memoria, verdad y justicia

Dictadura cívico-militar: desclasifican documentos

Alberto Fernández dispuso la desclasificación de documentos de la dictadura cívico-militar de 1966 a 1973, a 50 años de la masacre de Trelew.

Domingo 21 de Agosto de 2022

En el marco de la conmemoración por los 50 años de la masacre de Trelew, el gobierno argentino difundirá actas halladas en dependencias de la Fuerza Aérea Argentina en mayo de 2018. La documentación resulta importante por su valor histórico y documental de la dictadura cívico-militar que derrocó a Arturo Íllia.

La información releva "Actas de reunión de la Junta de Comandantes en Jefe en función de gobierno (1971-1973)", momento en el que gobernaba el presidente de facto, Alejandro Agustín Lanusse. El ministro de Defensa, Jorge Taiana, señaló que esta documentación "busca echar luz sobre un pasado de sombra, con el firme compromiso de que el presente y el futuro sólo son posibles con más Memoria, Verdad y Justicia".

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La búsqueda de diversas fórmulas para enfrentar lo que denominaban "acciones subversivas" se desliza desde una supuesta legalidad, amparada en su carácter de aparato armado del Estado, hasta llegar a las acciones irregulares y la represión. La mejor evidencia de este proceder se constata en los crímenes cometidos en la Base Almirante Zar de Trelew, el 22 de agosto de 1972, conocido como "masacre de Trelew". Este domingo se conmemoran 50 años de estos delitos.

Los archivos se publicaron en formato impreso y digital para el libre acceso de cualquier persona que desee consultarlo. La primera acta data del 23 de marzo de 1971, con la confirmación del Gabinete de Ministros por parte del general Lanusse y la última es del 8 de mayo de 1973. Cada hoja está foliada y sellada por la Secretaría de Planeamiento y Acción de Gobierno.

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Sobre la masacre de Trelew

En la madrugada del 22 de agosto de 1972, fusilaron a 16 jóvenes del Ejército Revolucionario del Pueblo, Fuerzas Armadas Revolucionarias y Montoneros, que estaban detenidos en el penal de Rawson. Habían sido capturados tras un intento de fuga y ametrallados posteriormente por marinos.

El 15 de octubre de 2012, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia resolvió condenar a prisión perpetua a Emilio del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores de los homicidios. En marzo de 2014, ratificaron las condenas.

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Este año, familiares de los asesinados demandaron civilmente en Estados Unidos a Roberto Guillermo Bravo, oficial superior que estuvo presente durante los trágicos hechos, debido a que la extradición del militar lleva más de una década en espera. Bravo fue encontrado culpable por un jurado de ciudadanos y fue condenado a pagar una indemnización de poco más de 24 millones de dólares a las familias de estas víctimas. No obstante las familias continúan en la búsqueda de que se extradite al ex oficial de logística.

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