La Sala Penal Nº 1 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó la impugnación presentada por los abogados Iván Vernengo y Damián Petenatti, defensores de Antonio María Daniel Vitale, quien fue condenado a 12 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua para desempeñar cargos públicos.
La Sala Penal confirmó la condena a Vitale, el experito de armamento
Vitale fue condenado a 12 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua para desempeñar cargos públicos.
19 de diciembre 2019 · 19:11hs
El 6 de abril de 2018 el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por Carolina Castagno, José María Chemez y Cristina Van Dembroucke condenó a Vitale por ser autor material y responsable de los delitos de amenazas simples, en calidad de autor; peculado en concurso ideal con sustracción de objetos destinados a servir de prueba en la modalidad de delito continuado, en calidad de autor en concurso real con provisión ilegal de armas de fuego agravada por habitualidad, en calidad de coautor; todos en concurso real.
La Cámara de Casación Penal de Paraná, conformada por Marcela Badano, Marcela Davite y Pablo Vírgala, resolvió el 16 de abril por unanimidad no hacer lugar al recurso de Casación presentado por Vitale. El Tribunal de la Sala Penal, integrado por los vocales Daniel Carubia, Juan Smaldone y la vocal Claudia Mizawak dará lectura de los fundamentos de la resolución el 26 de febrero de 2020.
El expolicía Vitale fue hallado responsable de liderar una organización delictiva que robaba y vendía armas que estaban secuestradas en el depósito del Palacio de Tribunales de Paraná. Su principal cómplice era Mauro Maximiliano Bertoni, otro exempleado del Departamento Médico Forense de Tribunales que también estuvo involucrado, pero en diciembre de 2016 firmó un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía y aceptó una condena de tres años de prisión condicional, más trabajos comunitarios. A esta banda que provocó un notorio aumento de la delincuencia en la capital provincial también la integraban Eduardo Ramón Borgogno, que aceptó una pena de tres años de prisión condicional; y Mario López Alonso, que firmó por un año y seis meses de cárcel condicional, ambos acusados de conseguir clientes y gestionar la venta y cobro de las armas sustraídas del depósito del Poder Judicial.