Justicia: aval para los insultos de Javier Milei a periodistas y freno a sus críticos

Desde ámbitos judiciales se destacó la disparidad de criterios respecto a las demandas por injurias que involucran al presidente Javier Milei. Por un lado, la justicia ratificó el sobreseimiento del mandatario tras sus agresivos ataques verbales contra el periodista Jorge Fontevecchia, justificando que sus insultos forman parte del debate público. En contraste, los tribunales permitieron que avance un juicio contra la periodista Julia Mengolini por comentarios críticos sobre la vida privada del presidente.

La asimetría legal sugiere que el derecho a la libre expresión se aplica de forma discrecional para proteger las ofensas del poder ejecutivo, pero restringir y sancionar a la prensa. Esta situación genera un intenso debate sobre la independencia judicial y el uso selectivo de la ley penal en el contexto político actual.

Dos casos emblemáticos

En una misma semana, la Justicia federal argentina generó una fuerte controversia al dictar dos fallos con criterios opuestos sobre los límites de la libertad de expresión, involucrando directamente al presidente Javier Milei. Mientras que la Cámara de Casación confirmó el sobreseimiento del mandatario por sus ataques verbales contra el director de Perfil, Jorge Fontevecchia, otro tribunal ordenó que avance un juicio por injurias contra la periodista Julia Mengolini por críticas vertidas hacia el actual presidente.

El 20 de febrero, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó por unanimidad que las expresiones de Milei contra Jorge Fontevecchia no constituyen delito. El presidente había calificado al periodista como "quebrador serial", "delincuente" y "parte de la casta", además de afirmar que "vive de la pauta" oficial.

Según el voto del juez Carlos Mahiques, estos calificativos, aunque potencialmente ofensivos, se insertan en el marco del debate democrático y guardan relación con asuntos de interés público, como el rol de los medios y la pauta oficial.

Por su parte, el juez Mariano Borinsky sostuvo que se trató de opiniones protegidas por la Constitución, emitidas en un contexto de análisis político, independientemente del tono "crítico o satírico" utilizado.

Simultáneamente, la Sala IV de la Cámara de Casación dejó firme el camino para un juicio correccional contra la periodista Julia Mengolini. La causa se originó en mayo de 2023, cuando la periodista realizó comentarios sobre la relación personal de Milei con su hermana, sugiriendo un vínculo afectivo inusual.Aunque en primera instancia el juez Sebastián Casanello había sobreseído a Mengolini considerando que sus dichos eran parte del debate público —dado que Karina Milei era una figura central de la campaña—, la Cámara Federal revocó esta decisión.

El camarista Pablo Bertuzzi argumentó que las expresiones de la periodista no guardan relación con un asunto de interés público y representan una intromisión en la intimidad y sexualidad de las personas.

Asimetría judicial

La coexistencia de estos fallos despertó alarmas en el ámbito jurídico por lo que se percibe como una asimetría en la aplicación de la ley. La paradoja reside en que llamar "delincuente" a un periodista es considerado interés público, mientras que analizar el círculo íntimo de un candidato (quien luego nombró a su hermana en un cargo público relevante) es visto como una violación a la privacidad. Esta "doble vara" ha puesto el foco sobre el artículo 110 del Código Penal, el cual excluye de punibilidad las expresiones sobre temas de interés público. Esta herramienta legal parece haberse vuelto laxa para proteger los insultos presidenciales, pero estrecha para amparar la crítica periodística.

Los próximos pasos judiciales

Fontevecchia anunció que llevará su caso ante la Corte Suprema de Justicia, cuestionando la aplicación automática de exclusión de pena sin analizar los términos concretos utilizados por el presidente. En tanto, Julia Mengolini enfrenta la posibilidad de un juicio correccional, aunque aún podría intentar un recurso ante el máximo tribunal.

Mientras tanto, el escenario judicial actual sugiere que el presidente puede continuar descalificando a actores de la prensa -a la que llama a "odiar más"- bajo el "paraguas de la libertad de expresión", un beneficio que, según los críticos, no parece aplicarse de igual manera para quienes cuestionan su gestión o su persona.

Fuente: Litigio