En medio de una verdadera conmoción política y social, Evo Morales anunció ayer su renuncia a la presidencia en Bolivia y se refugió en la localidad de Cochabamba junto al vicepresidente Álvaro García Linera. Desde ese lugar denunció un golpe de Estado cívico-policial, luego de que tanto la oposición como las Fuerzas Armadas y la Policía le exigieran la dimisión.
Evo Morales renunció a la presidencia tras denunciar un golpe de Estado
La salida del exmandatario llega luego del incremento de la crisis a raíz de las protestas opositoras que comenzó en dicho país tras el resultado de las elecciones del 20 de octubre. Ayer por la mañana había convocado a nuevas elecciones, una posibilidad que quedó frustrada porque se quedó sin apoyo político. En las últimas semanas, las protestas opositoras abarcaron incendios al edificio del Tribunal Electoral y alcaldías regionales, hasta la quema de casas de gobernadores oficialistas y secuestros de familiares de funcionarios.
El ahora exmandatario perdió en las últimas semanas el apoyo de la máxima entidad sindical del país, la Central Obrera Boliviana, luego de la represión a numerosas protestas a lo largo del país. “Le pedimos al presidente que reflexione. Si es por el bien del país, si es por la salud del país, que renuncie nuestro presidente”, había declarado en conferencia de prensa en el líder de la central, Juan Carlos Huarachi.
Asimismo, el Comandante en Jefe de Bolivia, Willimans Kaliman, también se había sumado al pedido de renuncia de Morales haciendo referencia a la necesidad de velar por la seguridad nacional. “Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial”, dijo.
Su vicepresidente, Álvaro García Linera, denunció a su lado: “No queremos que estos grupos violentos quieran ensangrentar más al pueblo. Han desconocido estos grupos el orden constitucional. El Golpe de Estado se ha consumado. Fuerzas oscuras han destruido la democracia”.
Morales, de 60 años y en el poder desde 2006, había logrado la reelección en las cuestionadas elecciones de octubre, pero la misión de auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) detectó numerosas irregularidades, en un informe divulgado ayer.
“Quiero decirles, la lucha no termina acá. Los humildes, los pobres, los sectores sociales vamos a continuar con esta lucha por la igualdad y la paz. Es importante decirle al pueblo que es mi obligación como presidente buscar esta pacificación”, sentenció Morales.
En el mismo mensaje, añadió: “Espero que Mesa y Camacho hayan entendido mi mensaje. No maltraten a hermanas y hermanos. No engañen con mentiras y usen al pueblo”, apuntó.
“Fuerzas extrañas, oscuras, comenzaron a conspirar desde ese mismo día. Intimidaron a personas para bloquear calles, formaron bandas paramilitares para intimidar a campesinos, para golpear con palo y clavo a mujeres, insultaron a la gente trabajadora, quemaron sedes sindicales. Fue la primera etapa del golpe, de un golpe de Estado para desconocer a un gobierno legalmente instituido”, sentenció Morales.
Luego se refirió a una última etapa “del golpe, con la ruptura del orden constitucional por un sector de la policía nacional que dejó de proteger a la ciudadanía, las instituciones, dejó de cumplir su rol institucional y una de ellos se conformó en fuerza de choque, antibolivianas”.
El Grupo de Puebla con Evo
El Grupo de Puebla, que reunió en Buenos Aires a dirigentes políticos de América latina, emitió ayer una declaración en la que expresó su “solidaridad con el pueblo boliviano, su presidente Evo Morales, su vice Álvaro García Linera y todos los funcionarios que impulsaron políticas públicas de inclusión social, reducción de la pobreza y la desigualdad y de participación ciudadana”, al tiempo que denunció un “golpe de Estado” en el vecino país.
“Una vez más, la Constitución y el estado de derecho de Bolivia fueron violados interrumpiendo un mandato constitucional. Fuerzas de la oposición desencadenaron movilizaciones políticas acompañadas de actos de violencia, humillación de autoridades democráticamente elegidas, invasión, saqueo y quema de casas, secuestro y amenazas de familiares para llevar a cabo un golpe de Estado y forzar la renuncia del presidente y su vice, legal y democráticamente elegidos”, subrayó un comunicado del grupo.