En 2016, cuando se conoció públicamente que el experito balístico del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Antonio Vitale vendía armas judicializadas se desató un escándalo de grandes dimensiones que terminó con la condena del expolicía y otros cómplices entre ellos el empleado del Departamento Médico Fornese del STJ Maximiliano Bertone.
El experito Antonio Vitale reconoció que robó armas judicializadas
El experito balístico del STJ pidió cumplir una pena única de 12 años de prisión por robar armas secuestradas. Llegó en libertad a este nuevo juicio.
1 de noviembre 2023 · 08:02hs
El experito Antonio Vitali admitió otro robo de armas y espera unificación de la condena.
Vitale, quien tiene 62 años y está condenado a 12 años de prisión por la sustracción y venta de armas de fuego judicializadas en Paraná, reconoció que sustrajo varias armas largas que le entregaron de los Tribunales de Concepción del Uruguay para ser peritadas, y que para ocultar la sustracción falsificó documentación oficial. El exencargado siempre dijo que era inocente, ahora demostró que en realidad era culpable y que hasta trató de engañar a la justicia con una identidad falsa.
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El exfuncionario, que llegó caminando junto a su abogado Iván Vernengo a tribunales firmó un abreviado que comprende una pena única de 12 años de prisión, unificada con la que se le impuso en Paraná. Ahora serán los jueces del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por Gervasio Labriola, Walter Caraballo y Alejandro Cánepa quien decidan si aceptan o no el abreviado.
La acusación que se leyó en la sala de audiencia dice: “Sin poder precisar fecha pero en el lapso entre agosto de 2008 y marzo de 2011 haber sustraído una escopeta y tres carabinas con mira telescópica que estaban bajo su custodia en las dependencias que ocupaba su despacho dentro de los Tribunales de Paraná por el desempeño de su cargo de perito el Superior Tribunal de Justicia, dada que le había sido confiada la pericia de tal armamento por parte del Juzgado de Instrucción Nº2 de Concepción del Uruguay en la causa caratulada ‘de oficio para establecer procedimiento de armamento’, para lo cual le habían remitido esas armas de fuego en agosto de 2008”. Además reconoció que “al requerirle el mencionado Juzgado en marzo de 2011 la devolución de las armas, procedió a falsificar una supuesta acta de entrega a un funcionario policial inexistente, donde se hacía constar que se las entregó el septiembre de 2018 en cumplimiento de oficio judicial del Juzgado de Instrucción Nº1 de Concepción del Uruguay fechado el 4 de diciembre de 2008, el cual también fraguó posiblemente con la técnica de collage a la que luego le sacó una fotocopia haciendo parecer que el mismo se había quedado en los autos mencionados y ordenaba la entrega de las armas a la comisión policial que designe la Jefatura de Policía de Concepción del Uruguay, pretendiendo con esas maniobras de falsificación engañar al organismo judicial y lograr la impunidad con la sustracción que había consumado”.
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El acuerdo que presentaron ayer lo hizo el fiscal Ignacio Aramberry, que fue quien investigó la causa madre que terminó con el negocio montado por Vitale, y la defensa del exfuncionario.
Este robo de armas de Concepción fue ejecutado por Vitale antes que la Policía de Paraná detectara que armas judicializadas estaban en la calle en manos de delincuentes que cometían robos, asaltos y homicidios. Las partes entendieron que los delitos del expolicía debían subsumirse en Peculado en concurso real con Falsificación material de instrumento público.
Muchas veces se trató de minimizar lo cometido por el experito balístico, pero en realidad se trata de un hecho gravísimo que se cometió a la vista de todos y por la impericia de un empleado judicial que no se percató lo que sucedía frente a sus narices.
El experto en balística cumplirá una pena única de 12 años por un delito que puso en riesgo a la sociedad. Llegó en libertad al debate.
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Antecedente
El 6 de abril de 2018 el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná condenó a Vitale por ser autor material y responsable de los delitos de amenazas simples, en calidad de autor; peculado en concurso ideal con sustracción de objetos destinados a servir de prueba en la modalidad de delito continuado, en calidad de autor en concurso real con provisión ilegal de armas de fuego agravada por habitualidad, en calidad de coautor; todos en concurso real.
El expolicía fue hallado responsable de liderar una organización delictiva que robaba y vendía armas que estaban secuestradas en el depósito del Palacio de Tribunales de Paraná. Su principal cómplice era Mauro Maximiliano Bertoni, otro exempleado del Departamento Médico Forense de Tribunales que también estuvo involucrado, pero en diciembre de 2016 firmó un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía y aceptó una condena de tres años de prisión condicional, más trabajos comunitarios. A esta banda que provocó un notorio aumento de la delincuencia en la capital provincial también la integraban Eduardo Ramón Borgogno, que aceptó una pena de tres años de prisión condicional; y Mario López Alonso, que firmó por un año y seis meses de cárcel condicional, ambos acusados de conseguir clientes y gestionar la venta y cobro de las armas sustraídas del depósito del Poder Judicial.