Argentina desmanteló la políticas de género con recortes de 89%

Argentina se encuentra sin una institución nacional dedicada a las temáticas de género tras el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y un recorte masivo del 89 por ciento en el presupuesto asignado a estas políticas. El desmantelamiento, ejecutado bajo la gestión de Javier Milei, dejó programas emblemáticos como la Línea 144 y el Programa Acompañar sin partidas específicas para el año 2026, según revela un informe de la Fundación Encuentro.

La reestructuración estatal comenzó a mediados de 2024, cuando las responsabilidades del extinto ministerio fueron transferidas primero a una subsecretaría y finalmente "sepultadas" en la Secretaría de Justicia. Este proceso de pérdida de jerarquía se replicó en las provincias, donde el 42% de los organismos de género vio reducida su categoría; actualmente, solo la provincia de Buenos Aires mantiene un rango ministerial para esta agenda.

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"Motosierra" presupuestaria afecta áreas críticas de Salud y Educación

• Plan ENIA: El programa de prevención del embarazo adolescente sufrió un recorte del 85% respecto a 2025, operando hoy con menos del 3% de lo invertido en 2023.
• Educación Sexual Integral (ESI): La partida actual representa apenas el 2% de lo ejecutado hace dos años.
• Salud Sexual: En 2025, el Gobierno distribuyó "0%" de los 20 millones de preservativos programados, lo que coincide con un aumento del 71% en los casos de sífilis.

En el ámbito internacional, el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU ya manifestó su preocupación por estos retrocesos y exigió al Estado argentino un informe de implementación de recomendaciones en un plazo menor a dos años.

Datos dudosos sobre femicidios

Desde el oficialismo, figuras como Manuel Adorni y Patricia Bullrich han defendido estas medidas alegando una reducción en los homicidios vinculados al género; sin embargo, las fuentes señalan que estas cifras contrastan con los registros de la Corte Suprema, que mantienen una estabilidad de 250 femicidios anuales desde 2015.

Este giro político es definido por el gobierno actual como parte de su "batalla cultural contra la ideología de género", lo que para las organizaciones civiles representa un incumplimiento de acuerdos internacionales y el abandono del Estado frente a desigualdades estructurales y la violencia.

El desmantelamiento alcanza también a herramientas de transparencia como el Mapa GenerAR, el cual fue eliminado, impidiendo el acceso público a datos sobre la gestión institucional en la materia.