Perseguir al narcomenudeo "no da resultados a la población"

Del carnicero que mató al ladrón, opinaron desde el hijo del vecino hasta el presidente de la Nación, con el mismo nivel de sorprendente odio. En el medio, casi no se escucharon voces reflexivas. El juez de Necochea, Mario Juliano, preside la Asociación Pensamiento Penal (APP), estuvo en Paraná y la charla con UNO empezó por la declaración de Mauricio Macri de reclamar la liberación del hombre que mató a un ladrón. "Lo que dijo Macri tiene varias lecturas a mi juicio. En primer lugar uno podría coincidir en que toda persona sospechada de cometer un delito debe esperar el juicio en su hogar, y esto alcanza también al carnicero, por supuesto. Pero lo que es llamativo en el discurso de Macri es la selectividad, porque en la Argentina tenemos más del 50% de la población penitenciaria en la misma situación que el carnicero -al momento de estar detenido-, y por delitos mucho menos graves, y esto no ha suscitado la atención del Presidente. Parecería que hay personas que tienen más derecho a la inocencia que otras. Y esto en algún punto puede ser discriminador. Y después lo que llama la atención es que no haya hecho alusión al modo de afrontar este tipo de conflictos. Estamos viendo una serie de episodios en la República en los últimos días que deberían concitar la atención del poder político y hacer un fuerte llamamiento a la población a que este modo lo único que va a provocar es una escalada de violencia", dijo Juliano.

La APP impulsó la firma de una "Declaración de magistrados argentinos por una política de drogas respetuosa de los Derechos Humanos", suscripta por 265 jueces, fiscales y defensores del sistema judicial de todo el país. La misma aborda distintos puntos para ser puestos en debate y en Entre Ríos fue firmada por el juez penal de Niños y Adolescentes Pablo Barbirotto, los jueces de Garantías Paola Firpo (de Paraná) y Mario Figueroa (de Gualeguaychú e Islas), los jueces de Tribunal de Juicios Pablo Vírgala (Paraná) y Alicia Vivian (Gualeguaychú), los defensores públicos Luis Pedemonte y Lucrecia Sabella, y las vocales del Tribunal Oral Federal de Paraná Noemí Berros y Lilia Carnero.

"Somos los operadores del sistema, los que trabajamos todos los días con el tema de los estupefacientes y hemos caído en la cuenta que nuestro trabajo no tiene demasiado sentido, no impacta en la realidad como no sea para empeorar las cosas. Por eso que hemos tratado de sintetizar las preocupaciones y pedir a los poderes públicos que se abra un debate para analizar un cambio en las políticas en materia de drogas que contribuya a mejorar la situación", explicó Juliano.

Entre los puntos centrales, desarrolló el juez, están: "Terminar con la persecución de los usuarios (...) En general hoy no se condena a los usuarios, pero esto es relativo en varios aspectos, porque sí se está condenado, por ejemplo, a cultivadores con fines de consumo personal o con fines medicinales, esto es una forma de criminalizar el consumo, en Santa Fe hemos tenido varios casos últimamente. Y luego lo que no podemos ignorar es el modo en que actúan cotidianamente nuestras fuerzas de seguridad, respecto de determinados sectores de la población, que no es una pena en el sentido criminal pero claramente es una persecución, con la formación de causas".

Lo que hoy no queda claro es en qué oportunidad un policía debe intervenir y cuando no. Al respecto, Juliano explicó: "La doctrina cambió desde el fallo Bazterrica (1986) a Arriola (2009). El primero fue un fallo absolutamente liberal, donde la Corte dijo que no se puede perseguir a los consumidores. En Arriola dice lo mismo pero en tanto y en cuanto no haya un consumo ostentoso en la vía pública. Qué puede ser o no ser ostentoso queda librado al criterio de quien previene (el policía). Y también está muy en duda la idea de lo ostentoso porque supondría que el consumo es contagioso, es un criterio bastante discutible. Pero esto ha dicho la Corte, que habilita que en determinados espacios públicos esto pueda ser perseguido".

Otro punto planteado en el referido documento es la Ley de Desfederalización de estupefacientes, a la que Entre Ríos adhirió parcialmente y por las diferencias entre la Justicia provincial y la federal no se avanzó, aunque en la primera hay intenciones de retomar la iniciativa. De todos modos, la propuesta firmada por los 265 magistrados, fue demoledora de tal idea: "Esas políticas se han implementado en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Chaco, y no hay ningún resultado. Esto es atacar al último eslabón de la cadena de comercialización, el más débil, ignorando las reglas de este tipo de comercio. Esto es mercado, y cada vez que cae un dealer o se cierra un kiosco, inmediatamente son reemplazados. Esto sucede todos los días. Esta política insume muchos recursos y esfuerzos y no da resultados a la población", dijo Juliano y citó una frase de un amigo suyo: "La persecución del narcomenudeo es como estar frente a un hormiguero y querer matar las hormigas pisándolas una a una, nunca jamás vas a terminar. El narcomenudeo normalmente se ubica en los barrios humildes y marginales donde el estado debería entrar con otras políticas. La pretensión del plan del gobierno nacional 'Argentina sin narcotráfico' es francamente delirante, ningún país en el mundo lo ha hecho".

