La tarde del jueves 9 de marzo de 2006 y los días siguientes, una noticia enlutó a Entre Ríos: un avión de la Segunda Brigada Aérea de Paraná cayó a tierra en cercanías de La Paz, en Bolivia. La aeronave conocida como Tango 21 había trasladado al vecino país al entonces ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Todos los tripulantes y pasajeros, que prestaban servicios en la capital entrerriana, fallecieron.
Juzgan a dos militares por el accidente aéreo que conmovió a Paraná
Esta semana, 17 años después, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Buenos Aires comenzó el juicio a dos oficiales de la Fuerza Aérea, quienes están acusados del delito de estrago doloso agravado por haber causado la muerte a seis personas, en calidad de coautores. Los acusados son el jefe de Escuadrilla Operativa Learjet de la Segunda Brigada Aérea, Sebastián Segura, y el jefe del grupo aéreo II de la Segunda Brigada Aérea, Cesar Eloy Sprenger. La fiscalía consideró en su acusación que ambos conocían que ni la aeronave –Learjet 35 A matrícula FAG 046– ni la tripulación eran las adecuadas para aquella misión.
El avión siniestrado tenía previsto regresar a la Argentina desde el Aeropuerto Internacional boliviano "El Alto", adonde había arribado con González García y su comitiva, quienes habían viajado a Bolivia en el marco de un plan de ayuda humanitaria. El vuelo de vuelta se suspendió, dado que al arribar a la aerostación boliviana la tripulación de cabina notó olor a quemado en ese espacio. Por lo tanto, el ministro y su comitiva abordaron a su regreso otro avión, mientras que la Fuerza Aérea envió a personal especializado a chequear y reparar la nave. Fueron esos militares quienes se estrellaron tres minutos después de despegar, cuando recibieron la autorización para hacerlo, según describieron desde el Ministerio Público Fiscal.
El 10 de marzo de 2006, Diario UNO dio a conocer la lista de fallecidos: Fernando Javier Franco, de 35 años, nacido en Capital Federal; Matías Norberto Simonetti, 30 años, oriundo de Buenos Aires; Juan José Otero, 47 años, de Gualeguaychú; Jorge Horacio Peralta, de 38, San Benito (Paraná); Enrique César Ricardo Aimino, 37, nacido en Río Cuarto, Córdoba, y Javier Amílcar Brondi, de 36, oriundo de Tabossi.
El juicio
De acuerdo con la acusación fiscal, Segura y Sprenger fueron responsables de la planificación, resolución, disposición y/o aprobación de la misión aérea con una aeronave que sólo se encontraba certificada para efectuar operaciones de despegue y aterrizaje con altura máxima de hasta 10.000 pies, cuando "El Alto" se encuentra a 13.400 pies, y con una tripulación sin experiencia previa en operaciones con aeródromos situados a esa altura.
Este jueves, tras el inicio de la audiencia realizada por Zoom, el tribunal, integrado por los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Rodrigo Giménez Uriburu, procedió a la lectura del requerimiento de elevación a juicio. Posteriormente, como no hubo planteos preliminares de las partes, el oficial Segura inició su declaración indagatoria. Se refirió a sus antecedentes profesionales, a su paso por la Escuela de Aviación Militar, y a las distintas etapas de instrucción y formación durante su trabajo en la escuadrilla. Sobre el siniestro aéreo, aludió al factor material de la aeronave y a la reparación que se había realizado luego del aterrizaje en La Paz.
La fiscal Gabriela Baigún interrogó el acusado sobre las especificaciones incluidas en los manuales de avión y de piloto relativas al máximo de altura para la aeronave, contrastando la documentación expuesta con la declaración del acusado. También le preguntó respecto a los procedimientos del despegue, la designación de los pilotos que no tenían experiencia en vuelos a La Paz y la normativa relativa a la jerarquía requerida en las misiones que implicaban ministros de Estado. Posteriormente, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 29 de junio a las 9, para continuar con la declaración de Segura y posteriormente con la de Sprenger.
Los hechos y la prueba
Según la reconstrucción realizada por el Ministerio Púbico Fiscal, el miércoles 8 de marzo de 2006 el Tango 21 partió de Buenos Aires y llegó al Aeropuerto Internacional "El Alto", en Bolivia. Durante su arribo, se advirtió un olor no muy intenso a cable quemado en la cabina, lo que motivó la suspensión del vuelo de regreso y el envío de personal técnico y materiales para subsanar los desperfectos.
El vuelo de regreso se encontraba integrado por el capitán Francos, el primer teniente Simonetti (copiloto de la aeronave), el suboficial principal Otero y los suboficiales auxiliares Aimino, Peralta y Brondi. Tras la supuesta solución de los inconvenientes con la ayuda de especialistas de la Fuerza Aérea boliviana, la tripulación habría verificado el normal funcionamiento del equipamiento de la aeronave a través de los procedimientos y controles de rutina.
