El 25 de septiembre de 2018, en el barrio Capibá de Paraná, Gabriel Gusmán cayó muerto de un disparo en la nuca. Tenía 22 años. Aquella mañana, el barrio estaba convulsionado por una pelea entre grupos enfrentados que se tiroteaban en la calle. Un móvil policial llegó al lugar tras un llamado al 911. En él iban Oscar Molina y Diego Íbalo, quienes fueron imputados por el presunto crimen. Desde entonces, la pregunta que atraviesa la causa es una sola: ¿Guzmán murió en medio de un enfrentamiento o fue víctima de un caso de gatillo fácil?
Un disparo, dos policías y dos tesis: un jurado popular definirá qué pasó con Gabriel Gusmán
Este mes se realizará el juicio por la muere de Gabriel Gusmán ocurrida en 2018 en Paraná. Defensa y querella expusieron sus tesis en el hecho.
La Justicia dispuso nuevas medidas en la causa por Gabriel Gusmán.
La Justicia dispuso nuevas medidas en la causa por Gabriel Gusmán.
Esa duda empezará a resolverse el próximo 10 de noviembre, cuando comience el juicio por jurado que deberá determinar la responsabilidad de los policías. El debate se desarrollará ante doce ciudadanos comunes y estará presidido por el juez técnico Alejandro Grippo. En el juicio habrá dos partes, la querella autónoma, integrada por los abogados José Iparraguirre y Lucía Tejera; y la defensa técnica, a cargo de los abogados Miguel Cullen y Daniel Rosatelli.
En el juicio se expondrán dos versiones opuestas. Por un lado, la de los policías, que sostienen que actuaron en legítima defensa, ya que —según afirman— al llegar al barrio fueron recibidos a piedrazos y disparos mientras intentaban intervenir en una pelea entre bandas. La otra de las tesis, la de la querella, asegura que Gusmán ya se había rendido cuando recibió el disparo mortal por la espalda.
La tesis de la defensa: "Se actuó en legítima defensa y en cumplimiento del deber"
El abogado Daniel Rosatelli, junto con su colega Miguel Ángel Cullen, lleva adelante la defensa de los policías acusados por la muerte de Gabriel, sostuvo que en el caso hubo legitimidad de la defensa.
"El Ministerio Público Fiscal, en su momento, hizo una investigación que duró aproximadamente dos años, donde pasaron más de sesenta testigos, con intervención de fuerzas federales, en lo que respecta a todas las cuestiones técnicas o periciales, médicos forenses y demás. Y en ese momento, ellos concluyeron claramente que había una legítima defensa, y que había existido un enfrentamiento con la evidencia que ellos habían recolectado y procedieron al archivo", expresó Rosatelli a La Mañana de La Red (88.7).
El defensor remarcó que la acusación de gatillo fácil no tiene fundamento, ya que, según Rosatelli, hubo un enfrentamiento armado durante el incidente. "La tesis que tiene esta defensa es totalmente contraria a lo que manifiesta la querella autónoma. Tiene que ver con la diferente valoración de la evidencia que se ha ido incorporando durante todo este proceso y que finalmente va a llegar a una etapa final donde nada más y nada menos que el pueblo, el ciudadano común va a poder decidir por un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad", afirmó el abogado.
Rosatelli también subrayó que los policías actuaron en cumplimiento de su deber y en defensa propia. "No nos queda duda alguna de que también existe un enfrentamiento armado y que esto no se trata de un gatillo fácil. El policía no está preparado para matar, sino que está preparado para cuidar. Esta defensa acompaña el dolor de la pérdida de un chico joven, no solamente para con el barrio, para con la sociedad, sino también sobre todo para con la mamá y los hermanos".
Finalmente, el abogado cerró su declaración apuntando a la evidencia presentada durante el juicio, que según él, demostrará que Gabriel estaba armado y disparó durante el enfrentamiento. "Lo que lo que va a sostener esta defensa, y es lo que surge de la evidencia, es que esto fue en el marco de un enfrentamiento armado. Gabriel estaba armado y disparaba, eso no queda duda. De hecho, cuando se realizó la audiencia de admisión evidencias frente al juez Alejandro Gripo, se discutió el hecho y ahí quedó establecido que Gabriel portaba el arma y que había efectuado disparos de arma de fuego".
Rosatelli concluyó deseando que el juicio se lleve a cabo con justicia para todas las partes involucradas: "Esperemos que sea un juicio justo y que tengamos realmente justicia y tanto para Gabriel como para la policía, y que ambos puedan recuperar la paz".
La tesis de la querella autónoma: "Estamos frente a un caso de gatillo fácil"
Por su parte, el abogado querellante, José Iparraguirre, dialogó sobre el caso con La Mañana de La Red (88.7): “Esperamos que se termine sabiendo a ciencia cierta cómo ocurrió la muerte de Gabriel Gusmán. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que estamos frente a un caso de gatillo fácil, es decir, un homicidio agravado por la alevosía, por el estado de indefensión de la víctima, y a su vez agravado por ser los sujetos activos del delito funcionarios policiales y por el uso de armas”.
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Iparraguirre reconstruyó el episodio de aquella mañana: “Gabriel empieza a correr y la camioneta policial lo persigue. En un momento dado se detiene de espaldas a los funcionarios, con las manos en alto. Portaba un revólver calibre 38, pero no apuntaba a nadie. En ese instante, Molina toma posición de tiro y le efectúa un disparo que le ingresa directamente en el cráneo, de atrás hacia adelante, causándole la muerte inmediata”.
La Justicia dispuso nuevas medidas en la causa por Gabriel Gusmán.
El abogado aseguró que los testimonios y las pericias de Gendarmería Nacional respaldan esa versión. “Las pruebas demuestran que Gabriel había detenido su marcha, se había entregado a los funcionarios y estaba esperando ser detenido cuando recibió el disparo mortal”, afirmó.
La querella calificó el hecho como homicidio agravado por alevosía, delito que contempla la pena de prisión perpetua. A Íbalo, en tanto, se le imputa no haber impedido el accionar de su compañero.
Durante el debate declararán testigos de ambas partes, además de peritos de Gendarmería y el médico forense que intervino en la autopsia. También se prevé una reconstrucción del hecho en el barrio Capibá, aunque los jurados no asistirán para resguardar su identidad. “La idea es que Gendarmería realice las filmaciones con drones y cámaras, que luego serán exhibidas en el juicio”, explicó Iparraguirre.
El abogado destacó la importancia de que el caso se defina ante un jurado popular. “Es una manda constitucional. La participación de la ciudadanía en la administración de justicia me parece excelente. Durante mucho tiempo se resistió, pero hoy creemos que el ciudadano común puede tener una visión más real de la situación que muchas veces no tienen los jueces técnicos”, sostuvo.
A más de seis años del hecho, el veredicto de doce entrerrianos decidirá si la muerte de Gabriel Gusmán fue el resultado de un uso excesivo de la fuerza policial o una acción legítima en medio de la violencia barrial.





