Tal vez uno de los puntos más polémicos del documento presentado a las autoridades nacionales por la APP, es el que plantea "la progresiva y responsable regulación de mercados en materia de estupefacientes comenzando por cannabis. Esto implica legalización –aseguró el juez-, que el estado asuma el control de consumo y de consumidores. Creemos que esta es la forma decisiva para pegarle un golpe al narcotráfico. El comercio de drogas es mercado, lisa y llanamente, la única forma de terminar con las mafias del narcotráfico es quitándoles el negocio y que el Estado asuma este control, del mismo modo que lo ha hecho con el tabaco. Y además imponiendo gravamen al consumo, que es otra cuestión fundamental, sumado al control de la calidad del producto que es una forma de reducir daños en aquella población que consume. Esto que proponemos siguiendo las experiencias de otros países, fundamentalmente Portugal y recientemente Uruguay, y en ninguno de estos países surgen indicadores donde se dispare el consumo, de ninguna manera, esto no ha pasado ni pasaría en la Argentina. Que el Estado asuma el verdadero control y afectar a las redes mafiosas del narcotráfico es lo que nos preocupa".

Según Juliano, "la despenalización y la regulación de mercados va a permitir diferenciar claramente lo que son los consumos responsables de los consumos problemáticos. Hoy convivimos todo el tiempo con personas que tienen consumos responsables. Sí nos preocupan los consumos problemáticos, las personas que ponen en riesgo su integridad y eventualmente la de terceras personas, pero va a ser muy dificultoso que podamos llegar a ellos en tanto y en cuanto continúen las políticas de persecución".

A su vez, hay otro aspecto del problema de las drogas y el narcotráfico que permanece oculto. "Estamos pensando la situación de muchas personas en situación de cárcel por delitos no violentos vinculados con estupefacientes. Entre ellas nos preocupan particularmente las mulas, en zonas de frontera hay muchas, sobre todo mujeres, que se encuentran en situación de Trata. Son personas que han sido explotadas, son meros contenedores para atravesar una frontera. Por eso estamos proponiendo la posibilidad que por lo menos las extranjeras puedan cumplir sus penas cerca de sus familiares. Son personas en situación de gran vulnerabilidad".

La Asociación Pensamiento Penal viene impulsando el debate para la implementación de juicios por jurados, tal como manda la Constitución. Hace varios años que en Entre Ríos se habla de sancionar la Ley correspondiente, pero nunca encuentra cabida en la agenda de los legisladores. Para Juliano, los resultados de los juicios por jurados en Buenos Aires en casi dos años demuestran que es un "caso paradigmático de la madurez del pueblo argentino", y explicó que en su provincia "en contra de todas las opiniones que anunciaban que Doña Rosa iba a condenar a todo lo que se le pusiera adelante, en tenemos 40% de veredictos no condenatorios. Los resultados que se están obteniendo en moneda de legitimad de las decisiones en temas conflictivos, es el soberano, es el pueblo que dice culpable o no culpable y se terminó el juicio. Cuando los jueces tradicionales decimos culpable o no culpable tenemos jury, manifestación en tribunales, acá es el pueblo, cada juicio un juez diferente".

Pero la cantidad de juicios por jurados no ha cumplido con la expectativa aún. Los defensores, en su mayoría públicos, aconsejan a los imputados a optar por los jueces profesionales, pese a que las estadísticas marcan que absuelven al 18% de los acusados, contra el 40% de los jurados populares. Juliano cree que esto "habla de ciertos temores al ejercicio de la democracia".

En Paraná, entre febrero y agosto se realizaron 132 juicios abreviados y 25 juicios orales y públicos. Juliano afirmó: "El juicio abreviado es una válvula de escape del sistema, indudablemente, si es utilizada libremente y de modo no extorsivo es justicia consensual, y si es genuino no veo ningún inconveniente. Hay que buscar formas alternativas de resolver los conflictos. Actualmente, la tendencia de los sectores más progresistas es que el juicio oral y público quede reservado para los casos más graves, y que el resto de la conflictividad sea resuelta por vías alternativas, de ser posible no sancionatorias sino reparatorias, que no solo le eviten al imputado una sanción sino que fundamentalmente a víctimas y damnificados obtener respuestas más edificantes y positivas que la prisión".