoil podría hacerse visible en los próximos meses, con impacto directo en el transporte y la actividad económica.