De esta manera, a las 15.27 del 9 de marzo, la aeronave despegó con la autorización de la torre de control de "El Alto". Tres minutos después de la partida, ingresó en una pronunciada picada e impactó contra la falda de una loma, a una altura aproximada de 12.841 pies, en las inmediaciones de la zona de Kiluyo, comunidad de Chonchocoro. Tras el impacto, el avión explotó y fallecieron de forma instantánea la totalidad de los pasajeros y tripulantes.
"Mediante la actuación de los imputados se resolvió enviar tripulación que tenía únicamente conocimiento teórico de los procedimientos ideados para superar los límites para los que se encontraba certificado el diseño y uso de la aeronave", sostiene la pieza acusatoria.
En el requerimiento de la elevación a juicio, la fiscalía detalló que “a partir de la copia del manual de operaciones aprobado de las aeronaves modelo Learjet 35 A se logró corroborar que el límite máximo de altura operacional para aterrizaje y despegue de este tipo de aeronaves es de 10.000 pies, mientras que la aerostación de El Alto de la ciudad de La Paz, se encuentra a 13.400 pies de altura”.
La acusación sostuvo que Segura suscribió el informe de factibilidad vuelo a La Paz (Bolivia), dando aprobación a la posibilidad de la aeronave de llevar adelante la misión. También indicó que el imputado tuvo participación en la evaluación de las listas de control de procedimientos empleadas para la instrucción de los pilotos a su cargo. En tanto, Sprenger fue imputado por haber ordenado “que se llevase adelante dicho vuelo mediante la rúbrica de la Orden de Transporte Aéreo (OTA) Nº 616 de fecha 7 de marzo de 2006, y el Plan de vuelo”.
En tal sentido, en la acusación se señaló que los dos militares participaron de la planificación, resolución, disposición y/o aprobación de "un procedimiento que carecía de los requisitos de seguridad que permitieran las homologaciones y validaciones por parte de la autoridad competente".
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“No existió esfuerzo alguno por parte de los imputados por reducir el riesgo introducido, sino más bien, se acrecentó el mismo al decidir tanto el piloto como el copiloto de la misión sin tener en cuenta la experiencia previa de los mismos a cargo de una aeronave en este tipo de condiciones y/o aerostación”, indicó la fiscalía en el requerimiento de elevación a juicio.
En este mismo sentido, sostuvo que "mediante la actuación de los imputados se resolvió enviar tripulación que tenía únicamente conocimiento teórico de los procedimientos ideados para superar los límites para los que se encontraba certificado el diseño y uso de la aeronave; sin el adiestramiento necesario, ni en simulador ni en situaciones reales, de estos procedimientos extraordinarios; y sobre todo sin pilotos más experimentados".
La fiscalía de instrucción puntualizó en la acusación que los dos oficiales imputados, que ocupaban a la época de los hechos cargos elevados en la escala jerárquica, "brindaron la autorización necesaria -cada uno dentro del marco de su competencia- para la realización del vuelo en las condiciones de peligro en las que se desarrolló, teniendo pleno conocimiento de la irregularidad de dicho proceder y del serio riesgo que ello acarreaba".
El enojo de los familiares
Diario UNO relató en sus páginas cómo fue el velatorio realizado en Paraná de los fallecidos en el accidente aéreo y el malestar de los familiares, quienes denunciaron desde ese primer momento el estado de abandono de la aeronave. En su edición del sábado 11 de marzo, el matutino reseñó que a las 19.50 del día anterior llegó a la ciudad proveniente de Buenos Aires el Tango 02 de Presidencia de la Nación, trasladando una numerosa delegación de funcionarios y altas autoridades militares de todas las fuerzas.
"Tras tocar la pista de la Base Aérea en Paraná, la noche comenzó a caer sobre los numerosos familiares, vecinos y camaradas de los fallecidos. El gobernador Jorge Busti y el intendente de Paraná, Julio Solanas, recibieron a la ministro de Defensa, Nilda Garré; de Salud, Ginés González García; al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli y al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde", decía la crónica.
Y continuaba: "El momento de mayor dolor fue la llegada del Hércules. La amplia compuerta se abrió y el ritual militar con la escolta de honor se desplegó. Se llevaron los féretros que venían en el piso del avión hasta la capilla ardiente instalada en el hangar correspondiente a los aviones Guaraní". Luego, cuando Garré y Ginés daban explicaciones a la prensa, los familiares de los fallecidos hicieron escuchar sus recelamos. Al unísono reclamaron: “Que a partir de hoy se haga justicia y salga todo a la luz”.
“Se escucha con fuerza, por parte de otros oficiales, que el avión que se cayó no estaba en condiciones de volar y los obligaron a viajar igual”, dijo a UNO en ese momento el hermano de una de las víctimas. “Los aviones de la fuerza están atados con alambre y al que diga algo dentro de la fuerza, le vuelan la cabeza”, agregó una madre.




















