Validan requisa policial para investigar los millones que transportaba un empresario

Durante un control vehicular en la autovía nacional 14, la Policía Federal secuestró 42.000 dólares que un empresario llevaba en una bolsa dentro de su auto de alta gama por no tener documentación que avalara la legal tenencia. Luego el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay anuló el procedimiento por considerar que los policías se excedieron en la requisa. Tras la queja de la Fiscalía, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná validó el accionar policial, por lo que el conductor vuelve a estar imputado para que se investigue si existió algún delito contra el orden económico y financiero.

Según lo plasmado en el expediente, el sábado 11 de agosto de 2018, el dueño de una estación de servicios del Departamento Colón conducía, acompañado por otro hombre, su Audi Q3, cuando fue interceptado en la autovía y el Acceso Artusi, de Concepción. Mientras revisaban la documentación, el oficial les pidió que bajaran una ventanilla trasera para poder mirar y preguntó si llevaban armas. El conductor se bajó del Audi, abrió el baúl y mostró que no había nada. Para ello, movió una bolsa de cartón azul de la que asomaban varios fajos de billetes.

Ante la consulta del uniformado, el conductor dijo que se dirigía a la casa un hombre en Concepción para efectuar una operación comercial. Sin embargo, el Juzgado Federal ordenó el decomiso del dinero para investigar su origen. Se trataba de 42.000 dólares y 40.000 pesos uruguayos.

Un mes después, el juez Pablo Seró anuló el procedimiento y dictó el sobreseimiento del empresario y de su acompañante por entender que la Policía se excedió en sus funciones durante la requisa.

En el recurso de apelación, la Fiscalía sostuvo que “el control institucional regulado impone la necesidad de seguir la trazabilidad del dinero para evitar la consumación de hechos ilícitos”, y consideró legítimo el procedimiento policial. “Fue el propio conductor quien asumió lo que estaba trasladando y el agente preventor –frente a una actitud explícita y espontánea– advierte la evidencia y actúa en consecuencia”, manifestó el fiscal general Ricardo Álvarez.

El defensor José Ostolaza sostuvo que las pruebas sobre el origen del dinero y valores se encuentran justificadas en las actuaciones y cuestionó que no había motivos serios, concordantes o urgentes para que se practique la inspección del automóvil, y menos aún para preguntarles si portaba armas, pedirles la apertura del baúl y de las puertas del auto, lo cual lleva a percibir una conducta inductiva”.

Al momento de resolver, los camaristas Cintia Gómez, Beatriz Aranguren y Mateo Busaniche destacaron la declaración del oficial a cargo de la requisa, quien afirmó que el empresario había sido espontáneo en su intención de mostrar que no llevaba nada ilícito, por lo que afirmaron que no existió ningún exceso ni inducción a que abriera el baúl. “Cuando le pregunté por armas, descendió del vehículo y voluntariamente abrió el baúl y las puertas traseras. Me invitó a ver que no transportaba nada ni portaba armas. Siempre amenamente, siempre bien predispuesto, abrió solo”, declaró el policía federal. Además, remarcaron que “de todo lo actuado se dio comunicación al Juzgado Federal N°1 de Concepción del Uruguay”.

De este modo, los camaristas resolvieron revocar el sobreseimiento dictado por el Juzgado Federal, y devolvieron las actuaciones al mismo para que se profundice la investigación acerca del origen del dinero.